¿Es necesaria la imprescriptibilidad para combatir la corrupción?

Por: Roberto Pereira Chumbe, profesor de la PUCP

1. La prescripción es un límite temporal importante al poder punitivo del Estado, porque representa una garantía contra el abuso que supone la persecución penal indefinida. Por lo demás el transcurso prolongado del tiempo sin que un imputado cometa un nuevo delito debilita la eventual necesidad de pena, que es lo que legitima su aplicación. A su vez, se incrementan las eventuales dificultades probatorias de los hechos, sobre todo en casos complejos: los testigos se mueren, olvidan o modifican sus recuerdos, existen hechos que no se pueden reproducir, entre otros obstáculos. De este modo, se corre el riesgo de iniciar procesos que no conducirán al establecimiento de responsabilidades o éstas se encontrarán con significativos márgenes de error.

 2. En las propuestas de imprescriptibilidad subyace una idea autoritaria que no suele explicitarse, según la cual, existiría un grupo de delincuentes por corrupción plenamente identificados y “juzgados” por cierta opinión pública, a los que sólo faltaría aplicarles el trámite del procesamiento y la sentencia, que no se hace por diversos motivos. Por ende, esta posibilidad hay que mantenerla indefinida en el tiempo para asegurar el cumplimiento de este “mero trámite”. Sin embargo, esto contradice frontalmente el derecho a la presunción de inocencia.

 3. En general, los delitos más graves contra la administración pública tienen penas altas en el Código Penal y además existe una regla de duplicación del plazo de prescripción en la Constitución y en el Código Penal, para los delitos que afectan el patrimonio del Estado. Por ende, existe un marco temporal bastante razonable para perseguir estos delitos. Si se requieren mayores plazos de persecución para determinados delitos, una posibilidad es extender su marco temporal, incluso para delitos que no atentan contra el patrimonio del Estado, pero que afectan gravemente otros ámbitos de la buena marcha de la administración pública.

 4. No se tiene en cuenta además que el nuevo Código Procesal Penal supera muchos de los problemas de burocracia procesal que hacían engorrosa la persecución penal en general. Por ende, ya contamos un marco procesal penal que contribuye con la aceleración de los juzgamientos y que incluso contiene una serie de mecanismos que evitan el juicio oral, como la terminación anticipada del proceso.

 5. Los debates sobre imprescriptibilidad suelen encubrir los verdaderos problemas de la persecución penal de la corrupción y transmiten un mensaje tranquilizador meramente simbólico y por ende demagógico. Así por ejemplo, no se atienden con el mismo interés los problemas de especialización fiscal y judicial – además de peritos y demás auxilios fiscales y judiciales – y sobre todo de recursos que requiere la persecución de estos delitos. Con la imprescriptibilidad, estas cosas pasan a un segundo o tercer nivel de interés, porque sólo la muerte de los imputados impedirá su persecución penal, lo que genera que nunca se atienden las necesidades de mayor capacidad persecutoria del sistema penal.

 6. De otro lado, no queda claro de las propuestas que defienden la imprescriptibilidad, qué problema político criminal pretenden resolver. Se asume que existe un problema de impunidad por la aplicación de la prescripción, pero no se muestran cifras o casos graves en los que se ha impedido la persecución y el juzgamiento por la prescripción de los delitos de corrupción. Por ende, mi impresión es que se trata de un mero discurso “políticamente correcto” de efectismo popular, pero muy pobre y de consecuencias institucionales negativas. El activismo anticorrupción, ni ninguno de otra naturaleza, pueden marcar la pauta de la política criminal de un país. Esta requiere de un trabajo empírico sólido y de reflexión amplia y especializada, que entre otras cosas, pondere los costos sociales e institucionales que provocará una norma en la persecución penal.

 7. Contrariamente sin embargo, las propuestas de imprescriptibilidad no muestran cifras o datos empíricos sobre la existencia de un serio problema de falta de persecución y sanción porque prescriban los delitos de corrupción. No nos dicen cuántos delitos son, de qué delitos se trata, qué ámbitos de la administración pública afectan, cuánto de perjuicio patrimonial generan al Estado. El caso García se suele invocar como ejemplo, pero se trata de un solo caso que en buena medida se explica por las especiales circunstancias políticas de la época. En todo caso, siempre es posible regular causales de suspensión del plazo de prescripción.

 8. No se advierte de otro lado, que en el Perú la imprescriptibilidad de estos delitos produciría efectos perversos, dado los déficits de independencia en el sistema de justicia que todavía padecemos. Así, los ex funcionarios públicos incómodos al régimen de turno serían perseguidos eternamente bajo imputaciones por estos delitos. Ejemplos hay varios en el país. Generamos de este modo un incentivo negativo para el ingreso a la función pública y para la funcionalidad de la misma, dado que se extremarían ineficientemente los cuidados y controles en el ejercicio de funciones.

 9. Existen materias más importantes de lucha contra la corrupción gubernamental que tendrían mayor capacidad de rendimiento, fundamentalmente en la prevención de este problema. Por ejemplo, la ley de carrera o empleo públicos, la necesidad de elevar los estándares de transparencia y acceso a la información en el Estado y la creación de una autoridad administrativa independiente que exija el cumplimiento de aquellos, como existen en México y Chile. La consolidación de la independencia judicial, el control efectivo al financiamiento de los partidos políticos, las reformas a la Contraloría General de la República, entre otras.

 10. Sin perjuicio de todo lo anterior una propuesta mucho más importante por sus efectos institucionales y políticos es la necesidad de debatir seriamente en el ámbito de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el abandono de la extradición para los delitos de corrupción a través de un Protocolo Adicional a la Convención que establezca “la entrega inmediata de imputados por estos delitos” que se encuentren en cualquier país suscriptor del Tratado. Este mecanismo ya funciona en el marco de los acuerdos de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea. Ciertamente ello supone armonizar mínimamente las legislaciones nacionales, pero constituye a mi juicio una propuesta mucho más efectiva que pondría al país que la lidere en el primer nivel de lucha contra la corrupción en la Región. Si los corruptos ya no pueden refugiarse en los vericuetos de la extradición, gran parte del problema de las dificultades de juzgamiento se solucionarían.

 11. Este debate sobre la imprescriptibilidad nos recuerda la necesidad de desterrar la mediocre tendencia de nuestros políticos a adoptar medidas  aisladas y asistemáticas frente a los problemas, sólo porque rinden aprobación pública.

*Imagen tomada de la galería de Casey Serin

One Response to ¿Es necesaria la imprescriptibilidad para combatir la corrupción?

  1. Es muy subjetiva la propuesta, es necesario tener memoria de la calamidad de hechos punibles de los gobernantes que ha tenido el Perú, los mismos que han quedado impunes y que se han visto beneficiados con la prescripción e incluso después que se fueron del Perú regresaron para seguir haciendo de las suyas.

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