Los Decretos de Urgencia 001 y 002: ¿puerta abierta para las inversiones o bombas de tiempo?

Por: Edward Quenta Silva, abogado por la U. Lima

Como es de conocimiento público, los Decretos Urgencia en mención, fueron emitidos el 18 y 21 de enero del año en curso, respectivamente. Estos tienen por finalidad, facilitar la promoción de la inversión privada en determinados proyectos  de inversión, asociaciones público-privadas y concesión de obras públicas de infraestructura y servicios.

Estas disposiciones incluyen asimismo, un listado de 33 proyectos([1]), considerados prioritarios, para los cuales se establecen mecanismos que permitirán acelerar su culminación. Sin embargo, lo que es objeto de controversia es el punto referido a las certificaciones ambientales necesarias para su realización. Al respecto, el referido Decreto de Urgencia Nº 001, en su artículo 5º, establece que serán requeridas por la entidad concedente antes del inicio de la ejecución de los proyectos o de las actividades de servicios y comercio correspondientes y no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial otorgadas por dichas entidades para el ejercicio de las actividades económicas  materia del proyecto adjudicado.

Posiciones a favor

Ahora bien, hay opiniones de distintos sectores que apoyan estos polémicos decretos y basan su hipótesis, fundamentalmente,  en que ambas normas no vulneran la normatividad ambiental vigente, debido a que estas están destinadas a exonerar del estudio de impacto ambiental a determinados proyectos de inversión como requisito previo para la obtención de autorizaciones administrativas.

Siguiendo esta misma línea de análisis, el Ministerio del Ambiente (MINAM), defiende ambos decretos poniendo como antecedente otro Decreto de Urgencia Nº 121-2009, publicado el 24 de diciembre del  2009, que ya facilitaba la adjudicación de proyectos sin que se haya aprobado antes un estudio de impacto ambiental. Y afirma que estos decretos se sustentan, textualmente, en la Ley Nº 27446 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación del impacto Ambiental), que dispone que: «el titular del proyecto puede, bajo su cuenta y riesgo, iniciar trámites administrativos que tengan como requisito la certificación ambiental, lo cual en ningún caso implicaría la posibilidad de ejecutar parcial o totalmente el proyecto». Adicionalmente, sostienen que la participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de evaluación del impacto ambiental, el cual podrá avanzar a la par de los otros trámites administrativos.

En lo referente al tema del estudio de impacto ambiental, ambas normas, sólo buscan otorgar facilidades a los inversionistas, debido a que no eliminan el requisito, sino que se da una facilidad para que en paralelo se desarrolle el proyecto y al final está absolutamente asegurado que en ningún caso se puede aprobar ni otorgar una aprobación a ningún proyecto que no cuente con la conformidad medioambiental.

Posiciones en contra

Una de las críticas a ambos dispositivos es que, con su aprobación, la certificación ambiental ya no será un requisito previo para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial. Así, este podría convertirse en una mera formalidad administrativa, lo cual es inaceptable. Como vemos, a partir de ahora, las autoridades podrán decidir sobre el otorgamiento de dichas autorizaciones administrativas sin poder tomar en cuenta las consideraciones ambientales y sociales que se desprenden del estudio del impacto ambiental([2]).

Por otro lado, ambos decretos relajan y disminuyen las exigencias ambientales debido a que los estudios de impacto ambiental (EIA) se presentarán luego de las concesiones y no antes, debilitando la importancia que deben tener estos, en casos de obras que pueden alterar el medio ambiente.

En lo respecta al tema de la consulta previa, podemos indicar que los estudios ambientales no solo son análisis del impacto ambiental que tendrá el proyecto en el entorno, sino que además involucran la opinión de los pobladores de la obra. Las modificaciones que se pretenden establecer en los requisitos, pueden hacer que al final haya una mayor presión de las empresas para que se aprueben los estudios de impacto ambiental para poder comenzar la obra, y que los proyectos han obtenido una autorización previa para realizar planos.

Conclusiones

Nuestro principal cuestionamiento al respecto es que en la publicación de estas leyes no se señala cuales son las consideraciones extraordinarias que justifican su publicación con carácter de urgencia. Es por este motivo que creemos necesario abrir el debate en torno a este tema y proponer para que el Congreso de la República intervenga cuanto antes en este asunto de interés público.

Como una segunda conclusión, y después de haber analizado previamente las posturas a favor y en contra de estos polémicos decretos, nos reafirmamos en nuestra posición inicial, cuestionando de inconstitucionales a ambos Decretos y que deberían de ser dejados sin efecto por el Congreso, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, pues, no cumplen con lo establecido en el artículo 118º, inciso 19, de la Constitución Política del Perú, en el artículo 91º del Reglamento del Congreso de la República y en el Fundamento 60 de la sentencia Nº 0008-2003- AI/TC del Tribunal Constitucional([3]).

Finalmente, consideramos que el propósito del ejecutivo es facilitar las condiciones y acelerar las inversiones en el País, pero generando conflictos sociales y los Decretos de Urgencia en mención son una prueba de ello. Creemos que no se puede pretender alcanzar el desarrollo del país si solo se ve la arista económica, ya que los aspectos ambientales y sociales también son decisivos.


[1]. Como un dato adicional, podemos mencionar que entre los 33 proyectos priorizados en los Decretos de Urgencia figuran el terminal norte multipropósito del Callao, la concesión de un establecimiento penitenciario en Lima, el proyecto de islas San Lorenzo y el Frontón, los terminales portuarios de Iquitos, Yurimaguas y San Juan de Marcona, diversas líneas de transmisión de energía eléctrica y la carretera irsa centro.

[2]. La certificación ambiental establecida como condición obligatoria por diversas leyes, ya no serán un requisito previo para obtener una licencia de uso de agua o para ganar una concesión para generar energía hidroeléctrica.

[3]. Entre los requisitos materiales que establece la Constitución se encuentra que los Decretos de Urgencia solo pueden ser expedidos en los siguientes casos: Cuando se legisle en materia económica y financiera, cuando se esté ante una situación excepcional e imprevisible y cuando exista una urgencia de interés nacional. Sin embargo, estos requisitos no se cumplen en este caso, debido a que ambas normas tienen un carácter administrativo pero no económico ni financiero.

2 Responses to Los Decretos de Urgencia 001 y 002: ¿puerta abierta para las inversiones o bombas de tiempo?

  1. Luis Enriquez dice:

    Y donde esta el Poder Judicial y Ministerio Publico que de Oficio deberia ya haber inervenido? ¿Donde esta la Defensora del Pueblo? Bien , gracias, hoy todos estan entretenidos para lñas proximas elecciones y reeleciones , y hasta financiados por dineros del narcoytrafico, y facil dicen que no sabian que era del narcotrafico, que lo van a devolver……Revisen las noticiaS DEL DIA CUANDO FUE INAUGURADO EL NUEVO mINISTERIO DEL aMBIENTE PARA EL PSEUDO AMBIENTALISTA PRO-MINERO ANTONIO BRACK, que confesaron que se creaba el Minsietrio del Ambiente para apoyar y garantizxar la gran inversion privada (minera) estan en los perioddicos de la epoca…Y nadie dice nada.
    Hay un precepto biblico QUE DICE “MI PUEBLO PERECIÓ POR FALTA DE CONOCIMIENTO” Y eso es cierto, mientras mantengamos ignorantes al pueblo peruano, mientras no se difundan los derechos constitucionales, el pueblo lo ignorará siempre y sera facil presa de los gobiernos corruptos…
    Atte,
    INGº LUIS ENRIQUEZ BENITO
    EX DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD
    Tacna – Año 2003

  2. Luis David Enriquez Benito dice:

    Los Decretos de Urgencia 001 y 002, son totalmente anticopnstitucionales, pues viola el debido proceso establecido en al ley 27444, en la Constitucion olitica del Peru respecto al proceso judicial, pues como se pude exonerar de presentar el Estudio de Impacto Ambiental EIA para todo proyecto asi sea una Obra Privada o estal es de obligatorio cumplimiento la presentacion del estudio de Impacto ambiental EIa, quie considera tres aspectos importanmtes: 1) el aspecto economico, 2) el aspecto ambiental en si y 3) el aspecto social, esta ultima que constituye la LICENCIA SOCIAL, QUE ES LA EXPRWESIONA DE LA VOLUNTAD POPULAR DE QUERE O NO QUERER QUE SE HAGA UNA OBRA EN DETERMINADO LUGAR, Y SI LO QUIEREN TIENE QUE SER DE MANERA CONCERTADA AL 100 POR CIENTO. lO DIGO CON CONOCIMIENTO DE CAUSA, CUANDO ME CAPACITARON EN EL MEF EN LIMA SOBRE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, cuando desempeñe el cargo de Sub Gerente de Proyectos de Inversion del Ex Ctar Tacna en el año 2002 (hoy Gobierno Regional Tacna).
    Osea en resum,en es INMENSAMENTE ANTICONSTITUCIONAL, Y POR ESO DIGO Y ME RATIFICO Y QUE HACE EL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DEL VIOLADOR DE LA LEY, EN ESTE CASO DEL PTRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Y DE LOS PROPIS CONGRESITAS QUE LO PERMITEN?
    Atentamente,
    INGº LUIS ENRIQUEZ BENITO
    Email: lenriquezb@hotmail.com
    damat_tacna@yahoo.com

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