La excesiva mudanza en la ley de puertos

Arturo Monfort Mulinas

Ingeniero Civil.- Director de I+D+I de la Fundación Valenciaport

Juan M. Esquembre Menor

Economista. Director de Desarrollo Portuario de la Fundación Valenciaport

No es el Derecho nuestra especialidad ni tampoco es nuestra pretensión polemizar y abordar lo que los juristas llaman el fondo del asunto,  en lo relativo a lo que ha supuesto en las pasadas semanas la publicación en El Peruano de una serie de disposiciones del Ministerio de Transportes  y Comunicaciones que afectan seriamente al funcionamiento del Sistema Portuario Nacional.

Nos referimos al Decreto Supremo Nº 019-2010-MTC, publicado el martes y trece de abril pasado; al Decreto Supremo Nº 020-2010-MTC, publicado el viernes dieciséis, apenas cuarenta y ocho horas después de la tormenta; y a la Resolución Suprema Nº 047-2010-MTC del martes veinte de abril por la que se crea el Comité de Inversión en Materia Portuaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

A nuestro modesto entender, como profesionales españoles que venimos trabajando para el Sistema Portuario Nacional, y más concretamente, en la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, no deja de causarnos una cierta perplejidad tanto en  el contenido como en la forma de producirse normas jurídicas que implican determinaciones prácticas en un sistema portuario como el peruano  necesitado de clarificación, de transparencia, de profesionalidad, de esfuerzo, de talento y de rigor.

Dentro del colectivo leguleyo al que pertenecemos, ha sido precisamente nuestra dilatada experiencia portuaria en campos distintos al Derecho la que nos ha enseñado la enorme importancia que tiene  la norma jurídica para poder trabajar luego con eficacia en todo lo demás.

Desde las nociones elementales de Derecho que estudiábamos en el acceso a la universidad, podemos recordar  los dos principios básicos en el ordenamiento jurídico: El de la Justicia y el de la Seguridad, siendo este último el que garantiza  un régimen jurídico estable que elimine todo cuanto signifique arbitrariedad.

La tan manida y necesaria Seguridad Jurídica lo que significa en primer lugar es la certeza del Derecho, la garantía dada por el Estado al ciudadano  para que éste sepa a qué atenerse.

No vamos a entrar aquí en el debate de la jerarquía de la norma, ni si es posible que un Decreto Supremo y una Resolución modifiquen lo establecido en una Ley y su Reglamento del rango de la Ley de Puertos.No es esa nuestra especialidad ni tampoco nuestro oficio. Pero si nuestra experiencia en el desarrollo portuario, en el fomento y la captación de la inversión privada, en la gestión de los servicios portuarios facilitadores el comercio o en la transformación de las antiguas Entidades Portuarias Públicas en las modernas Autoridades Portuarias descentralizadas, si todo ello, como decimos, sirve de algo para un mejor y más eficiente proceso de modernización del Sistema Portuario Peruano, nos vemos en la obligación moral y profesional de decir que el camino que está recorriendo el Ministerio de Transportes  y Comunicaciones ni es coherente con los propios lineamientos estratégicos de su política portuaria ni va a conseguir los objetivos que la economía peruana viene necesitando, desde hace años, en lo referente al funcionamiento de sus puertos.

Es verdad que el Poder Ejecutivo no necesita ni tiene la obligación de conocer en profundidad el negocio portuario para hacer y ejecutar una buena política portuaria. Por poner un ejemplo divulgativo y que entiende todo el mundo, el Ministro de Sanidad no necesariamente ha de ser licenciado en Medicina.

Hemos conocido excelentes Ministros de Sanidad que han tenido como formación universitaria la de abogados, ingenieros o economistas y  han desarrollado una buena política sanitaria porque han sabido escuchar a sus colaboradores, expertos en gestión hospitalaria, farmacéutica o clínica. Y cuando ha existido amenaza de pandemia se han rodeado además de los doctores más expertos en la materia.

Lamentablemente y eso nos parece, en el supuesto al que nos referimos de las últimas semanas y meses, no parece que el Ministerio haya conseguido el propósito de proporcionar la Seguridad Jurídica necesaria para el conjunto del Sistema Portuario Nacional como atractivo y requisito fundamental a la enorme cuantía de inversión privada que necesita; o que haya dado los pasos decisivos para incrementar la eficiencia en el sistema de manera que facilite, agilice y abarate los costes de las cadenas de suministro; ni tampoco haya fortalecido a la Autoridad Portuaria Nacional como  Organismo del Estado con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, tal y como establece la Ley.

Finalmente cabe una cuestión menor pero de suma importancia estratégica. Este mundo marítimo y portuario se extiende por todo el globo pero, a su vez, no deja de ser un perfecto oligopolio en donde los actores importantes tienen perfecto conocimiento de todo lo que les ocurre a todos en cualquier lugar, porque hoy compiten en España y mañana son socios en el Perú, en China o en Australia.

Sin embargo, la totalidad de nuestro comercio exterior está en sus manos, o en sus barcos, o en sus terminales portuarios o en la gestión directa de una parte importante de las cadenas logísticas.

Por este motivo es necesario trabajar con talento, con perfecto conocimiento del mercado y con rigor. Pero como decíamos en párrafos anteriores, primero es el Derecho y luego podremos trabajar e invertir todos los demás.

2 Responses to La excesiva mudanza en la ley de puertos

  1. Katherine Yesquen dice:

    Excelente comentario. Un tema adicional que debería analizarse es el seguimiento de los procesos de concesión que se vienen llevando actualmente por PROINVERSION. En principio, una de las garantías al inversionista es la seguridad jurídica y el establecimiento de reglas claras a fin de otorgarles seguridad respecto al proyecto donde piensan invertir. El cambio de reglas de juego de manera intempestiva, produce la desconfianza del inversionista y el consecuente desprestigio de la institucionalidad. En ese sentido, el Estado, como parte de la política portuaria, debería preocuparse por brindar mayores incentivos a la inversión, y no cambios sustanciales sin justificación alguna. Precisamente, estos decretos supremos originan esa desconfianza que se trata de evitar cuando se trata de captar inversión.

  2. Hola Katherine,
    Muchas gracias por tu comentario, estamos 100% de acuerdo.

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