Decretos de Urgencia y Desastre Legal

Por: Antonio Peña Jumpa, Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú

¿Una norma legal puede producir daños y muertes semejantes a un terremoto u otros desastres por causas naturales o humanas? Lo ocurrido en Bagua el pasado 5 de Junio del 2009 es una muestra de lo que en efecto puede ocurrir. En aquella fecha el gobierno central se resistió a derogar decretos legislativos que transgredían derechos constitucionales de pueblos originarios o indígenas, hasta que se produjo un conflicto social con graves consecuencias.

Las normas legales son medios o instrumentos que sirven para regular la sociedad, mejorar la convivencia humana y hacer posible su desarrollo en paz. Pero, las normas legales también pueden ser utilizadas para otros fines. En sociedades con Estados débiles, como el Perú, las normales legales pueden ser utilizadas para favorecer intereses particulares que pueden producir resultados violentos: protestas con enfrentamientos, daños y muertes.

Los Decretos de Urgencia Nro. 001-2011 y 002-2011, promulgados por el Presidente de la República con el respaldo de su primer ministro y su ministro de economía el 18 y 21 del mes de Enero pasado, se inscriben dentro de ese contexto. Los mencionados Decretos declaran de “Necesidad Nacional” 33 proyectos de inversión simplificando sus procedimientos administrativos (incluyendo el silencio administrativo positivo a favor de los inversionistas) para que sean autorizados. Esta simplificación administrativa, lamentablemente, se focaliza nuevamente en la transgresión de derechos constitucionales de los pueblos originarios o indígenas y de poblaciones locales en general, pero también de derechos constitucionales que garantizan un medio ambiente sano a favor de todos.

¿Qué motiva la urgencia de estos Decretos a pocos meses del cambio de gobierno central? ¿Por qué se priorizan determinados proyectos de inversión discriminándose otros? ¿Qué beneficios se esperan a favor de la población peruana al simplificar procedimientos regulares pre-establecidos transgrediéndose derechos constitucionales?

A pesar de haberse rectificarse parte de los Decretos de Urgencia el pasado 17 de Febrero (Decreto de Urgencia Nro. 005-2011), su vigencia e insistencia en aplicarlos en los meses que queda de la gestión actual del gobierno central demuestra su preferencia por grupos económicos o personas que se beneficiarían con las autorizaciones respectivas. Se prioriza derechos de determinados inversionistas excluyéndose los de otros. La urgencia y excepcionalidad del contenido de los Decretos se justifica en la aparente generación de empleos y mejora de ingresos fiscales. Pero, no se sopesan las desventajas y pérdidas:

–          Se transgrede la Constitución Política y el orden social y económico en general al preferirse derechos particulares.

–           No se toma en cuenta que la simplificación administrativa a favor de los inversionistas ahonda la exclusión de las poblaciones originarias o indígenas cuyos derechos constitucionales de participación y consulta previa prácticamente desaparecen.

–          Se instituye por Decreto Supremo (a promulgarse en lo inmediato) la institución de la “servidumbre forzosa”, a ser impuesta por el Estado a pedido de los inversionistas para afectar predios requeridos que pueden ser de propiedad de los pueblos originarios o de poblaciones locales en general.

–          El Estado adjudica, “automáticamente” y a título gratuito, todo terreno o edificación de su propiedad “directa o indirecta” requeridos por los inversionistas para sus proyectos de inversión, sin contemplar la posible contraposición de derechos de otros ciudadanos.

–          La simplificación administrativa propuesta y el interés por priorizar determinados proyectos de inversión afectará necesariamente la calidad de las certificaciones ambientales. Las facilidades de “servidumbres forzadas” como de las adjudicaciones “automáticas” confirman esta probable afectación a la protección del medio ambiente.

Múltiples instituciones, entre las que destacan los propios gobiernos regionales, se han pronunciado contra la aplicación de los Decretos de urgencia en mención. La defensoría del pueblo ha destacado el riesgo de multiplicar los numerosos conflictos socio-ambientales que lleva en registro. Los organismos no gubernamentales han resaltado la inconsistencia técnica y formal de los Decretos. Sin embargo, si no hay una rectificación total del gobierno central, o un serio compromiso de control por parte del Congreso de la República y el Tribunal Constitucional, los efectos negativos de los mencionados Decretos de  Urgencia continuarán desarrollándose.

Cuanto más se atrase la corrección o control de los Decretos de Urgencia cuestionados, mayores serán las probabilidades de conflictos como los de Bagua o Ilave. ¿Es que no aprendemos que las normas legales también pueden producir desastres de esta naturaleza?

(Lima, Pisco, 17-21 de Febrero 2011)

 

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