La educación legal y los zarramplines

Por: Gustavo Rodríguez García*

Cuando era pequeño me gustaban los cuentos. Recuerdo que uno de los que me solían leer se llamaba “Los Zarramplines”. Hace poco recordé esa palabra y descubrí que la palabra aludía a una persona de poca habilidad. No cabe duda que entre los abogados hay muchos zarramplines. Sin duda, ha existido una proliferación indiscriminada de escuelas de derecho que orientan sus esfuerzos al crecimiento numérico pero no a la mejora en la calidad de la enseñanza. Y existen universidades que en su afán de crecer logísticamente, admiten el ingreso de cualquiera que esté dispuesto a pagar unos soles por la supuesta educación ofrecida.

Ahora bien, estamos frente a un problema que ciertas instituciones fomentan pero que el mercado corrige de forma espontánea. Las oportunidades son asignadas entre los mejores profesionales y eso se hace sobre la base de la competencia. Ello premia la meritocracia y el esfuerzo de los alumnos dedicados y castiga a quienes no tienen las condiciones determinadas para un empleo dado. Eso no quiere decir que el mercado genere desempleo. El mercado genera oportunidades para quienes tienen capacidades diversas mediante un principio de ventaja comparativa. Quienes tienen mejores capacidades tendrán acceso a mejores oportunidades estando disponibles labores para personas con menores capacidades. Todas las labores son valiosas y el desempeño eficiente de todas las funciones en su conjunto genera la maximización del bienestar de la sociedad.

Sin embargo, se ha pretendido encontrar una solución al problema de la educación legal y, particularmente, al creciente número de abogados, en una propuesta orientada a prohibir la creación de nuevas escuelas de derecho e, incluso, a prohibir el ingreso de nuevos estudiantes a dicha carrera. Sin perjuicio que dicha propuesta agravia flagrantemente la libertad individual de elegir qué carrera elegir o no (finalmente, dado que el mercado asigna a los mejores profesionales a determinadas posiciones, la elección de una carrera saturada debería servir como incentivo para destacarse bajo riesgo de perder la batalla en la competencia), se trata de una propuesta poco inventiva, ineficiente y que revela una escaza habilidad para afrontar los supuestos problemas que se nos presentan. Se trata, a mi juicio, de una propuesta zarramplina.

Lo que se esconde en realidad es un deseo de restringir la competencia para asegurar la empleabilidad de algunos. El problema no es que la oferta en materia de educación legal sea de mala calidad. Por el contrario, deberíamos preguntarnos sobre el porqué se demanda educación de calidad paupérrima. Y la razón por la que se demanda esta “educación legal basura” es porque no se ha superado un real problema de información asimétrica en el sector educativo. Ahora bien, tampoco se puede satanizar a todas las escuelas de derecho. Estoy convencido que uno puede destacarse en cualquier centro de estudios. El problema, entonces, no son las universidades. Son los estudiantes de nuestro país. Y son los estudiantes porque se fomenta una demanda de mala calidad en educación legal que el mercado satisface y que luego, el mercado castiga de forma espontánea.

Naturalmente, para quien tiene una visión trasnochada del derecho y se siente atemorizado por nuevas perspectivas en nuevas generaciones, la competencia debe ser algo que le quita el sueño de forma constante. Y surge así la necesidad de eliminar la competencia. Como no puedo competir, auspicio una medida regulatoria que elimine artificialmente la competencia. En otras palabras, hay ciertos zarramplines que quieren ganar el partido en la mesa y no en la cancha. No se quiere afrontar el problema de la mala calidad educativa (y sobre todo, de la demanda por educación legal de mala calidad) sino que se quiere preservar el trabajo para quienes sin poca habilidad y mínimo esfuerzo, quieren asegurarse los beneficios de una barrera de acceso al sistema educativo.

La educación legal debe ampliarse para que acoja nuevas tendencias, para que explore nuevas visiones y para que atienda nuevas realidades (Antonio Peña Jumpa es autor de un trabajo publicado en Themis 57 en el que aborda la cuestión sobre si la educación legal actual le asigna herramientas adecuadas a los abogados para abordar la problemática en comunidades en las que el razonamiento legal es diferenciado). El futuro de la educación legal en el Perú no puede ser restringir o eliminar la educación legal. Por el contrario, solo el mercado libre podrá generar oportunidades para todos aunque ello signifique que no todos podrán ser socios de un prestigioso y acaudalado estudio de abogados. Pero esa es la competencia y eso es bueno porque nos alienta a ser mejores. Eliminar la competencia solo favorece a los zarramplines que con poco esfuerzo y mínima imaginatividad quieren asegurarse el pan en la mesa de su hogar.

*Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios en propiedad intelectual, economía y derecho del consumo, derecho del comercio internacional y merchandising y patrocinio. Profesor universitario e investigador.

3 Responses to La educación legal y los zarramplines

  1. Jaime Lara dice:

    ¿NECESITAMOS ABOGADOS?
    Acerca del proyecto de ley sobre la clausura de las Facultades de Derecho

    El análisis del tema en discusión pasa por responder a estas preguntas básicas. ¿Realmente, necesitamos abogados en el Perú?, en el caso que los necesitáramos, ¿Qué clase de abogados serían los que necesitaríamos?, y finalmente, ¿Qué tendríamos que hacer para tener esa clase se abogados?

    Desde una perspectiva excesivamente liberal, se podría afirmar que los abogados no son necesarios. En una sociedad absolutamente libre, donde casi no hay leyes, y las pocas leyes que hay, son sumamente simples y transparentes, y que además se encuentran perfectamente interiorizadas en la conciencia de cada uno de los individuos que conforman dicha sociedad, es evidente que no se necesitarían abogados o los que se necesitarían serían muy pocos. Pero el Perú de hoy, ¿es excesivamente liberal? La respuesta es negativa, en consecuencia podemos concluir que en el Perú los abogados son necesarios, toda vez que, en las diversas actividades de la vida diaria, personales y empresariales, públicas y privadas es inevitable lidiar con problemas cuya solución pasa por un manejo profesional de las leyes y los procedimientos que regulan dichos sucesos, y para ello nada mejor que recurrir al experto, al profesional de las leyes, esto es, al abogado.

    Ahora bien, ¿qué clase de abogados son los que necesitamos?, la respuesta a esta pregunta pasa por establecer algún tipo de clasificación entre los abogados, de manera que podamos elegir de entre esas opciones; en ese sentido, tomando en consideración las ocupaciones en que se desempeñan los abogados podríamos afirmar que existen:
    1) Abogados vinculados con el diseño de políticas públicas e instrumentos legales, en cuyo caso hablamos de consultores o asesores de organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y,
    2) Abogados dedicados a la solución de conflictos legales. Ahora bien, dentro de este segundo grupo encontramos a
    2.1) Abogados resolutores, esto es, abogados vinculados a las instituciones dedicadas a la Administración de Justicia, jueces, fiscales, notarios, funcionarios públicos, etc., y
    2.2) Abogados defensores o patrocinadores, y dentro de este último grupo, considerando sus destrezas antes que sus especialidades, podemos clasificarlos entre
    2.2.1) Abogados litigantes, y,
    2.2.2) Abogados negociadores.

    Resumiendo lo antes señalado, ¿qué clase de abogados necesitamos?, todos los antes descritos, porque las necesidades son diversas.

    Pero entonces, ¿qué posibilidades hay para que nuestras universidades nos brinden todas esas clases de abogados? El modelo tradicional era que la universidad bajo una currícula uniforme formaba abogados en general que se pudieran desempeñar en cualquiera de las funciones y con todas las destrezas necesarias. Frente a ello han surgido las opciones de que algunas facultades opten por determinados perfiles y en consecuencia se especialicen en ese sentido. Pero también hay una posición intermedia que provee de una formación básica general y sobre ella ofrece una serie de cursos electivos en las diversas áreas, de manera que, cada uno de los alumnos luego de superar la etapa básica y general pueda elegir los cursos del área en el que desee profundizar y especializarse. Lo propio se podría hacer también con relación a las destrezas, a no ser que se considere que todas estas destrezas estén incluidas necesariamente dentro de la formación básica.

    Ahora bien, pero ¿cómo conseguir que el sistema educativo nos proporcione esos resultados? Existen dos soluciones opuestas, 1) Apelamos a una regulación detallada y exhaustiva que establezca cómo hacerlo o 2) Desregulamos y liberalizamos para que el mercado se encargue de seleccionar lo deseado.

    Pero sucede que una regulación que no ha considerado en la elaboración de sus disposiciones las particularidades del mercado existente, por definición, es una regulación deficiente, pues estaría elaborada sin tomar en cuenta la realidad que pretende regular; contrariamente, un mercado sin regulación, sería como un caballo desbocado, podría correr muy rápido, pero también podría desbarrancarse en cualquier momento, de manera que, aun los caballos requieren cuando menos de un par de estribos y sólidas riendas que permitan conducirlos con firmeza pero sin dañarlos ni ahorcarlos; de manera que, unas buenas riendas pulsadas con destreza aseguran una buena conducción.

    Por lo demás, contra la común idea de que el mercado y la competencia siempre han de decantar a los mejores abogados, a los más preparados, a los que cumplen con los estándares de calidad y rendimiento; les puedo asegurar que el mercado, e inclusive las instituciones públicas reconocidas, también demandan abogados y demás profesionales, comprobadamente mediocres, pusilánimes y genuflexos, fáciles de atarantar y de asustar, para que así puedan firmar cualquier barbaridad que los corruptos manipuladores deseen, tales como balances y estados financieros fraudulentos, recursos impugnativos dilatorios y maliciosos, resoluciones inverosímiles e ilegales, etc.

    Muchos demandantes de servicios legales no buscan al abogado que proponga y busque las mejores soluciones, las más justas y razonables, hay quienes pretenden ganar a toda costa, sin reparar en la legalidad de los medios, de manera que, buscan abogados a quienes puedan instrumentar con tales propósitos y ellos por definición no son los mejores.

    En consecuencia, pretender que el mercado actuando por si solo nos proporcione los mejores abogados, es una quimera, sin que por ello nuestra propuesta signifique que neguemos o rechacemos el mercado. El mercado y la competencia son valiosos, de eso no hay ninguna duda, pero la competencia debe estar precedida de valores y de una motivación que señalen claramente el rumbo y la orienten hacia la mejora noble y positiva, ya que de lo contrario, la competencia también nos podría proporcionar delincuentes más sutiles e inubicables y precisamente por ello más perversos e indeseables.

    Para terminar, regresemos sobre la pregunta inicial, ¿hay muchos abogados que hace necesario cerrar las facultades de derecho? No. El abogado es el operador del derecho que con su trabajo debe contribuir a la realización de la justicia, siendo la Ley el instrumento para ello. En el Perú hay tanta injusticia que no nos sobran abogados, por el contrario nos faltan abogados y muchos, pero abogados de los buenos, de los mejores, que sean capaces de decir que NO, cuando lo que se les proponga sea una ilegalidad. Se dice que en el país hay alrededor de 100 mil abogados y que esto excedería la demanda, sin embargo, a juzgar por los resultados, los verdaderos abogados son muchísimo menos que los que señala la cifra antes mencionada, de manera que, a delincuentes, aun cuando tengan su cartón y su CAL (“coleguitas”) no podemos seguir llamando abogados, hay que llamarlos por su nombre, corruptos, delincuentes. Lejos de pretender cerrar nuestras facultades de derecho, lo que debiéramos hacer es fortalecerlas para que tengamos más y mejores abogados tal como nuestra sociedad lo requiere.

  2. gabriel jimenez dice:

    No se escucha a los zarramplines, impartidores de educación legal basura ni a los libertarios o beneficiados con el mercado educativo (D. leg. 882). Deberían decir algo.
    Queda una interrogante, no será que la preocupación viene también y, precisamente, de quienes estan sintiendo la presión de la baja en la (su) demanda educativa que se viene presentando en las universidades (digamos) tradicionalmente con buena calidad educativa. Existe competencia, pero esos exámenes de admisión estresantes que se veían antes parecen haberse relajado, no será este uno de los efectos (puede ser esta apreciación sumamente subjetiva).

  3. Gracias a ambos por sus comentarios.
    En relación al comentario del señor Lara: la pregunta de si se “necesita” un abogado en gran medida ya está respondida por la ley, que directamente exige la firma de un abogado para poder presentar una demanda… y luego se dice que éste es un mercado desregulado.

    En relación al comentario del señor Jimenez, no llego a comprender del todo la primera parte de su comentario: ¿es una crítica a los liberales, intervencionistas, a ambos o a ninguno? En relación a la segunda parte, compartimos la suspicacia, sobre la base del sustento mercantilista que suele tener ese tipo de norma.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: