Las empresas no están preparadas para el Código de Consumo… ¿deberían estarlo?

Por: Mario Zúñiga Palomino. Abogado. Investigador del Instituto Libertad y Democracia (ILD).

“Las empresas no están preparadas para el Código de Consumo” destaca un titular del diario El Comercio de hace algunas semanas. Lo cierto es que luego de más de un mes de la entrada en vigencia de la norma (al menos de la gran mayoría de artículos) y a más de dos meses de su publicación la gran mayoría de empresas de nuestro mercado no están listas para cumplir todas las obligaciones establecidas por el intervencionista “Código de Protección y Defensa del Consumidor” (en adelante, el “Código”).

Como ya hemos señalado en algún comentario anterior, el Código constituye “un mal ejemplo de cómo debe ser una norma de protección al consumidor y, en general, una norma legal, básicamente por dos razones: i) representa una excesiva intervención del Estado en mercados razonablemente competitivos, en los que la dinámica de la competencia e incluso la negociación individual en una gran cantidad de casos en los que los costos de transacción son bajos hubieran permitido obtener condiciones comerciales más eficientes; y, ii) opta por normas complejas y por regulación que busca encajar perfectamente en todos los supuestos de hecho que pudieran presentarse, allí donde hubieran sido suficientes por normas claras, simples y flexibles”.

¿Deben estar las empresas listas para implementar todas las obligaciones impuestas por el Código? Muchos (probablemente abogados) responderán a la pregunta afirmando que “la ley tiene que cumplirse, mala o buena”. Yo en principio podría estar de acuerdo con esa idea —pues si todos pudiéramos discutir la calidad de las leyes antes de cumplirlas, el enforcement sería sencillamente imposible—, pero no debe perderse de vista, tampoco, que las personas no cumplen las normas espontáneamente. Las personas (y las empresas que éstas integren o dirijan) cumplirán las normas en la medida que tengan un adecuado esquema de incentivos y desincentivos para hacerlo.

Y un esquema adecuado de incentivos y desincentivos implica no sólo la fiscalización de la norma y el establecimiento de sanciones, sino también el hecho de que el costo del cumplimiento de la norma sea razonable. De lo contrario, es decir, si el costo de cumplir las normas es excesivo o irrazonable, las personas optarán por incumplir la norma y correr el riesgo de ser sancionados.

Lo anterior resulta de la mayor relevancia en un país como el Perú, en el que la gran mayoría de actividades económicas se llevan a cabo por micro y pequeñas empresas, y allí donde la gran mayoría de éstas se debate entre la formalidad y la informalidad. En ese sentido, nos preocupa que la gran cantidad de obligaciones impuesta por el Código se sume a la ya significativa cantidad de “sobrecostos” que todo empresario debe afrontar para competir en el mercado peruano. Garantías obligatorias, libros de reclamos, etiquetas para cada producto, listados de precios con características especiales. Todos esas obligaciones tienen un costo. Por supuesto que los defensores del Código dirán que los beneficios otorgados al consumidor ameritan que se incurra en dicho costo.

No obstante ello, vale la pena preguntarse:

i)               ¿Pueden todas las empresas asumir dichos costos? No. Aunque el Código parece estar redactado como si todo proveedor fuera Ripley, LAN Perú o Telefónica (es decir, empresas “poderosas” con una gran solvencia económica), ese no es el caso. Una gran cantidad de empresas no están en la posibilidad de cumplir dichas normas, por menos costosas que nos puedan parecer (dicho sea de paso ¿creen ustedes que los autores del Código realizaron un estudio de costos al diseñar las obligaciones comentadas?). Es probable, en ese contexto que muchas empresas opten por no cumplir, arriesgándose a la posibilidad de una sanción y de ser condenadas a la informalidad, con todas las limitaciones que esta conlleva: a no publicitar sus negocios, a operar en escalas reducidas, a “esconderse” del Estado.

ii)              Y, asumiendo que las empresas pudieran en efecto asumir los costos impuestos por el Código, ¿está dispuesto el consumidor a asumirlos? En algunos casos, sí. En algunos casos los consumidores estarán dispuestos a asumir los costos de las garantías y derechos adicionales otorgados por el Código. En muchos casos, sin embargo, los consumidores estarían dispuestos a “renunciar” a esas garantías y derechos para tener la posibilidad de acceder a precios más bajos. Pero como el Código ha hecho las garantías obligatorias y los derechos “irrenunciables” lo que va a pasar, una vez más, es que consumidores y empresarios van a realizar sus transacciones en el mercado informal. Ello conlleva que el consumidor no tenga la “protección” deseada, pero además otros efectos indeseables: evasión de impuestos, exclusión, etc.

El peor defecto del Código, en ese sentido, es hacer que todas sus normas sean obligatorias e “irrenunciables”. Lo ideal hubiera sido que las condiciones de comercialización de la gran mayoría de productos y servicios (en mercados razonablemente competitivos) se fijen de acuerdo a las condiciones de la oferta y demanda. Así, los consumidores que quisieran garantías y derechos adicionales podrían comprarlos a través de productos y servicios con precios un poco mayores. Los que no, podrían renunciar a ellos, adquiriendo productos y servicios relativamente baratos. En cualquier caso, si se consideraba que cierto grupo de derechos y garantías era importante para los consumidores, que una gran mayoría de éstos los demandaría, pudieron incluirse en el código con una de las frases que más me gusta en las normas legales: “salvo pacto en contrario”. Así, los consumidores que estuvieran dispuestos a “renunciar” a esas garantías y derechos para tener la posibilidad de acceder a precios más bajos podrían hacerlo.

Las normas se hacen para cumplirse, es cierto. Pero es importante que las normas sean razonables y poco costosas, para facilitar a los agentes económicos su cumplimiento y a las agencias y autoridades encargadas de su enforcement la tarea de fiscalización.  En el caso puntual del Código, la irrazonabilidad (más allá de algunos graves errores puntuales) comienza por la excesiva intrusión en condiciones comerciales que deberían ser fruto del equilibrio entre oferta y demanda.

En eso contexto, así se postergara un año la entrada en vigencia del Código (cosa que no sería una sorpresa mayúscula en nuestro páis), la gran mayoría de empresa no va a estar lista para cumplir el Código cabalmente.

* La foto ha sido toma de la galería del Congreso en Flickr.

 

2 Responses to Las empresas no están preparadas para el Código de Consumo… ¿deberían estarlo?

  1. Estimado Mario;

    Es clara tu posición en contra del Código y a favor de los empresarios. Pero como tú mismo lo indicas, las normas se deben cumplir. Serán los empresarios y consumidores quienes evaluarán si el cumplimiento del Código les genera mayores costos o beneficios.

    Sobre tu pregunta: “¿Pueden todas las empresas asumir dichos costos? “, no estoy de acuerdo con tu respuesta.

    Los costos o externalidades negativas que podría haber creado el Código a los empresarios, son trasladadas generalmente a los consumidores en los precios de los productos. Bajo este marco, se pueden presentar dos panoramas: Por un lado, los empresarios no asumen los costos iniciales para posteriormente trasladarlos, seguirán prestando sus servicios hasta ser sancionados por la autoridad de consumo u otra sanción/incentivo. Por otro lado, si los empresarios asumen los costos y lo trasladan a sus consumidores, algunos lo harán a precios más elevados y otros a precios razonables, tornándose de esa manera más competitivos.

    Considero que es en esta circunstancia, lo que ocurre con la externalidad y sus efectos, que debe evaluarse si el Código perjudica o no a la Sociedad en conjunto: Empresarios y Consumidores. Hasta ese momento sólo podremos hipotetizar las teorías económicas.

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