¿A qué juega el Tribunal Constitucional respecto al arbitraje?: un nuevo fallo que atenta contra el arbitraje en el Perú

Por: Fernando Cantuarias S., Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Árbitro Internacional.

Cada vez que viajo a dictar alguna conferencia  en seminarios o congresos referidos al arbitraje comercial internacional, no dejo de escuchar que la Ley de Arbitraje peruana de 2008 es, probablemente, la mejor de América Latina. Sin embargo, seguidamente los mismos que opinan de esa manera, no dudan en afirmar que el Perú difícilmente es una sede idónea para la práctica del arbitraje comercial internacional. ¿Cómo así? ¿Acaso se trata de una contradicción? Pues no lo es, porque esta última afirmación tiene directa relación a los cuestionables fallos que últimamente está emitiendo nuestro Tribunal Constitucional (TC).

Para muestra un botón: La reciente sentencia del TC de 15 de marzo de 2011, en el Expediente de Amparo No. 02851-2010-PA/TC, iniciado por la empresa IVESUR S.A. contra los integrantes del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Antecedentes

Los hechos son así de simples: Existe un contrato que contiene el sometimiento de los conflictos a un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (el CENTRO). Iniciado el arbitraje se requiere designar al árbitro de una de las partes ante su incumplimiento en el nombramiento, por lo que el Consejo Superior de Arbitraje (encargado de tal designación conforme a las Reglas de Arbitraje del CENTRO) procede a designar al doctor Jorge Vega Velasco. Este árbitro junto con el designado por la otra parte proceden a nombrar al Presidente del Tribunal Arbitral y luego del procedimiento de arbitraje respectivo, emiten laudo.

Pues bien, sucede que al momento en el que se designa al doctor Jorge Vega Velasco, dos de los miembros del Consejo Superior de Arbitraje eran el doctor Alonso Rey Bustamante (que aparece firmando un escrito de una de las partes) y el doctor Hugo Sologuren Calmet (socio de un Estudio de abogados junto con el doctor Vega) quienes, sin embargo, y tal como consta de todo lo actuado, jamás intervinieron en la designación del doctor Vega Velasco  como árbitro.

Ante esta designación, la empresa IVESUR S.A. en vez de recusar al árbitro (como correspondía) pretendió una nulidad de la designación realizada por el Consejo Superior de Arbitraje, lo que fue rechazado como correspondía hacerlo y, luego de que se dictara el laudo en su contra, en vez de reclamar vía anulación de laudo como manda la Ley General de Arbitraje de 1996 bajo cuyo ámbito se llevó a cabo este arbitraje , inició una acción de amparo pidiendo la nulidad del nombramiento del doctor Vega Velasco y, de paso, del laudo que le era contrario.

Argumentos del TC para justificar su competencia

El TC ya había determinado en los fallos SSTC N° 06167-2005-HC/TC y 06149-2006-AA/TC que a fin de preservar la jurisdicción arbitral, el amparo sólo resultaría procedente, una vez agotada la vía del recurso de anulación que expresamente prevé la Ley General de Arbitraje de 1996 como único recurso válido para impugnar un laudo.

Sin embargo, en este caso el TC consideró que la vía de la anulación no permitía atender los cuestionamientos constitucionales planteados por IVESUR S.A., ya que, en sus propias palabras: “¿el cuestionamiento conjunto sobre la falta de independencia en el acto de elección de los árbitros y la derivada presunta parcialidad de estos con una de las partes se encuentra contenido dentro de algún supuesto para la interposición del recurso de anulación? Este Colegiado considera que no, toda vez que ya sea por la vía de la aplicación literal o por la vía de la interpretación de las causales de procedibilidad del recurso de anulación contenido en la Ley General de Arbitraje, aplicable al caso en concreto, no es posible, sin desfigurar intensamente la norma legal, admitir que se había previsto el recurso de anulación como vía previa para la instalación del proceso de amparo cuando se cuestiona un asunto constitucional relacionado esencialmente con la independencia en la actuación del CSA”.

En buen castellano, para el TC no existía en la Ley General de Arbitraje de 1996 vía idónea alguna para que IVESUR S.A. pudiera alegar  lo que en el fondo era y es su argumento: que el árbitro Jorge Vega Velasco había sido mal designado.

La Ley General de Arbitraje de 1996 prevé expresamente la vía a seguir

El artículo 28 de la Ley General de Arbitraje de 1996 (es decir, una Ley dictada 15 años antes de este fallo del TC), dispone expresamente lo siguiente:

“Artículo 28°.- Los árbitros podrán ser recusados sólo por las causas siguientes:

(…)

3. Cuando existan circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia”. (el subrayado es mío)

Pues bien, en este caso, si IVESUR consideraba que la circunstancia cómo había sido designado el doctor Jorge Vega Velasco daba lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia, pues debió recusarlo, pero no lo hizo en momento alguno quedando así ratificada esta designación.

Pero, además, cuando el Laudo fue emitido, lo que correspondía era interponer recurso de anulación (artículo 73 de la Ley General de Arbitraje de 1996), en base a la siguiente causal:

“Artículo 73°.- El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por las causales siguientes, siempre y cuando la parte que alegue pruebe:

(…)

3. Que la composición del tribunal arbitral no se ha ajustado al convenio de las partes, salvo que dicho convenio estuviera en conflicto con una disposición legal de la que las partes no pudieran aparatarse o, a falta de convenio, que no se han ajustado a dicha disposición, siempre que la omisión haya sido objeto de reclamo expreso en su momento por la parte que se considere afectada, sin ser subsanado oportunamente” (el subrayado es mío).

Para cualquiera mínimamente conocedor de la legislación arbitral internacional y peruana y digo “internacional” porque las causales de anulación contenidas en la Ley General de Arbitraje peruana de 1996 y en la actual Ley de Arbitraje de 2008 han sido tomadas de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de UNCITRAL y de la Convención de Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, esta es la causal que corresponde alegar cuando un tribunal arbitral, cualquiera sea, no se ha constituido de la manera que correspondía hacerlo.

Así, si IVESUR S.A. consideraba que el tribunal arbitral en su caso no se había compuesto correctamente porque al momento en que se designó al árbitro Jorge Vega Velasco el Consejo Superior de Arbitraje no actuó correctamente conforme a las disposiciones reglamentarias que lo regulan (lo que al leer el fallo del TC no aparece probado de forma alguna), lo que correspondía era plantear en sede judicial vía recurso de anulación, la anulación, valga la redundancia, del laudo emitido.

Sin embargo, IVESUR S.A. no inició la vía idónea legal y prefirió recurrir en amparo y el TC en vez de observar la Ley, garantizar el estado de derecho y la institucionalidad declarando improcedente el amparo, decidió darle trámite desconociendo el texto expreso y claro de la Ley General de Arbitraje y, en base a meras “apariencias” dejó sin efecto un laudo que era legalmente cosa juzgada.

Este cuestionable fallo ha sido firmado por los magistrados MESÍA RAMÍREZ, BEAUMONT CALLIRGOS, CALLE HAYEN y ETO CRUZ.

Quiero terminar este corto análisis destacando los votos en minoría de los magistrados ÁLVAREZ MIRANDA, VERGARA GOTELLI y especialmente de URVIOLA HANI, quien identifica correctamente que: “En la sentencia de la mayoría, no se ha analizado ni identificado indicio alguno de parcialidad del árbitro Jorge Vega Velasco, por lo que me parece arbitrario e injustificado que se decida en el fallo que se dejen sin efecto ‘los actos en que participó’ dicho árbitro, incluido el laudo arbitral” (el subrayado es mío).

 

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One Response to ¿A qué juega el Tribunal Constitucional respecto al arbitraje?: un nuevo fallo que atenta contra el arbitraje en el Perú

  1. omar Lopez says:

    Lamentablemente los Magistrados no aplican correctamente los fallos Arbitrales y de esos se valen malos abogados para recurrir a la Via Judicial a solicitar la anulacion del Laudo, iniciandose un tedioso proceso judicial que puede tardar muchos años, es decir si los Tribunales Arbitrales se constutuyeron para aliviar la carga procesal de los juzgados y salas, en la practica se ve otra cosa, deberian uniformar los criterior y el laudo debia solo ejecutarse en via judicial sin mas tramite y en el caso de recursos maliciosos que tienen como unica finalidad el pretender retraerse a la obligacion, pagar una suma de dinero altisima,.

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