Derecho a la información de accionistas minoritarios

Por: Marcel Cordero, asociado del Estudio Grau

El 28 de julio se publicó la Ley 29566, bautizada “Ley que Modifica Diversas Disposiciones con el Objeto de Mejorar el Clima de Inversión y Facilitar el Cumplimiento de Obligaciones  Tributarias” la cual, entre otras disposiciones, incorpora a la Ley General de Sociedades (“LGS”) el Artículo 52 – A con la finalidad de otorgar un derecho de los accionistas a solicitar información sobre la sociedad y sus operaciones.

Se establece que para el ejercicio de dicho derecho se deberá ser titular de cuando menos acciones que representen el 5% del capital pagado y que la solicitud no verse sobre hechos “reservados” o aquellos “cuya divulgación pueda causar daños a la sociedad”.

¿Cuál es la finalidad de la norma?

La finalidad, como se desprende de la exposición de motivos, es proteger a los accionistas minoritarios promoviendo una gestión más transparente. Entiendo que el legislador parte de la hipótesis que aquella administración conciente de poder ser fiscalizada, tenderá a manejarse de forma ordenada, dentro del marco de su objeto social y procurará manejar los bienes sociales de una manera que no deba suscitar cuestionamientos.

¿Consigue su finalidad?

Considero que no, ya que carece de un elemento primordial para su cumplimiento; una clara sanción por su inobservancia. Esto último sí ocurre en aquellas sociedades supervisadas por la SBS o la CONASEV, las cuales, en cumplimiento de las normas que regulan la remisión de Información Financiera, de Grupo Económico y Hechos de Importancia, entre otras, pueden ser amonestadas y eventualmente, multadas.

De hecho, alguien podría argumentar (teórica y válidamente) que sí existen incentivos para el cumplimiento de la norma.  Entre ellos, el proveniente de la eventual necesidad de fondear las actividades de la sociedad mirando a los accionistas.  En ese supuesto el adecuado suministro de información a los accionistas minoritarios razonablemente los hará más proclives a incrementar su inversión en la sociedad en comparación a un supuesto de suministro de información deficiente.  Aún así, considero que este es un incentivo que siempre habría existido en toda sociedad.

Siendo sincero, pareciera que dicha norma pretende echarle una mano a aquellos accionistas que no andan en los más felices términos con la administración de la sociedad, política legislativa con la que, en líneas generales, no concuerdo.

Retomando el tema, otro problema para conseguir su finalidad se encuentra en la subjetividad de las definiciones de hechos “reservados” y de hechos “cuya divulgación pueda causar daños a la sociedad”. La administración de la sociedad será la primera línea para la calificación de las solicitudes, siendo la segunda el poder judicial. Lo primero se presta a cuestionamientos, pero, en ese punto no pareciera haber una mejor opción legislativa en la medida que estemos ante una administración profesional e independiente.

Sin embargo, la calificación de ese carácter por parte del poder judicial, me causa serios temores. Por ejemplo, podría llegarse a un punto en el que se obligue a una sociedad a develar su estrategia de negocios al Poder Judicial a efectos que este determine, aplicando sus “vastos conocimientos técnicos”, sobre la confidencialidad o eventual perjuicio a la sociedad de su divulgación.  Ello acompañado del hecho que la información pasará por las manos del Juez, del Secretario, del practicante hasta del service de limpieza (por favor dense una vuelta por los juzgados).

¿Era necesaria la norma? Considero que no.  Esta disposición siempre pudo estar incorporada en los estatutos de cualquier sociedad. Así, la norma no viene a solucionar un problema, ni complementa adecuadamente las obligaciones de proveer información ya existentes en la LGS.  Lo que hace es en la práctica es cubrir una negligencia de los minoritarios.  En todo caso, de quererse aplicar se podrían implementar otros mecanismos para su perfeccionamiento, como el otorgamiento de un derecho de separación a favor del accionista que se considere afectado.

En conclusión, considero que la norma no sólo no cumple con el objetivo de proveer de herramientas a los minoritarios para estar adecuadamente informados de la gestión sino que, peor aún, desincentiva a las sociedades a abrir su capital a éstos por el temor que el Poder Judicial cuestione la confidencialidad de cuestiones propias de la administración social.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: