Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la presencia de símbolos religiosos en las salas judiciales

Por: Susana Mosquera, Doctora en derecho con mención de doctorado europeo por la Universidad de A Coruña, España. Profesora de Derecho eclesiástico del estado de la Universidad de Piura.

El objetivo de este pequeño trabajo no es otro que el de analizar de modo sencillo los argumentos  que el Tribunal Constitucional peruano ha puesto a nuestro alcance para llegar a una mejor comprensión del modelo peruano de relaciones iglesia estado.

La oportunidad jurídica de la sentencia n° 06111-2009-AA no podía ser mayor pues ha visto la luz en tiempo casi simultáneo con una sentencia del Tribunal Constitucional austríaco y con la importante sentencia Lautsi II de la Gran Sala del Tribunal europeo de derechos humanos, siendo el caso que las tres estudian el mismo tema: la presencia de símbolos religiosos en espacios bajo la administración del estado (centros educativos públicos, en los casos europeos, salas judiciales en el caso peruano). Lo relevante no sólo es la coincidencia temática y temporal, las tres sentencias son de marzo de 2011, sino que las tres dan la misma respuesta: la presencia de símbolos religiosos en los espacios administrados por el estado no lesiona el contenido constitucional o convencional asignado al derecho de libertad religiosa.

Siendo esa la respuesta general, coincidente en las tres sentencias, los argumentos utilizados en cada caso son necesariamente diferentes, en la medida en que cada uno de ellos responde a una muy concreta realidad jurídica. La petición que llega al TC peruano en forma de recurso de agravio constitucional luego de haber sido desatendida en primera y en segunda instancia –con los equivocados argumentos de no haber encontrado materia de contenido constitucional en la petición, no haber agotado la vía previa, o la no procedencia del amparo para el pedido del demandante- es recibida por el alto tribunal que asume su responsabilidad y en vez de recomponer el proceso sigue adelante con el procedimiento, cosa que alabamos muy sinceramente.

El pedido que hace el recurrente en este caso es, en primer lugar, que se ordene retirar todos los símbolos religiosos católicos –crucifijos y biblias- de las salas y despachos del poder judicial y en segundo lugar, que deje de realizarse la pregunta sobre la religión que profesa el procesado o declarante, usual en toda diligencia ante el Poder Judicial.  Estas dos peticiones son la oportunidad para que el TC estudie el significado que da a los principios que estructuran y vertebran el modelo peruano de relaciones entre el poder político y religioso: libertad religiosa, igualdad, laicidad y colaboración, para finalmente llegar a la conclusión de si la presencia del crucifijo y la biblia en los despachos y tribunales del Poder Judicial es o no compatible con ese marco constitucional. Su conclusión respecto al primer punto es que sí lo es y ello por una razón que se resume en una idea central: “(…) si bien en un templo el crucifijo tiene un significado religioso, en un escenario público (…) tiene un valor cultural, ligado a la historia del país, a su cultura y tradiciones. En tal contexto, que el Estado mantenga dichos símbolos en tales espacios públicos no significa que abandone su condición de Estado laico para volverse un Estado confesional (…) La sola presencia de un crucifijo o una Biblia en un despacho o tribunal del Poder Judicial no fuerza a nadie a actuar en contra de sus convicciones (…) no puede sostenerse que de la presencia de tales símbolos se derive una obligación para el recurrente (de adoración o veneración, por ejemplo), cuyo cumplimiento afecte a su conciencia (…)”[1].

Estamos de acuerdo con la idea central que se expresa en este párrafo y compartimos de modo completo el camino que ha trazado el tribunal en su razonamiento, pero aunque la técnica utilizada por el alto tribunal ha sido la más correcta –y ha estado muy nutrida tanto de su propia jurisprudencia como de referencias al derecho comparado- no ha estado exenta de pequeños y puntuales errores. Considera el alto tribunal que el Perú es ya un estado laico y yo personalmente no comparto esa opinión, pues no hay en ningún lugar del texto constitucional una sola mención a la laicidad del estado, ni tampoco encontramos esta idea en la jurisprudencia previa del propio TC – por ejemplo, en el EXP. N° 3283-2001 varias veces mencionado se califica al modelo peruano como de estado a confesional-; justamente en un estado laico que mantiene una separación mucho más nítida entre poderes –político y religioso- difícilmente podríamos encontrar una presencia tan significativa de símbolos religiosos como la que muy detalladamente –quizás en exceso- nos relata el alto tribunal, que estuviese dando lugar al tipo de caso que nos encontramos aquí resuelto.

Mi opinión es que el modelo peruano de relaciones iglesia estado ha dejado atrás la confesionalidad formal y está avanzando hacia un modelo de no confesionalidad protector del derecho de libertad religiosa de todos los ciudadanos, haciendo esfuerzos notables para integrar y garantizar igualdad de trato a todas las entidades religiosas, protección que deberá incorporar una mayor dosis de tolerancia y respeto mutuo, entre mayorías y minorías religiosas.

Finalmente, con razones que hubiesen justificado una respuesta diferente, el tribunal acepta los argumentos del recurrente y prohíbe indagar sobre la religión en lo que en mi opinión es una equivocada interpretación de dos cuestiones básicas, del contenido del derecho a la libertad religiosa, -que no prohíbe preguntar si no que garantiza que de la respuesta o del eventual silencio no se deriven consecuencias negativas para el interrogado- y de la finalidad que tiene esa pregunta, conocer si el procesado o declarante va a utilizar o no la Biblia para hacer su juramento.

Para proteger de un modo adecuado los derechos de contenido cultural, y el de libertad de pensamiento, conciencia y religión lo es, resulta indispensable observar con detalle la identidad cultural a proteger, de lo contrario nos encontraríamos con un estado que trata de interferir en la importancia o peso que pueden llegar a tener las religiones –mayoritarias o minoritarias- en esa sociedad, mostrando entonces una actitud jurisdiccionalista incompatible un efectivo respeto a los derechos de la persona. El derecho no provoca el cambio, lo recibe y se adapta a él.

* Imagen tomada de la galería de Oneselfsacrifice en Flickr.


[1] EXP. N°. 06111-2009-PA/TC, párr. 44 y 45.

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