La sentencia del TC (sobre audios obtenidos ilícitamente): ¿una censura encubierta?

Por: Samuel Abad. Profesor de Derecho Constitucional. Socio del Estudio Echecopar.

¿Puede el Tribunal Constitucional (TC) prohibir a los periodistas divulgar informaciones contenidas en interceptaciones telefónicas sobre actos de corrupción que le han sido remitidas?

La respuesta es NO. El interés público y la lucha contra la corrupción así lo justifican. Sin embargo, una reciente sentencia del TC (Exp. N° 0655-2010-PHC/TC) parecía indicar lo contrario. Las reacciones no se hicieron esperar.

 

 

Se trataba de un proceso de habeas corpus iniciado por la esposa de Alberto Quimper contra la resolución del Juez que dispuso el inicio de un proceso penal por los conocidos como “petroaudios”. La demandante pretendía que se anule dicha resolución pues, consideraba, que no podía iniciarse un proceso penal en base a comunicaciones interceptadas. El TC, en su parte resolutiva, declaró “improcedente” la demanda pues afirmó –correctamente- que era prematuro resolver el cuestionamiento formulado dado que el proceso penal se encontraba en trámite. En el Derecho la expresión “improcedencia” significa que el juzgador no ingresa al fondo de la controversia pues estima que no se ha superado un requisito procesal para hacerlo.

Sin embargo, un considerando de dicha sentencia –el fundamento Nº 23- introdujo una prohibición absoluta a los medios de comunicación para difundir interceptaciones de conversaciones telefónicas, salvo que cuenten con autorización de los interlocutores grabados o una orden judicial que lo permita, bajo responsabilidad de ser denunciados penalmente. ¿Quimper hubiera autorizado la divulgación de los “petroaudios”? ¿los periodistas debieron abstenerse de divulgarlos y acudir al juez para pedirle autorización?. Cuando se trata de un asunto de interés público ello no es necesario.

El fundamento Nº 23 del TC salía del caso concreto, estableciendo una prohibición a los medios de comunicación que, obviamente, no habían participado en dicho proceso. Recordemos que la controversia se circunscribía a cuestionar una decisión judicial que daba inicio a un proceso penal. Además, afirmaba que la divulgación por parte de un medio generaba responsabilidad penal. Ello no es cierto. El Código Penal no sanciona a los periodistas que divulguen una información de interés público, así provenga de un “petroaudio”. El Código sanciona a quien interceptan las comunicaciones (artículo 162). Por ello, luego de la difusión de los audios de la entonces candidata Lourdes Flores, en las últimas elecciones municipales, los congresistas Bedoya (Proyecto Nº 4362/2010-CR) y Menchola (Proyecto Nº 4376/2010-CR) presentaron sendos proyectos de ley para tipificar como delito tales conductas, reconociendo así que se trataba de conductas despenalizadas. Es decir, fue un exceso introducir dicha prohibición en una sentencia de improcedencia que al final terminaba apareciendo como una suerte de censura encubierta.

Este argumento fue inicialmente suscrito por cinco magistrados, pues dos no lo compartían. Sin embargo, días después otros dos magistrados manifestaron su oposición, ratificando que la mayoría del TC estaba en contra de dicha prohibición y que carecía de efecto vinculante. Ahora se anuncia una aclaración de la sentencia, es decir, una precisión de sus alcances, pues la mayoría del TC –cuatro magistrados- no comparten dicha afirmación.

Lo sucedido nos deja varias lecciones. Por un lado, que las decisiones del TC no pueden generar una situación de inseguridad e inestabilidad pues el valor de una sentencia no puede variar de un momento a otro. De otro lado, la relevancia de la libertad de expresión y la prohibición de toda censura. Finalmente, reiterar que se trata de un criterio de minoría que no vincula ni al Poder Judicial ni al Congreso y menos a los periodistas. En definitiva, en el mercado de las ideas la libertad de expresión y la prohibición de la censura constituyen derechos fundamentales que nadie puede desconocer.

 

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