Prácticas abusivas con los textos escolares

Por: Cecilia O’Neill, Jefa del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico

El Gobierno parece creer que cuanto más leyes de protección a los consumidores haya, más protegidos quedarán éstos. Primero tuvimos una ley de protección al consumidor, que la jurisprudencia de INDECOPI fue complementando poco a poco (con marchas y contramarchas), pero como la palabra “Código” parece más sólida, eso es lo que tenemos ahora. Los Códigos están para comprender en ellos las más variadas categorías de personas y situaciones que se pueda regular: el Código Civil comprende todo tipo de relaciones patrimoniales y familiares, el Código Penal contiene todos los delitos, el Código Tributario establece la estructura básica del sistema fiscal, etc. Pero pareciera –al menos para el Estado- que el Código del Consumidor no comprende a todos los consumidores y que hacía falta una ley especial para proteger a los consumidores de textos escolares.

Hace algunas semanas escuchamos las indignantes noticias de los negociados que los directores y profesores de algunos colegios hacían para que los padres de familia terminen pagando más por los textos escolares. A pesar de tratarse de una situación irritante, también llegamos a la conclusión que el INDECOPI no tenía nada que ver con el asunto, pues esta entidad no controla los precios.

Con un corte claramente populista, el viernes 3 de junio de 2011 se publicó la Ley N° 29694, que crea un proceso de certificación de la calidad de los textos escolares, como si el problema denunciado por la prensa (los negociados de los profesores) tuviera algo que ver con la certificación de los textos. Si se quiere asegurar la calidad de los libros que van a adquirir los alumnos de colegios públicos, está bien, pero ello no garantiza que los profesores y directores no sigan imponiendo sobrecostos a los padres de familia.

Tampoco solucionamos el problema con una medida burocrática como la creación del Observatorio Nacional de Textos Escolares, que obliga a publicar los precios de los libros y su variación. Nuevamente, la transparencia de los precios no es el problema, pues los padres de familia pueden adquirir los textos en las librerías (si éstas y las editoriales concertan precios, ese es otro problema en el que INDECOPI sí debería intervenir). Y en todo caso, si el problema es uno de falta de idoneidad de los textos o de información sobre ellos, estamos frente a un típico problema de protección al consumidor para el que no hacía falta una ley adicional.

La nueva Ley N° 29694 obliga a los proveedores a devolver la diferencia a los consumidores en caso de que el precio difiera del publicado en el Observatorio. Urge una precisión. Suponemos que la devolución opera si el precio cobrado por un proveedor es mayor al publicado por ese mismo proveedor y no por los demás; de lo contrario, habría un inaceptable control de precios. Lo que debería garantizarse a los padres de familia es, más bien, que las personas que se ocuparán de la educación de sus hijos sean íntegras, y que el Estado hará una adecuada selección de su equipo docente.

*La foto fue obtenida de la galería de Laembajada

One Response to Prácticas abusivas con los textos escolares

  1. cesar higa dice:

    Cecilia:
    tengo unas dudas sobre tu posición. Yo creo que Indecopi si tendría algo que decir sobre la situación que se encuentran los padres de familia frente a los Colegios. Esta situación me parece (todavía estoy estudiando los matices de la situación) es una oportunismo contractual. Y este tipo de casos si debería ser corregido por la autoridad. De esa opinión son Richard Posner (Análisis Económico del Derecho) y Cooter y Ulen. Hay jurisprudencia donde se analiza los matices donde un agente se aprovecha de su situación post contractual para cambiar o aprovecharse de esa situación frente a la contraparte.
    Hay que recordar varias cosas: (i) los contratos son incompletos, en este tipo de casos, aun más; (ii) las prestaciones de cada parte son diferidas en el tiempo; (iii) los costos de cambio son muy altos para los padres. Es difícil que un padre quiera cambiar a sus hijos porque el colegio le empiece a pedir algunas cosas . Ahí el padre tendría que comparar los costos emocionales de realizar dicho cambio frente a los costos monetarios que le significa aceptar las condiciones del colegio.
    Si las nuevas prestaciones o condiciones que le impone el Colegio no son producto de un nuevo riesgo o de situaciones imprevistas en la relación, entonces no se debería aceptar las condiciones que le impone el Colegio. Estas nuevas condiciones sólo se debería a la situación que se encuentra el Colegio frente a los padres una vez que han empezado la relación. Esta situación es sólo un juego de suma cero, lo que gana el colegio es lo que pierden los padres. Yo también creo que perdería la sociedad porque se dañaría la confianza entre el Colegio y los padres, lo cual incrementaría los costos de transacción.
    Hay más para decir sobre el tema, pero creo que sobre el tema hay mucho que decir. Lo que si estoy de acuerdo es que los remedios actuales y la respuesta del Indecopi hasta ahora ha sido deficiente.
    saludos,

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