Comentarios al Decreto Legislativo 1097

Por: Edward Quenta Silva *

Con este nuevo Decreto legislativo, los militares procesados por las matanzas del penal el Frontón, barrios altos, la Cantuta y Accomarca no podrán pedir que se archive sus casos amparados en esta norma. En el caso de las muertes en el penal el Frontón[1], en 1986, ya concluyó el proceso de instrucción y se ha remitido el expediente al fiscal para que emita un dictamen con lo que la norma no alcanza a los encausados por los delitos de lesa humanidad.

Puntos de vista a favor

Como vemos, este último decreto emitido por el gobierno relativo a las fuerzas armadas y policiales no busca la impunidad de los violadores a los derechos humanos ya que se ajusta a la normativa legal vigente en el país, debido a que se basaron en consideraciones de orden de derecho internacional y nacional.

El citado decreto fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas([2]), a las fuerzas armadas y policiales. Señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses (tres años) desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.

Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, cuando el país se adhirió a ese convenio.

Los que están favor señalan que esta norma, no pretende obstaculizar el normal desarrollo de los procesos judiciales contra los militares ni policías. Si no se consiguen pruebas de la comisión de un delito, se tiene que archivar la denuncia. Eso se aplica para todos y por qué no para los militares y policías.

Asimismo, los defensores de esta norma, señalan que no se pretende beneficiar al ex presidente Alberto Fujimori –quien fue condenado por violaciones a los derechos humanos- y muchos otros, como denunciaron los representantes del Instituto de Defensa Legal y Aprodeh.

Puntos de vista en contra

Los que están en contra de esta norma, afirman que dicho decreto, promulgado por el poder ejecutivo, beneficiaría a violadores de derechos humanos, quienes podrían ser excarcelados, según denunciaron el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Aprodeh. La norma regula los crímenes de lesa humanidad y establece que los casos cometidos antes del 2003 serán archivados si superan los 3 años. Con ello, el ex presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos o Santiago Martín Rivas, podrían salir libres y se archivarían casos como las matanzas del Frontón, barrios altos, Cayara, pese a que los delitos por violaciones a los derechos no prescriben.

A su turno, la Defensoría del Pueblo difundió un pronunciamiento mediante el cual deja sentada su posición respecto a la norma bajo comentario, aduciendo que es una norma que dispone el archivamiento de los procesos de violación de derechos humanos, seguidos a militares y policías, que hayan excedido los plazos legales. La norma también considera que los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles si se cometieron después del 2003.

En este sentido, podemos apreciar que la Defensoría exhorta a la Comisión de Constitución del Congreso a realizar el control político previsto en el artículo 90º del Reglamento del Congreso, a fin de garantizar su validez y compatibilidad con las normas y principios constitucionales.

En relación a la imprescriptibilidad de los delitos de violación de derechos humanos, la Defensoría exhorta a los magistrados y magistradas del Ministerio Público y del Poder Judicial a tener en cuenta el marco constitucional vigente, las obligaciones internacionales del Estado y la jurisprudencia del Sistema interamericano de protección de derechos humanos en esta materia al momento de resolver las solicitudes que pudieran presentarse invocando el Decreto Legislativo Nº 1097.

Conclusiones

Finalmente, podemos concluir que el Decreto legislativo Nº 1097, no permite la prescripción de los delitos contra la humanidad y los derechos humanos. Sin embargo, debemos reconocer que la preocupación de instituciones como la defensoría del pueblo es válida, teniendo en cuenta que la norma solo habla de la imprescriptibilidad de aquellos delitos cometidos después del 2003.

Si bien es cierto que en una disposición complementaria la norma dice que para efectos procesales se precisa que la Convención sobre imprescriptibilidad para los crímenes de guerra y lesa humanidad([3]), surte efecto para el Perú a partir del 9 de noviembre del 2003, lo cual no significa que vaya a extender un manto de impunidad.

* Bachiller en derecho de la Universidad de Lima, Asesor legal de la gerencia de defensa del ciudadano de la  Municipalidad Metropolitana de Lima, Asesor legal de Echaiz estudio jurídico empresarial, asistente de cátedra de la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

** Foto tomada de la galería de “…from dusk…” en Flickr. La imagen está protegida bajo una licencia “creative commons”, que permite reproducirla sin el consentimiento previo del autor, siempre que sea con usos no comerciales y atribuyéndole su autoría.

[1].             En su momento, el Tribunal Constitucional mediante una resolución declaró prescrito el caso de la matanza de más de 200 presos  en una cárcel de Lima en 1986, proceso al que estaban ligados como testigos el presidente Alan García y el vicepresidente Luis Giampietri. Según el Tribunal, la matanza en la cárcel insular el Frontón no fue un crimen de lesa humanidad, y por tanto tiene períodos de prescripción que ya se cumplieron, con lo que dio la razón al marino Teodorico Bernabé, uno de los involucrados y quien había presentado una acción en tal sentido.

[2].             En el boletín de normas legales del Diario el Peruano, del día miércoles 1 de setiembre de 2010, se publicó el Decreto legislativo que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos.

[3].             El Perú no solo es suscriptor del referido convenio sino también de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo primer artículo se establece el deber de perseguir a los violadores de derecho humanos, en este mismo sentido, ya la Corte interamericana de Derechos Humanos ha sentado jurisprudencia respecto a que para estos casos no proceden ni la amnistía ni la prescripción.

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