¿Manos limpias? Comentarios a propósito de las reparaciones concedidas por tribunales de derechos humanos a favor de condenados por el delito de terrorismo

Por: Carlos J. Zelada*

No polluted hand shall touch the pure fountains of justice[1].

Toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber estatal de repararlo adecuadamente. Por ello, cuando un tribunal internacional concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en algún tratado de derechos humanos, es frecuente que ordene el pago de sumas de dinero a favor de las víctimas o de sus familiares. ¿Pero qué sucede cuando las víctimas de violaciones a los derechos humanos son también individuos condenados en el derecho interno por el delito de terrorismo? ¿Puede la determinación de la culpabilidad de un individuo convertirse en un factor de exclusión al momento del otorgamiento o el pago de reparaciones por la violación de sus derechos humanos? ¿Sobre qué base podría operar una proposición de esta naturaleza en el plano del derecho internacional?

La doctrina de las “manos limpias”

Imagine que ha colocado una cerca en el perímetro de un inmenso lote de su propiedad en alguna playa de las afueras de Lima. Pasan los meses y usted detecta que el vecino ha movido la cerca que usted instaló, invadiendo así buena parte de su terreno. Se inicia un proceso judicial contra el vecino invasor. La evidencia es incontrovertible: usted debe ganar y espera que el juez determine que el vecino debe pagarle una fuerte suma de dinero por el osado acto. Sin embargo, durante el proceso, el invasor esboza una defensa no esperada y le dice al juez que usted también ha cometido la misma falta. Y en efecto, el vecino muestra ante el tribunal varias sentencias en las cuales se indica que usted ha sido recientemente condenado al pago de varios miles de soles como reparación por haber traficado con terrenos ajenos en la ciudad capital. El argumento: la conducta incorrecta del demandante por violación del derecho de propiedad hace inadmisible cualquier reclamación contra el vecino invasor. ¿Sería válido plantear una defensa de esta naturaleza?

Este razonamiento, más bien propio del derecho internacional, se conoce como doctrina de las “manos limpias” (clean hands doctrine), y es parte de las discusiones en torno al mecanismo conocido como “protección diplomática”. La protección diplomática opera cuando un Estado comete un hecho ilícito internacional en perjuicio de un particular extranjero. El sujeto afectado acude al Estado de su nacionalidad para que éste entable una reclamación en el plano internacional contra el Estado agresor por el daño causado. La relación que se entabla, cabe aclarar, es ahora interestatal, dado que la víctima original del perjuicio queda “subsumida” en el Estado que hace suya la reclamación de su nacional.

Tradicionalmente, se ha entendido que son dos los requisitos que deben presentarse a efectos de que un Estado ejerza la protección diplomática. El primero, que el Estado solamente puede realizarla a favor de sus nacionales. El segundo, que los particulares perjudicados deben de agotar primero los recursos internos del Estado demandado antes de acudir a dicha vía. Sin embargo, un sector minoritario de la doctrina sostiene que, además, el reclamante no debe haber realizado conducta ilegal o fraudulenta alguna contra el Estado “agresor”. En otras palabras, el demandante debe presentarse con “manos limpias” al solicitar la reparación por el daño ocurrido. Por ejemplo, se dice, no cabría la protección diplomática por la captura “ilegal” de un buque dedicado al transporte de esclavos. No obstante, la mayoría de autores opina que no es necesario requerir este aspecto a efectos de la protección diplomática[2].

La doctrina de las “manos limpias” y la obligación de reparar violaciones de derechos humanos

En 2007, la profesora Lisa Laplante esbozó la problemática de la aplicación de la doctrina de las “manos limpias” en el contexto de las reparaciones por violaciones a los derechos humanos[3]. El texto de Laplante se publicó a propósito de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado peruano al pago de varios miles de dólares como reparación a favor de quienes, en varios casos, habían sido condenados antes en los tribunales peruanos por el delito de terrorismo[4]. En el trámite del proceso, el Estado peruano había manifestado con preocupación que tales personas podían “recibir la indemnización para, eventualmente, seguir manteniendo la conducta de subversión que los llevó a la prisión, [y] financiar al denominado Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso [así como] nuevos actos de violencia”. Asimismo, y dado que varias de las víctimas eran también deudoras de reparaciones civiles a favor del Estado por el delito de terrorismo, los agentes estatales propusieron entonces que “el Estado o los particulares que sean acreedores de la reparación civil [pudieran] deducir [de la indemnización otorgada por la Corte Interamericana] la deuda previa de la persona o solicitar judicialmente la retención de la reparación que deb[ía] cancelar el Estado”[5]. Han pasado algunos años desde aquel momento y las voces parecen repetirse.

Considero que la doctrina de las “manos limpias” resulta inaplicable en el campo de las reparaciones por violaciones de derechos humanos. Lo anterior, precisamente, en virtud del concepto matriz de esta rama del derecho internacional: el principio de no discriminación. En un tribunal de derechos humanos, la condición de la víctima debe ser irrelevante a efectos de la determinación del daño sufrido y su eventual reparación. Lo contrario implicaría un juicio de valor sobre la calidad del individuo y un condicionamiento para su consideración como sujeto de derechos en el plano internacional. Lo que es peor, se crearían dos categorías de víctimas en el derecho internacional en función a la culpabilidad o inocencia en el fuero interno: aquellos individuos no condenados por delitos contra el orden estatal gozarían de un trato preferente. Un total contrasentido, dado que la obligación de reparar no puede ni debe aplicarse de manera selectiva.

Por otro lado, una lectura sistemática de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permite concluir que las “manos limpias” no caben de manera alguna en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Recientemente, en la sentencia del Caso Manuel Cepeda Vargas, el tribunal realizó un interesante deslinde a raíz de un alegato presentado por el Estado colombiano relacionado con la condición “ideológica” de la víctima. La Corte Interamericana sostuvo así que, “no correspond[ía] […] determinar si existían o no vínculos entre el Senador Cepeda y las FARC y menos aún de este grupo con el PCC o la UP. Si los funcionarios públicos poseían información fidedigna que relacionaba al Senador Cepeda y a los demás miembros de la UP con actividades ilegales, podían poner esta información en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes”[6]. En otras palabras, la Corte Interamericana le contesta al Estado y le dice que ese dato “no le importa”. Un tribunal de derechos humanos, recordemos, no sirve de instancia decisoria de la culpabilidad o inocencia de los individuos.

¿Y entonces, qué hacemos?

Una pregunta válida en medio de esta digresión jurídica es si la realidad política de un país como el nuestro (una sociedad post conflicto todavía muy sensible) permite descartar de manera inmediata la doctrina de las “manos limpias”. El argumento, más allá de su oportunismo electoral, hace sentido para una buena parte de la población peruana. Es más, las consideraciones políticas en torno a las “manos limpias” ya tiñen en el Perú el proceso de reparación gubernamental luego de entregado el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En la práctica, éste excluye a los miembros de las organizaciones terroristas. ¿Quién es una víctima? O en todo caso, ¿quién merece serlo en una sociedad fragmentada como la nuestra?

La insistencia de los tribunales internacionales en demandar la aplicación del principio de no discriminación sin tregua podría aumentar también las tensiones ya existentes con los Estados que enfrentan este dilema. Sin Estados, recordemos, el sistema se cae. ¿Dónde colocar entonces, si se pudiera, el punto medio? Tampoco hay que olvidar que el deber internacional de reparar no puede ser incumplido por un Estado invocando disposiciones de su derecho interno. Todos los derechos humanos son para todos, no solamente para aquellos individuos que creemos inocentes. Se me viene a la mente la imagen de la mujer que representa a la justicia, vendada y con balanza en mano. Pareciera que, para estos casos, preferimos que le eche antes un ojo a las partes que acuden a ella buscando reparación.

Carlos J. Zelada es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Laws (LL.M.) por Harvard Law School. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela de Postgrado en Derecho de la Universidad de San Martín de Porres.


[1] A Law and Economics Look at Contracts Against Public Policy. En: Harvard Law Review Vol. 119 No. 5 (2006), nota 7, p. 1445. Disponible en: http://www.harvardlawreview.org/issues/119/march06/notes/law_economics.pdf.

[2] Tanto así, que el más reciente “Proyecto de artículos sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos” de 2001 no lo considera como uno de los requisitos para la procedencia del mecanismo (artículo 44). Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/478/00/PDF/N0147800.pdf?OpenElement.

[3] Laplante, Lisa. The Law of Remedies and the Clean Hands Doctrine. En: American University International Law Review Vol. 23 No. 1 (2007), pp. 51-90. Disponible en: http://www.wcl.american.edu/journal/ilr/23/laplante.pdf?rd=1.

[4] Corte I.D.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. Como se recuerda, el caso se originó con la puesta en marcha del “Operativo Mudanza 1”, ordenado por agentes estatales con el objetivo de atentar contra la vida y la integridad personal de algunos de los prisioneros de los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro. Para entonces, en dichas secciones se encontraban alojados los acusados y sentenciados por los delitos de terrorismo y traición a la patria.

[5] Corte I.D.H., Caso Del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de agosto de 2008 Serie C No. 181, párr. 30.

[6] Corte I.D.H., Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 84. Ver también, Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 106; Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 5; Corte I.D.H., Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 3.

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