Lubanga: Impresiones iniciales sobre una sentencia esperada

Por: Carlos J. Zelada, profesor de Derecho en la UP y Master en Derecho por la Universidad de Harvard y Diego A. Mauricio Ocampo, Bachiller en Derecho por la PUCP

El 14 de marzo de 2012 la Cámara de Primera Instancia emitió la que pasará a la historia como la primera sentencia de la Corte Penal Internacional (CPI). Trece años después de la adopción del Estatuto de Roma y casi diez desde su entrada en vigor, la CPI hizo pública su primera sentencia en un caso contencioso (Situation in the Democratic Republic of the Congo: In the case of Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Judgment pursuant to Article 74 of the Statute)[1].

Un derecho internacional para la restricción. Los horrores de las dos guerras mundiales persuadieron a la sociedad internacional de que era necesario establecer un órgano de control permanente que monopolizase el uso de la fuerza entre los Estados. Dicha tarea le fue asignada al Consejo de Seguridad de la entonces recién nacida Naciones Unidas.

La sociedad internacional se encargó de crear también tribunales internacionales para sancionar “individualmente” a los responsables entre los vencidos de las más graves conductas contra la dignidad humana. Aparecieron así los tribunales de Núremberg y Tokio, ambas instancias judiciales desde los vencedores para los vencidos.

Para entonces, la sociedad internacional consideró que con tales “candados” no sería posible regresar a los episodios violentos de la primera mitad del siglo XX: una suerte garantía de “no repetición” de estas conductas. Sin embargo, durante y post la Guerra Fría la violencia encontró nuevas formas de expresión con impunidad que se anidaban casi siempre dentro de las fronteras estatales. Jefes de Estado y de gobierno, ministros y miembros de la fuerza pública encontraban en las limitaciones del derecho internacional un resguardo infranqueable para la comisión de atrocidades sin mayor sanción individual. Ello llevó a que el Consejo de Seguridad irrumpa—en algunas circunstancias y de diferentes maneras—al interior de la soberanía estatal cuando se cometían graves violaciones a los derechos humanos. El objetivo: refrenar la escalada de violencia o sentar las bases para la construcción de la estatalidad. Como se sabe, el Consejo de Seguridad, dada su naturaleza y composición, no logró intervenir en todas las “graves” situaciones en las que la opinión pública esperaba que así suceda.

Si se quiere hacer un balance de la acción de las Naciones Unidas en estas décadas, se puede concluir que la violencia ha ido casi siempre varios pasos más allá del derecho internacional diseñado para su restricción. También es cierto que la aplicación de las normas internacionales ha estado condicionada a los balances de poder dentro de la propia organización. De este modo, mientras que la violencia persistía iban apareciendo nuevas trabas para la acción oportuna y concertada en los territorios donde el uso ilegítimo de la fuerza perduraba por décadas. Por otra parte, la ausencia de un verdadero estado de derecho al interior de los territorios involucrados generaba que los responsables individuales de la violencia se beneficiasen de la impunidad.

En medio de todo este panorama en 1998 aparece la CPI como un esfuerzo complementario e independiente de la acción de las Naciones Unidas para erradicar la impunidad individual por la comisión de lo que se ha denominado “crímenes internacionales”. La reciente sentencia condenatoria de Tomás Lubanga Dyilo[2] resulta un nuevo capítulo en este empeño para afirmar la vigencia del derecho internacional en el Congo Belga. La sentencia ha esbozado varios estándares en materia de derecho penal internacional que serán materia de comentario y revisión en los meses y años siguientes. Sin embargo, este nuevo capítulo que se ha abierto no está libre de críticas y de accidentes. Van nuestras impresiones preliminares sobre el asunto.

El principal estándar de la sentencia Lubanga. Creemos que la principal contribución de la decisión se encuentra en la interpretación que se realiza del alcance del artículo 8.2.e (vii) del Estatuto de Roma—el tratado que dio origen a la CPI. Copiamos la parte sustancial de dicho instrumento para determinar qué dijo el tribunal en el presente caso:

Artículo 8 Crímenes de guerra

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:

(…) e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

(…) vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en hostilidades (…).

En la sentencia Lubanga, el tribunal determinó lo que debía entenderse por “alistamiento y reclutamiento de menores de edad” además de precisar cuáles eran los actos que generaban responsabilidad por este delito. La CPI se valió de los pronunciamientos de la Corte Especial de Sierra Leona y de las normas del derecho internacional humanitario para interpretar el artículo 8.2.e (vii). Sin embargo, la CPI decidió no pronunciarse categóricamente en cuanto a lo que debía entenderse por “participación activa en las hostilidades”. Por ello, estableció que debía hacerse un examen “caso por caso” para señalar cuándo se cometía este crimen. Con un pronunciamiento impreciso de esta clase, el tribunal no deja claro si los niños que no ejercen los roles de combate o de entrenamiento son víctimas de esta conducta prohibida. Por ejemplo: ¿El niño cocinero de Lubanga participó activamente de las hostilidades? ¿Las niñas esclavas que acompañaron a Bosco Ntganda para realizar actos de brujería participaron también de estos actos contrarios al derecho internacional?

Fuera del tema del alistamiento y el reclutamiento, algunos otros aspectos tratados en la sentencia Lubanga que llamaron nuestra atención merecen algunos comentarios preliminares:

Las características de la violencia en el Congo. La CPI tiene competencia para determinar la responsabilidad individual de los principales responsables por la comisión de los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma. Sin embargo, ello no ha impedido que en el presente caso el tribunal se refiera al contexto y señale que el conflicto armado en el cual Thomas Lubanga participó tuvo origen en las divisiones étnicas entre varios grupos tribales, principalmente los hema y los lendu, y que la violencia se asentó sobre los odios históricos heredados por y desde la colonización. Asimismo, la CPI verificó que la violencia en el Congo Belga fue financiada por quienes luchaban por el control de los recursos naturales en la zona.

La importancia de la declaración del contexto se encuentra en que la acción judicial de la CPI transforma las discusiones sociales sobre hechos históricos en una suerte de “verdad judicial”. Los grupos tribales enfrentados en el Congo podrán adoptar esta verdad, cuestionarla o inclusive negarla, para encaminar la construcción de la paz o profundizar en la violencia que aún continúa. Esta es una lección importante para la justicia transicional: la construcción de la paz no puede ir de la mano con la impunidad ni mucho menos desconectada del contexto—por más lejano que éste sea.

El estándar probatorio para los crímenes internacionales. La CPI recibió declaraciones de testigos y víctimas traumatizados por los episodios de violencia cuyos relatos presentaban serios vacíos. La defensa de Lubanga cuestionó la fidelidad de tales declaraciones señalando que debía probarse más allá de toda duda razonable los hechos imputados, y que las víctimas no tenían certeza sobre los hechos. El tribunal ha considerado que existen dificultades probatorias tales como la naturaleza de los hechos, el paso del tiempo y el trastorno emocional de los testigos y las víctimas. A pesar de ello, la CPI ha considerado que las declaraciones recogidas continúan siendo importantes medios de prueba para construir la verdad judicial a pesar de sus imprecisiones. La CPI matizó este pronunciamiento señalando que el uso de las declaraciones no puede afectar las garantías del debido proceso del acusado.

Asimismo, la CPI se valió de diversos medios probatorios. Por ejemplo, los videos en los que Lubanga realizaba pronunciamientos públicos frente a los niños soldados han sido evidencia fundamental para acreditar su responsabilidad penal como co-perpetrador. Éstas son lecciones interesantes para los tribunales internacionales que suelen tener serias dificultades para el establecimiento de “tarifas probatorias” para la declaración de violaciones complejas de antigua data.

Se probó sólo la existencia de un conflicto armado interno. En el caso se alega que Lubanga cometió crímenes de guerra que configuraron violaciones del derecho internacional humanitario. Dichos crímenes suponen la existencia de un conflicto armado interno o internacional, cada uno con una serie de requisitos para su verificación judicial. Encuadrar las nuevas formas de violencia étnica que se dieron en el Congo Belga dentro de las etiquetas de un conflicto armado interno o internacional supone una tarea en suma complicada[3].

Durante varios años, la representación de las víctimas argumentó que la violencia cometida en el Congo se encontraba claramente influenciada por la acción de los Estados que invadieron dicho territorio invocando razones humanitarias para acceder a sus recursos naturales. En la decisión previa sobre la confirmación de cargos de 29 de enero de 2007 (Situation in the Democratic Republic of the Congo: In the case of Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Decision on the confirmation of charges), la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI consideró que existieron indicios razonables para sostener la existencia de dos conflictos armados en diferentes períodos del tiempo: el primero, de septiembre de 2002 a junio de 2003 (tiempo de la invasión de Uganda), y el segundo, de junio a agosto de 2003 (cuando ya había cesado la ocupación ugandesa). Ello habría tenido como consecuencia que, para el primer período se hubiera aplicado el marco del derecho internacional humanitario para los conflictos armados internacionales y el artículo 8.2.b (xxvi) del Estatuto de Roma[4]. Para el segundo período, se habrían tenido que aplicar las normas humanitarias para los conflictos armados internos y el artículo 8.2.e (vii) del Estatuto de Roma. Por ende, Lubanga habría sido declarado responsable de la comisión del reclutamiento y el alistamiento de menores de edad en ambos períodos.

Sin embargo, en la sentencia de 14 de marzo de 2012 el tribunal desechó que existiera un conflicto armado internacional, es decir, no tomó en cuenta el primer período. Aunque hubiera un conflicto armado internacional, la CPI consideró que ello no fue debidamente acreditado, por lo que Lubanga sólo fue responsabilizado por el reclutamiento y el alistamiento de niños en el marco de un conflicto armado interno.

La violencia sexual no fue tomada en cuenta como un elemento contextual relevante. Las organizaciones no gubernamentales de mujeres involucradas en el caso alegaron que Lubanga no sólo cometía actos de violencia contra los niños, sino que además éste era responsable por diversas formas de violencia sexual. Inclusive, las organizaciones feministas argumentaron que las niñas reclutadas o alistadas cumplieron roles, entre otros, de esclavas y compañeras sexuales. No obstante, la Fiscalía priorizó el delito de alistamiento de niños por sobre las alegaciones de violencia sexual.

Con anterioridad, los representantes de las víctimas solicitaron a la CPI que considere que el proceso contra Lubanga fuera también por crímenes sexuales, lo que habría hecho aplicables los artículos 8.2.b (xxii)[5] y 8.2.e (vi)[6] del Estatuto de Roma. Sin embargo, en una resolución anterior del 8 de diciembre de 2009 (Situation in the Democratic Republic of the Congo: In the case of Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Judgment on the appeals of Mr Lubanga Dyilo and the Prosecutor against the Decision of Trial Chamber I of 14 July 2009 entitled “Decision giving notice to the parties and participants that the legal characterisation of the facts may be subject to change in accordance with Regulation 55(2) of the Regulations of the Court”) la CPI dijo que sólo el Fiscal podría modificar los cargos, cosa que al final no sucedería.

En el presente caso, se ha condenado a Lubanga por crímenes internacionales dirigidos contra niños y niñas. Sin embargo, Lubanga se mantiene en la impunidad por los actos de violencia sexual que se le imputan. En la sentencia, la CPI rechazó pronunciarse sobre la violencia sexual en general y particularmente respecto de las niñas alistadas por Lubanga. A partir de la sentencia, las víctimas mujeres y las organizaciones feministas sienten esta decisión como una oportunidad perdida para encontrar justicia desde un enfoque de género.

Los saboteadores al proceso y los problemas de la Fiscalía. Si se hace una ubicación geográfica, La Haya se encuentra bastante lejos del Congo. La Fiscalía de la CPI no podía trasladarse permanentemente al Congo debido a los costos de viaje y de oportunidad para realizar investigaciones en dicho territorio, especialmente teniendo en cuenta que la violencia permanece y que la presencia de la CPI podría incentivar la comisión de actos de violencia contra los testigos y las víctimas. Para enfrentar esta circunstancia, la Fiscalía se valió de intermediarios que le ayudaron a recolectar testigos e identificar víctimas y evidencia. Con la ayuda de estos intermediarios, la Fiscalía armó su caso.

No obstante ello, durante el juicio, la defensa demostró que ciertos testigos y presuntas víctimas falsearon sus testimonios incentivados por los intermediarios. Sin querer, los actos de la Fiscalía durante la investigación facilitaron los principales argumentos para la defensa de Lubanga.

En esta decisión, la CPI se pronunció sobre el rol de los intermediarios cuestionando el papel del Fiscal, señalando que éste no fue lo suficientemente diligente para monitorear las agendas de sus colaboradores. En ese sentido, la CPI ha ordenado que la Fiscalía investigue a algunos de los intermediarios que con sus acciones casi terminaron por sabotear el caso.

*

**

Por lo pronto, habrá que esperar lo que señale la Cámara de Apelaciones para conocer si y cómo la CPI se enfrentará a estos cuestionamientos.


[1] El texto completo de la sentencia en inglés se encuentra disponible en: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf. Asimismo, un resumen técnico de las principales incidencias del caso se encuentra disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/A70A5D27-18B4-4294-816F-BE68155242E0.htm.

[2] Es importante señalar que esta sentencia solamente declara penalmente responsable a Lubanga y que deberá emitirse una nueva decisión para establecer la pena y las reparaciones aplicables. La misma Cámara de Primera Instancia estará a cargo de su preparación.

[3] Por ejemplo, en el Congo Belga cerca de veinte grupos armados se han enfrentado en la zona de Ituri, los cuales se han ido “reconfigurando” con el paso del tiempo, recibiendo además ayuda de los Estados vecinos para la articulación de maquinarias de violencia.

[4] Artículo 8 Crímenes de guerra

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:

(…) b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

(…) xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades (…).

[5] Artículo 8 Crímenes de guerra

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:

(…) b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

(…) xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra (…).

[6] Artículo 8 Crímenes de guerra

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:

(…) e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra (…).

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