Entre botellazos y zanahorias

Por: Oscar Súmar, profesor de la Facultad de Derecho de la UP

Hace unos días ha sido anunciada por la recientemente elegida alcaldesa de Lima, Susana Villarán, la expansión de la implementación del Plan Zanahoria, que consiste en la reducción del horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas.  La medida ha sido criticada en varios sentidos: por un lado, restaría libertad de elección a las personas de manera irrazonable; y, por otro, su implementación sería ilusoria, en cuanto los peruanos solemos eludir las normas gracias a nuestra “viveza” o la falta de voluntad de las autoridades para aplicarlas. Primero me referiré a ambas críticas y luego diré mi opinión general sobre la política que se intenta impulsar.

En relación a la primera: un sector de nuestra academia suele criticar las normas sobre la base de su oposición a la libertad de las personas. Esta es una perspectiva marcadamente ideológica, que privilegia la libertad individual sobre el bien común [i. e. cuando los beneficios de una norma superan sus costos]. Los propulsores de este tipo de críticas habitualmente se identifican con el análisis económico del Derecho. Sin embargo, por más loable que sea, el análisis económico no se identifica con esta perspectiva, sino que está esencialmente basado en el pragmatismo. La afinidad del análisis económico con teorías libertarias debería ser entendida más como un punto de llegada, que como uno de partida. Es decir, el análisis económico difícilmente negaría la conveniencia de una norma sobre la base de una abstracción filosófica [como lo es la protección de la libertad individual], así como no admitiría la conveniencia de la comunidad de la propiedad basada en otras abstracciones filosóficas [como la igualdad].  Desde una perspectiva pragmática, mas bien, se considerarían el contexto y los efectos de una norma como la propuesta. Así, se harían, entre otras, las siguientes preguntas:

Por un lado: ¿qué tantas muertes puede reducir la limitación de horas en la venta de alcohol? ¿qué tantos heridos? ¿qué tantos daños en la propiedad? ¿cuánto se reduciría la tasa de delitos? ¿qué tanto se reduciría el alcoholismo en la población? ¿qué tanto los costos de limpieza de la ciudad?, etc.

Por otro lado: ¿qué efectos tendrán estas restricciones en los negocios [i. e. cuánto dinero dejarán de percibir sus dueños]? y, asociado a esto, ¿qué tantos trabajadores serán despedidos y cuántos impuestos se dejarán de percibir? ¿qué efectos tendrá en la competencia [negocios que dejarán de ingresar en el mercado]?  ¿qué bienes sustitutos serán afectados positiva o negativamente? ¿cómo incidirá en el comportamiento [hábitos] de los consumidores?, etc. Y, solo para ponerlo en el lado de los costos de la balanza: ¿qué tanto se afecta la libertad individual de las personas y qué tanto ésta es valorada por aquellas?

Y, de manera general, ¿cuántas horas se debe reducir la venta de alcohol para ser efectiva? ¿se debe aplicar diferenciadamente o en todos los lugares al mismo tiempo? ¿cuánto costará su implementación? ¿cómo difieren sus efectos dependiendo de su aplicación a locales que se dedican a su venta exclusivamente y los que no?, etc.

Sin responder estas preguntas, desde una perspectiva pragmática, es imposible decir si esta norma es o no conveniente. La conveniencia de estas normas ha sido analizada por otros, en diferentes países [como ejemplos ver: aquí y aquí]; pero no lo ha sido en Perú, antes de proponerse. Esto, por si mismo, es criticable desde una perspectiva pragmática.

La segunda crítica, aunque más extendida, creo que carece de fundamento. Tal como ha sido formulada, es demasiado general y puede servir para criticar, así, cualquier norma. Dada la corrupción de nuestros funcionarios y nuestra tendencia a eludir normas, entonces tampoco tendría sentido prohibir los homicidios. Los homicidios ocurrirán sea que haya norma o no, entonces, ¿para qué prohibirlos?

Volviendo a la norma que nos ocupa, si no es aplicada, en efecto, no tendrá mayores consecuencias. No obstante, creo que lo más sensato sería pensar que, por lo menos en algún grado, sí lo será. Sus efectos variarán dependiendo del grado de aplicación [enforcement] -lo cual también puede ser medido-, pero no hay duda que tendrá efectos.

Como comentario final, diría que la alcaldesa acierta al considerar que la aplicación debería ser general, ya que con eso reduce los efectos colaterales [bienes sustitutos] de la norma. Por otro lado, sí creo que los críticos tienen un punto: existen otras medidas que no pueden ser dejadas de lado por el Estado para combatir el crimen o la ocurrencia de accidentes; por un lado;y, debería tratarse por todos los medios de evitar la percepción ciudadana de que las normas son dictadas formalmente, pero nunca aplicadas. Finalmente, como ya mencioné, es patente la falta de estudios para responder, entre otras, las preguntas que aquí se han formulado sobre la conveniencia de esta medida. Sin responderlas, no se hace otra cosa que adivinar que esta norma es más beneficiosa que perjudicial para la sociedad en conjunto.

5 Responses to Entre botellazos y zanahorias

  1. Definitivamente resulta irrisible la forma en la cual se dictan normas, sin previamente -como se expresa en el post- observar la conveniencia de alguna medida o norma. Sin ir muy lejos, podemos ver que en cada proyecto de norma del Legislativo el análisis costo-beneficio, exigido por el propio reglamento del Congreso, se limita a decir: “(…) La presente norma no generará ningun costo para el Estado y los beneficios son muchos”.
    Considero que, si bien no es una medida que guste a todos, resulta eficaz para evitar brindar mayores facilidades para aquellos que consumen bebidas alcohólicas de manera irresponsable.

  2. Freddy dice:

    Excelente post Oscar.

  3. celeste dice:

    La restriccion puede que presente algun beneficio,sin embargo, tambien surge una observacion: solo se esta prohibiendo la venta, mas el consumo puede hacerse a todas horas…
    Indudablemente, un mayor estudio del costo-beneficio debio de ser analizado con mayor profundidad y no tan a la ligera.

  4. Celeste: comprendo ese punto, sin embargo no me parece determinante. Esto, por cuanto la restricción del horario de venta tiene un impacto en el consumo. Es probablemente menor que el impacto de prohibir la venta Y el consumo, al mismo tiempo, pero es un impacto al final. La política no necesariamente busca reducir el consumo al máximo nivel, sino a un nivel determinado que podría o no ser el que se conseguiría prohibiendo solo la venta. Al no saber eso, no podemos criticar la medida en este sentido.
    Muchas gracias por tus comentarios en la página, ojalá contemos habitualmente con tu participación.
    Saludos,
    Oscar

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