Aprovechamiento económico de pasivos ambientales mineros

Por: Jorge Gutiérrez S., abogado y consultor internacional. Socio de Deustua & Halperin Abogados.

Contablemente, el término “pasivo” está referido al conjunto de deudas que tiene una empresa con terceros. Cuando hablamos de pasivos ambientales, obviamente, nos referimos a deudas asociadas a la existencia de un daño ambiental ocasionado por las actividades económicas desarrolladas por una empresa. Este tipo de deudas comprende distintos conceptos como el costo de las obligaciones de remediación o mitigación medioambiental, las multas administrativas aplicables conforme a ley o las indemnizaciones por la afectación de intereses particulares o colectivos.

Con frecuencia los pasivos ambientales son consecuencia de actividades económicas que se desarrollaron en el pasado sin los cuidados ambientales que la ley exige en la actualidad. Algunos de ellos son tan antiguos que no se conoce al generador ni tienen un responsable identificable. En el Perú, los pasivos ambientales de naturaleza minera se han convertido en uno de los problemas de contaminación más serios del país.

La Ley Nº 28271 define los pasivos ambientales mineros como “aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”. De acuerdo a la indicada ley, en caso de no poderse identificar al responsable del pasivo, el Estado debe hacerse cargo del mismo, asumiendo la obligación de ejecutar el cierre, con todos los costos que ello involucra, a fin de frenar la contaminación.

Desde el año 2004, el Ministerio de Energía y Minas desarrolla la tarea de inventariar los pasivos ambientales mineros existentes e identificar a los responsables de la obligación de remediación y cierre. Hasta el momento, el inventario contiene más de 5500 pasivos ambientales mineros, la mayoría de los cuales no tiene un responsable identificado.

Como una alternativa para contribuir a la solución del agobiante problema que los pasivos ambientales representan para el Estado, el Reglamento de la ley en mención (Decreto Supremo Nº 059-2005-EM) regula la denominada “remediación voluntaria” de pasivos ambientales mineros, una de cuyas modalidades es el reaprovechamiento de sustancias minerales. De acuerdo al Reglamento, el reaprovechamiento “consiste en la extracción de minerales de pasivos ambientales tales como desmontes, relaves u otros que pudieran contener valor económico, determinando la obligación de su remediación ambiental”.

Como sabemos, para la extracción de minerales desde su fuente natural (la corteza terrestre) se debe contar con un título de concesión minera. Sin embargo, en virtud a las normas señaladas, para la extracción de minerales de pasivos ambientales, solamente es necesario obtener el permiso correspondiente de la autoridad minera.

El solicitante de permiso de reaprovechamiento debe demostrar su derecho sobre el pasivo ambiental, por ejemplo, a través de la constancia de inscripción en los registros públicos de la compraventa del depósito de relaves y el terreno donde se encuentran depositados.

El solicitante debe también presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), incluyendo un Plan de Cierre a nivel de factibilidad. El EIA debe describir las medidas de mitigación aplicables para que desde un primer momento se eliminen los impactos ambientales negativos. De igual modo, el Plan de Cierre debe detallar las actividades de cierre progresivo o concurrente, de cierre final y post-cierre del pasivo, e incluir las garantías financieras que aseguren su cumplimiento.

Es importante indicar que el titular del derecho de reaprovechamiento no adquiere la responsabilidad por las infracciones ambientales en que hubiera incurrido el generador del pasivo ambiental. Tampoco adquiere el derecho de reclamar al generador el reembolso de los gastos de remediación. Sin embargo, el generador se mantiene solidariamente responsable ante el Estado por el pasivo hasta su cierre definitivo.

A diferencia del concesionario, el titular del derecho de reaprovechamiento no está obligado al pago del Derecho de Vigencia. Tampoco está sujeto al pago de la penalidad por falta de producción ya que no se le exige cumplir con una producción mínima anual de minerales. Estas diferencias se comprenden mejor si tenemos presente que el objetivo que se persigue con la entrega del permiso de reaprovechamiento no es promover la producción minera, sino más bien lograr la remediación del pasivo ambiental, cuyo costo, de otro modo, tendría que solventar el propio Estado.

 *La foto fue obtenida de la galería de marinephotobank

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