Sobre abogados, mercachifles y monopolios: educación legal y libre competencia

Por: Alfredo Bullard*

Mis coleguitas abogados merecen, lamentablemente, la fama que se han ganado. Pocas actividades económicas hacen tantos esfuerzos por crear barreras de acceso y privilegios que protejan su mercado y sus ingresos. Regímenes de colegiatura obligatoria, donde la entrada al mercado está regentada por los propios competidores (a través de colegios de abogados, así, como merecen escribirse, con minúsculas), sin ofrecer ningún beneficio adicional: no hay auténtico control ético, ni información útil, ni nada que ayude a los usuarios a escoger mejor o a saber qué es lo que se contrata cuando contratan un abogado. Además establecen en sus códigos de ética tarifas mínimas de honorarios, en un cartel cuyo desparpajo para violar las normas de libre competencia es sólo superado por su ineficacia. Tienen normas que prohíben la publicidad de servicios legales, para asegurar que los consumidores queden sumidos en la ignorancia sobre cuáles son sus opciones. Pocas actividades son tan representativas del mercantilismo, esa visión de valerse de la ley para parcelar el mercado en contra de los consumidores.

Hoy están a punto de lograr su éxito máximo. Además de la propuesta dirigida a prohibir la creación de facultades de derecho, reduciendo los incentivos a la innovación y la presión competitiva para la mejora y aparición de servicios que atiendan a segmentos distintos, han conseguido que se venga cocinando una reforma legal aún más absurda y brutal (en las dos acepciones de la palabra, es decir de manera violenta e ignorante): que se prohíba más ingresos de estudiantes a las facultades de Derecho por dos años. Dicha propuesta presentada (vaya sorpresa) por el propio Colegio de Abogados, se pasea muy campante, cómoda y con visos de ser aprobada como Ley, por la Comisión de Educación del Congreso (presidida por Werner Cabrejos Campos). Lo único que se persigue en realidad (bajo la excusa de conseguir una supuesta mejor calidad de abogados) es reducir artificialmente el número de abogados para proteger el negocio de los mismos. Lo demás es puro cuento.

No voy a hablar de la evidente inconstitucionalidad de la medida, que pretende limitar no sólo la libertad de iniciativa privada, la autonomía universitaria y, lo que es peor, las legítimas aspiraciones de quienes tengan una auténtica vocación por el Derecho, expropiándoles el derecho a su realización personal, obligándolos a estudiar cualquier otra cosa. Les dejo eso a los constitucionalistas y a los expertos en derechos humanos que espero, esta vez, reaccionen con el mismo furor y energía con el que reaccionan frente a otras violaciones semejantes.

Voy a referirme, por el contrario, a los serios errores y a la pobreza conceptual de las posiciones que han dado origen a tremendo despropósito.

Hace sólo unos días, Luis Pásara publicó en este blog un artículo titulado “La Fábula del Mercado y la Ley” en el que adopta una posición francamente contradictoria. El post comienza así:

“Había una vez un país en el que una ley universitaria, a la par que establecía la autonomía de cada institución para gobernarse, disponía ciertos procedimientos para crear universidades y facultades dentro de ellas. Pero ese país cayó, un mal día, en manos de mercachifles, vendedores de todo tipo de baratijas, pero también de ideas.

Los mercachifles –que no vendían ideas propias sino importadas– lograron hacer creer que todos los problemas del país se solucionarían mediante el libre mercado, cuanto más libre mejor. De modo que se llegó a creer que toda regulación o límite impuestos por el Estado era perjudicial para el país. Cuanto menos interviniera el Estado, mejor, se machacó. La mejor ley es la que no existe, se atrevieron a decir algunos”.

Luego el texto del post achaca a los llamados “mercachifles” la situación actual de la educación legal en el Perú, y en particular se la achaca a lo que denomina las “universidades empresa” (creadas por los mercachifles), es decir las que funcionan guiadas por el ánimo de lucro, por el objetivo de ganar dinero, y que a su criterio son las responsables de la corrupción judicial, la baja calidad de los abogados y todos los males del funcionamiento del Derecho en el Perú.

Y la “fábula” termina con una crítica a lo mismo que criticamos en este post: la propuesta de prohibir el ingreso de más alumnos para estudiar Derecho. Dice Pásara:

“No, una ley para limitar el ingreso de más competidores a la profesión. La pita se rompe por lo más delgado. No más estudiantes de derecho, por unos años, y la oferta profesional se contendrá. Así, no se enmienda el gravísimo problema de tener miles de abogados que no son tales. Simplemente, por un tiempo, no habrá más abogados.

El servicio profesional no habrá mejorado pero sí se habrá concluido con la amenaza que, a los abogados existentes, plantea un mayor número de competidores. Ésa es la ley que busca, muy tardía e insuficientemente, enmendar los efectos indeseados del mercado”.

Pero Pásara no menciona en su fábula a un personaje muy importante, central en el origen de la propuesta de los “abogados mercachifles”: el propio señor Pásara. Hace ya seis años Pásara, por encargo del Ministerio de Justicia, preparó un informe titulado “La enseñanza del derecho en el Perú: su impacto en la administración de justicia”. En ese informe, con más texto pero con los mismos errores del post que citamos, se parte de un diagnóstico parecido: todo es causa de las universidades empresa, y de la libre iniciativa en la educación. Sobre la base de ese informe es que el Colegio de Abogados formuló su propuesta (entusiastamente apoyada por su autor, ver artículo publicado en Perú 21 http://peru21.pe/impresa/noticia/parar-fabrica/2008-09-27/225818) que hoy ha evolucionado hacia la pretendida prohibición de ingreso de más estudiantes a las Facultades de Derecho.

Pásara es, como el Dr. Frankenstein, el inventor de la “criatura”. La diferencia es que en la novela de Mary Shelley, cuando la criatura se sale de control y se convierte en el monstruo, el Dr. Frankestein se arrepiente de su creación. Pero en el caso de la propuesta del Colegio de Abogados, Pásara se indigna con su monstruo y culpa a otros del desvarío de su creación.

Es interesante saber que el informe Pásara se financió con dinero de los “mercachifles”. Por lo pronto, el Estudio del que formo parte entregó US $ 1,000 (en un acto que hasta ahora lamentamos) para financiar, junto con otros estudios de abogados, el referido informe. Efectivamente (como correspondía) Pásara cobró por su informe, lucró con su trabajo (como también corresponde), sin que podamos criticarlo por esa razón. Lo curioso es que él sí critica a los promueven la enseñanza universitaria con el afán de ganas dinero.

Sería largo y tedioso recorrer todos y cada uno de los errores e imprecisiones del referido informe. Bastaría decir que de su desarrollo y contenido no se derivan sus conclusiones. El informe supuestamente trata de encontrar como una de las causas de los problemas de corrupción y baja calidad de la administración de justicia los problemas de enseñanza del derecho en las universidades, y repite, con la constancia y fe dogmática de una letanía, que las universidades empresa son la causa principal del problema. Pero la inconsistencia es tal que el propio informe reconoce que las universidades empresa aún no habían colocado jueces en el sistema, dado el poco tiempo transcurrido de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 882, cuya promulgación es la madre de todos los males. Por ello no se entiende cómo las universidades empresa pueden ser culpables de la situación de un Poder Judicial en el que no han participado sus egresados. Más o menos como culpar a Abimael Guzmán de la derrota en la guerra con Chile.

De hecho, el número de abogados egresados de esas universidades no podría explicar un problema cuyo origen, todos sabemos, proviene de muchísimo antes, cuando las universidades eran creadas por el sistema estatista que defiende el autor del informe. La corrupción y la baja calidad de la justicia anteceden por años al Decreto Legislativo 882.

A ello se suma un serio error conceptual, muy común en las tesis anti-mercado formuladas por quienes no comprenden cómo funciona el mercado. La posición del informe (quizás sin advertirlo) es que la oferta genera su propio demanda. Según este razonamiento, la educación legal es mala porque se ofrece mala educación legal. Pero en Economía I se aprende que es la demanda la que genera su propia oferta. La educación legal será mala si existe una demanda por mala educación. Y mejorará según la demanda comience a exigir una educación mejor. Un sistema en el que campea la corrupción para obtener resultados en juicios y procesos, en los que conocer las reglas no es tan importante como saber manipularlas, en las que ir a trabajar al Poder Judicial no es motivado por una remuneración atractiva y tienen un efecto reputacional negativo (ser juez no es tan bien visto), y, sobre todo, donde la demanda es pobre por los bajos niveles de ingreso de la población, generará una oferta de baja calidad. Es precisamente al revés del diagnóstico de Pásara. La demostración del error es que, como el propio informe lo reconoce, existe un segmento de servicios legales en el Perú, demandado por el sector moderno de la economía, que tiene un excelente nivel de calidad y que es atendido principalmente por los estudios de abogados más reconocidos. La calidad de esa demanda genera una oferta de mejor calidad.

Nada se resolverá tratando de regular la oferta sin cambiar las condiciones de la demanda. Si se hiciera una verdadera reforma judicial que atrajera al tercio superior de los mejores estudiantes, la oferta de educación cambiaría para cubrir esa nueva calidad de jueces exigida por el sistema. Si la corrupción y la manipulación del sistema no fuera la causa del éxito en los juicios, entonces la capacitación jurídica y de destrezas legales de los abogados sería más apreciada y la oferta cambiaría. Si los niveles de ingresos de la población mejoraran (como ha venido ocurriendo en los últimos años en buena parte gracias a la apertura económica y la iniciativa privada de la que se despotrica en el informe) la calidad de la oferta educativa mejoraría impulsada por una demanda de mejor calidad.

El error de querer resolver estos problemas por medio de regulación de la oferta es recurrente no sólo en el mercado de la educación legal. Los problemas que anota Pásara (segmentos de baja calidad de oferta) pueden ser diagnosticados en casi todos los mercados en nuestro país: alimentos, vestido, servicios públicos, entretenimiento, etc., etc., etc. Los intentos de cambiar las cosas mediante regulaciones de calidad, restricciones de oferta, controles de precios y similares fracasan porque el problema de las condiciones de demanda se mantienen invariables así se cambien por mano dura estatal las condiciones de oferta. El resultado será el fracaso de la regulación y la informalidad. La propuesta de Pásara no difiere de la lógica que creó esperpentos como la leche ENCI, el arroz de ECASA o el servicio telefónico de la antigua CPT.

La indignación del Dr. Frankenstein contra su criatura es por eso contradictoria, diría que hasta esquizofrénica. Pásara cree que el problema se resuelve regulando la oferta, y más claramente restringiéndola: menos educación legal es sinónimo de mejor educación legal. Más controles conseguirán que las cosas mejoren, porque habrá menos universidades malas. Habría que preguntarle por qué la regulación del Estado no generará menos educación legal y de peor calidad. ¿Por qué confiar en el Estado y en el burócrata de turno para saber qué abogado es bueno para nuestro mercado? Poner al gato de despensero nunca ha sido una fórmula muy sabia.

Hay un problema importante, no abordado en ninguna parte del informe y es el de la información a los usuarios (estudiantes) sobre el valor de la educación que reciben. Los mercados son imperfectos, pero el tipo de correcciones que se proponen nos conduce a regulaciones imperfectas. En los países donde la educación legal es de mayor calidad (por ejemplo, Estados Unidos) los postulantes tienen información en estudios, disponibles públicamente, de dónde son contratados y cuánto ganarán los egresados de las diversas universidades. Ello convierte a la demanda en un excelente regulador de la oferta porque transparenta la competencia y mejora la “asertividad” de las decisiones de los consumidores. La próxima vez que alguien pida a mi oficina US $ 1,000 (o cualquier cantidad parecida) para un estudio que mejore la educación legal en el país, me aseguraré de que sea un estudio es este tipo, y no uno inconducente que sólo nos lleva a proponer regulaciones que agravarán la situación.

El resultado del informe Pásara no es casual, y proviene de la metodología (o falta de ella) seguida en su elaboración. Para muestra algunos botones:

La metodología se basó en entrevistas, no en estudios empíricos ajustados a una metodología aceptada y adecuada. Sólo se le pregunta a un grupo de personas (cuya representatividad aparece oculta por el anonimato de los entrevistados) sobre una serie de temas y luego se incluyen citas inconexas convenientemente entralazadas, pero sin mucho rigor científico. Es sólo una especia de focus group. Pero cualquiera sabe que no se pueden derivar propuestas serias de política pública basada sólo en percepciones. Es casi como usar una encuesta de intención de voto para saber cuál es el modelo de gobierno más conveniente.

Como consecuencia de lo anterior, más que un estudio científico, el informe parece un largo anecdotario de entrevistas y frases que relatan cosas curiosas, sin ninguna referencia a lo significativo o no del comentario y de cómo se sustenta su significancia o insignificancia.

Es notoria la selección conveniente de las citas. Por ejemplo, es un hecho que Pásara me entrevistó, y que yo expresé posiciones discrepantes en muchos aspectos. No he podido reconocer una sola cita de dicha entrevista ni de nadie que haya dicho algo que no abunde a favor de la posición del informe.

La poca data existente (distinta al anecdotario de las entrevistas) no está correlacionada de ninguna manera con las conclusiones. No hay correlaciones estadísticas, cálculos econométricos, o simplemente correlaciones lógicas que expliquen el ímpetu contra la universidad empresa ni contra la libre iniciativa en la educación expresado en el informe. En ninguna parte se comparan resultados en ningún ámbito entre los egresados de las universidades empresa y de las que no lo son. En otras palabras, no hay ningún análisis que muestre que la data (por lo demás pobre y tomada generalmente de otras fuentes que no se orientan a los objetivos del estudio) está causalmente vinculada a lo que se quiere demostrar. No es que se hayan hecho mal las correlaciones. Simplemente no hay correlaciones de ningún tipo.

Incluso la data que se cita no tiene ningún referente que permita saber por qué la información recogida es buena o mala.. Por ejemplo, se menciona el número de alumnos por clase, dando la impresión de que son demasiados, pero sin usar ningún parámetro que permita saber por qué. Muchas universidades muy prestigiosas del extranjero tienen números muy superiores de alumnos por clase.

En conclusión, es claro para el autor de este post que las conclusiones del informe existían antes de realizado el estudio. El texto es sólo la crónica de una muerte anunciada muy de antemano por su autor.

Cabe preguntarse por qué personas inteligentes y bien formadas, en especial con inclinación a lo académico (como lo es Pásara) suelen ser contrarios al mercado y a la libre iniciativa privada. No es extraño encontrar en los académicos, en los científicos y en los artistas una tendencia contraria al mercado. Robert Nozick ensaya una respuesta. Dice que se trata de personas que usualmente destacaron durante sus estudios escolares y universitarios. El éxito estaba determinado por las notas y las calificaciones de sus profesores. El mejor de la clase suele ser el más inteligente y estudioso. En esa atmósfera sus virtudes le daban un claro reconocimiento.

Pero en los mercados el éxito se mide de manera distinta. Es la demanda, lo que necesita y quiere la gente, lo que más se valoriza. Para esas personas, que un futbolista o un actor de cine puedan ser más apreciados que un profesor universitario o un investigador académico, rompe el parámetro de “mérito” que han aprendido. Claudio Pizarro gana más que Pásara y que el que escribe este post. Pero eso no debería quitarle a nadie el sueño. A la gente le gusta el fútbol y no tenemos por qué limitar su gusto para que Pásara y yo nos sintamos mejor. Pero eso puede generar a los académicos la sensación (psicológica) que hay algo injusto y equivocado en el mercado. Y por eso el mercado debe ser atacado como un sistema imperfecto y no equitativo. Me imagino que no es fácil ver a personas quizás académicamente menos preparadas tener éxito en una atmósfera en lo que se busca son soluciones a problemas reales y no especulaciones alejadas de la realidad. Pero eso no es culpa del mercado. Eso es la mejor forma de atender esos deseos y esas necesidades de la gente. Esa es una forma efectiva de generar bienestar.

Así que pensemos bien antes de hacer las cosas. Menos no es sinónimo de mejor ni más de peor. La respuesta es que debe haber tantos abogados como la gente necesite. Y no veo cómo se va a lograr eso quitándole a la gente la posibilidad de decidir.

*Artículo originalmente posteado en el blog “Prohibido Prohibir” de Semana económica el 31 de mayo de 2010 (la reproducción del mismo se hace bajo la autorización expresa del autor): http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/prohibido-prohibir/posts/sobre-abogados-mercachifles-y-monopolios-educacion-legal-y-libre-competencia#ixzz0pUHyju3M

4 Responses to Sobre abogados, mercachifles y monopolios: educación legal y libre competencia

  1. Freddy S. dice:

    He leido los 4 artículos sobre el tema, todos muy interesantes desde luego, no obstante, veo demasiado “ideologismo” en las dos posiciones enfrentadas.

  2. saba sansour dice:

    ¡Qué ideologismo ni qué ocho cuartos!; aquí hay una cuestión básica de pragmatismo, no resuelta, amparada por un sistema cultural que, hasta muy poco tiempo atrás, veía con malos ojos a los comerciantes y pequeños industriales, y que hoy está siendo arrasada por el nuevo ímpetu de los conos emergentes.

    Hay cambios importantes en el Perú, desde la base de la “choledad”, de la que se comenzó a elaborar tesis (no recuerdo al principal autor, pero si me pongo a “googlear” lo encuentro) desde más de 30 años atrás, que parecen inclinar la balanza más hacia la tesis de Bullard, aun con imperfecciones (no se cuáles pero me gusta hablar: un buen tío abuelo me decía que nuestros corazones deberían ser tumbas, pero nuestras bocas, ¡campanas!).

    Si la gente quiere educación, que hace aproximadamente 20 años era satisfecha por las escuelas superiores, y que hoy se inclina por las universidades (lo que revela mayores ingresos de la población), con énfasis en derecho, administración, contabilidad, etc., y no cuenta con un gran presupuesto, surgiran las universidades de ese peso (las llamadas de “baja calidad”) para brindar el servicio. Si esto genera una gran cantidad de, por ejemplo, abogados, que no conseguirán, eventualmente, trabajo, la verdad que los viajes en taxi nunca fueron más placenteros que cuando realicé un recorrido urbano no tan corto, inmerso en una conversaciòn inolvidable con un taxista ex profesor (de sociología) de una de las mejores universidades.

    Démosle tiempo al tiempo y veremos que el nuevo Perú se impondrá, siempre y cuando la gente tenga la posibilidad de elegir, sin cortapisas, porque no es una cuestión a ser resuelta por Pásara o Bullard, sencillamente el buen juicio del peruano emergente se impondrá y continuará su ininterrumpido viaje al desarrollo de sus potencialidades. ¡He dicho! pasu, me salió una parrafada de seguido y bien de mañana, a una hora en la que Pasara, intelectual por cierto, debe estar todavía a medianoche.

    Oe Pásara, ¿te acuerdas del local salsero, caribeño americano “Los Mundialistas”, de mediados de la década de los setenta, a ese pues al que íbamos casi todos los viernes, y nos juntábamos con centenas de gente de todas las clases sociales, sin distingos, lugar único en el Perú?. Me han contado que uno de los mozos de ese local de ritmo “caribeño americano”, tan querido por nuestra generación, hoy es dueño de medio Los Olivos (dice que nunca recibió prebenda alguna del Sr. Gobierno, aunque reconoce no haber pagado algunos impuestitos, así con diminutivos), y sus hijos ya son egresados de una de esas nuevas universidades del este de nuestra ciudad, U, no se qué, o San algo (despúes de pasar por un colegio fiscal). Uno de ellos ya está aplicando para Yale, y si se descuidan los gringos, entra, porque el tipo lleva prisa, y su moto es ¡que frene quien tenga frenos!. ¡Sorpresas que da la vida…!

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