Previendo desastres políticos: la Ley de la Consulta Previa

Por: Antonio Peña Jumpa *

El miércoles 19 de mayo el pleno del Congreso de la República del Perú aprobó la “Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas”. Dicha ley, aún pendiente de ser promulgada por el Presidente de la República, busca regular las obligaciones establecidas al Estado Peruano por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 1994, fecha en que nuestro país ratificó dicho Convenio.

La ley se aprueba a 15 días de cumplirse un año de los lamentables sucesos de Bagua (5 de Junio del 2009). La ley es un producto de estos sucesos. Lo cual nos permite dos comentarios antes de señalar brevemente las ventajas y desventajas de la ley.

Primero, en nuestro país aún es necesario que ocurran muertes de indígenas y no-indígenas para alcanzar una ley que regule lo que ya aparece como obligación de las autoridades del Estado en el mencionado Convenio y en la propia Constitución Política del Perú.

Segundo, nuestros representantes políticos (Congresistas de la República) y nuestras autoridades políticas (el Ejecutivo) tienen que dilatar al extremo la discusión del contenido de dicha ley para aprobarla. De no ser por la proximidad del 5 de junio, es probable que no haya habido ley aprobada.

Estos dos comentarios confirman que los pueblos indígenas u originarios no son aún prioridad en la agenda de nuestros políticos. Pero teniendo en cuenta ya la aprobación de la ley, qué ventajas y qué desventajas nos ofrece ésta.

Las ventajas se encuentran en la regulación de aquellas obligaciones que para nuestras autoridades no eran claras. Ahora se recalcan responsabilidades para que las “entidades estatales” cumplan con identificar “las medidas legislativas o administrativas que tienen relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios” para llevar a cabo la consulta.

Las desventajas se encuentran en la regulación misma: toda ley restringe derechos cuando su fuente u origen se encuentran en la Constitución o en Tratados Internacionales. Si no hay voluntad y buena fe de las autoridades del Estado y los actores sociales y económicos interesados, la ley se cumplirá en lo mínimo o simplemente no se cumplirá. Dentro de esta línea, por ejemplo, la ley no involucra a las empresas que son las interesadas en las consultas para explotar los recursos naturales que se encuentran en territorio de los pueblos originarios. ¿Qué ocurre si estas empresas no cumplen la ley o las decisiones que broten de las consultas que ejecutan las autoridades del Estado?

Más allá de los comentarios y de las ventajas o desventajas señaladas, cabe pensar en la madurez de nuestra sociedad para buscar respetar la ley aprobada dentro del marco de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Es nuestra sociedad peruana, cada vez más consciente de su pluralidad y diversidad cultural, la que puede cambiar a los políticos que no tienen la voluntad de aplicar la norma y sancionar a los empresarios o a los propios indígenas que la incumplan.

* Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: