En defensa del orden constitucional: comentario post-elecciones

Por: Samuel Abad, Constitucionalista. Profesor de Derecho Constitucional en la UP. Socio del Estudio Echecopar

Cada cinco años asistimos a un nuevo proceso electoral en el que se define el destino del país y lo que ello significará en relación al crecimiento económico, el fortalecimiento de la institucionalidad y la disminución de la brecha social existente. Sin embargo, los resultados de estas últimas elecciones marcan la pauta de un desentendimiento entre opciones  democráticas y propuestas autoritarias. A ello se une la fragilidad de nuestra clase política que no apuesta por la concertación sino por individualismos que terminan debilitando las opciones democráticas. “Divide y reinarás” pareciera que ha sido la frase que ha beneficiado a las opciones autoritarias.

No estamos de acuerdo, y la historia así lo demuestra. Veamos.

No puede haber crecimiento sostenible y legítimo sin respeto a la institucionalidad. La defensa de la libertad de expresión y, en definitiva, los derechos humanos no pueden cambiar por una votación. La vigencia de una Constitución y lo que ella significa en términos de seguridad para todos y todas no puede alterarse de la noche a la mañana. Es preciso buscar consensos y respetar las diferencias que permitan marcar el futuro del país. En definitiva, la democracia exige y necesita de consensos.

Por eso, más allá de los resultados electorales y reconociendo que pueden haber cambios constitucionales puntuales, no podemos “desdibujar” el orden constitucional hasta el extremo de permitir la reelección presidencial o los indultos “familiares”.  Lamentablemente los resultados electorales nos plantean esa disyuntiva.

Si es importante tomar consciencia que se requieren cambios y que la Constitución y las instituciones democráticas que ella contempla pueden apoyarlos para afianzar a los sectores menos favorecidos. Por ello, es preciso elegir al nuevo Defensor del Pueblo y a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que quedarán pendientes al culminar esta legislatura. Y es que en una democracia, tan especial como la nuestra, el control resulta indispensable. Este nuevo Congreso tendrá la opción de decidirlo.

En definitiva, cualquier cambio constitucional debe ir en defensa de las personas excluidas del país, pero siempre respetando el Estado de Derecho. De lo contrario volveríamos a la arbitrariedad de los años noventa.

Cinco años después la historia se repite. Ahora no hablan de Asamblea Constituyente ni de retorno a la de 1979, pero ello termina siendo más grave, pues no se sabe sinceramente a que se aspira. Por ello, es indispensable tener como indicador que quienes lleguen a la segunda vuelta respeten el orden constitucional y efectúen un compromiso público por defenderlo dejando expresamente de lado propuestas de reelección presidencial y aspiraciones autoritarias. De lo contrario, habremos retrocedido y la estabilidad económica también.

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