¿Una luz de esperanza? El transporte Urbano en Lima: una compleja tarea por resolver

Por: Marjorie Mellet. Abogada por la PUCP, M.A. en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal por la U. P. Comillas de Madrid, profesora de la Facultad de Derecho de la UP.

Vivimos a diario, las consecuencias caóticas de las decisiones que han tomado los gobiernos pasados, especialmente a inicios de la década pasada, respecto de la regulación del transporte urbano. Nos referimos especialmente al Decreto Legislativo N° 651, mediante el cual se desreguló el transporte urbano dramáticamente. Esto sumado a la promulgación de normas que eliminaban las restricciones a las importaciones de vehículos usados y a la falta de planificación e inversión pública y privada en obras de infraestructura que respondan a las necesidades de las ciudades, derivó en un empeoramiento y deterioro general del servicio de transporte público, tanto en calidad y seguridad como en cuanto al ordenamiento y fiscalización del sistema.

El transporte Urbano se caracteriza por la enorme y cada vez más extendida congestión vehicular, lo que conlleva a elevados e impredecibles tiempos de trayecto (origen-destino). Se caracteriza también por un alto número de accidentes, que causan uno de los mayores número de muertes en el país [1], y es el más alto de Latinoamérica según cifras del CIDATT [2]. Según esta institución, los vehículos de transporte público se encuentran involucrados en casi el 60% de los accidentes de tránsito fatales y son estos vehículos los que realizan el 82% del transporte motorizado en Lima, versus el 18% que se realiza en transporte privado. [3]

 Las principales causas que generan este caos son las siguientes:

  1. Inexistente Planificación y coordinación en los 3 niveles de gobierno, y hasta la fecha incapacidad para la ejecución de los Planes de Desarrollo Transporte Urbano existentes, como el caso del Estudio Plan Maestro Lima-Callao 2004 [4].
  2. Sobreoferta atomizada de servicio de transporte público.
  3. Flota de vehículos obsoleta y sin mantenimiento adecuado.
  4. Poca capacidad para fiscalizar y sancionar las transgresiones de los transportistas.
  5. No se respeta a nivel nacional, regional y local el derecho de vía.
  6. Organización inadecuada de las empresas que ofrecen el transporte público.

Con referencia al último punto, la inadecuada organización de las empresas conlleva a que los choferes y cobradores trabajen en malas condiciones y sin derechos laborales. Se trata de un sistema de mala gestión, conformado mayormente por “pseudo empresas” cuyo único interés, es el cobro de una “cuota” por el uso de su principal activo (la autorización de transporte público o titularidad de las rutas) a sus vehículos afiliados (choferes propietarios de combis o arrendatarios de éstas), no los une un “afectio societatis” de ningún modo, no existe vínculo empresarial alguno con ellos. [5]

Los choferes que afilian sus vehículos deben buscar la mayor cantidad de pasajeros, para así tener un ingreso diario lo más alto posible. Ellos conocen perfectamente el Reglamento de Tránsito y todas las normas en él contenidas. Sin embargo, deciden no respetarlo. Les resulta mucho menos costoso incumplir con las normas de tránsito y no respetar a ningún otro vehículo público o privado que transite junto a él, con el fin de obtener un pasajero más para completar su recaudación del día, que lo que le costaría una eventual papeleta, impuesta por un policía honesto.

Urge pues, la necesidad de la consolidación de un sistema de transporte integrado y masivo con el que se podrían reducir las rutas ofertadas a la mitad de las que existen actualmente, aumentando la demanda media en más de 130% y siendo 6 veces más productivo [6]. Un gran avance se ha iniciado con el COSAC I: El Metropolitano, y con el proyecto del COSAC II. Pero aún falta mucho por hacer.

Es necesario un esquema de renovación de la flota vehicular que se encuentre directamente relacionado con el cumplimiento de los límites máximos de antigüedad establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte para el ingreso y permanencia de vehículos que presten servicios; estableciendo a su vez, una tipología vehicular específica para prestar el servicio de transporte en la ciudad y retirar las combis del mercado de manera progresiva. Del mismo modo, se debe continuar impulsando el bono de chatarreo y la ampliación de la aplicación del Impuesto al Patrimonio Vehicular a los vehículos antiguos que son los más contaminantes.

Un sistema de transporte masivo disminuirá los efectos de la contaminación del aire y contribuirá a conseguir un estándar ambiental razonable en las ciudades. Introducir como parte de las especificaciones de los nuevos vehículos, el uso del GNV como combustible, podrá mitigar la contaminación del aire también.

De otro lado, se requiere un cambio estructural en el sistema de transporte público, que como señala Bielich (2009), debe pasar por eliminar la tercerización. Las empresas deben ser dueñas del total de la flota vehicular y ser responsables por las infracciones que cometen los choferes contratados. De la misma forma, la normativa laboral sería aplicable, pues existiría una relación laboral entre la empresa y los choferes. Situación que mejoraría significativamente la manera como éstos conducen, debido a que no estarían luchando por cada pasajero sin importar las reglas. Serían sometidos a la reglamentación de las condiciones de trabajo para los transportistas, como el límite de horas de conducción que los beneficia a ellos mismos también, etc.

Finalmente, un tema fundamental para combatir el caos en el que se ha convertido nuestra ciudad, es el de la fiscalización. El costo de ser sancionados para los choferes, ya no puede ser marginal. Tiene que ser un costo tan alto que implique un desincentivo completo para la comisión de una falta de tránsito. Recordemos que las faltas contra las normas de tránsito implican un riesgo para la vida de las otras personas que transitan en las calles sea a pie o en otros vehículos.

Se podría crear la policía especializada en diversas materias, por ejemplo una patrulla especializada en estacionamientos indebidos, otro grupo en accidentes, otro para el control del de tránsito en general. Lo cierto es que la autoridad debe empezar a ser respetada y temida.

Esto no se puede lograr con una Policía Nacional que a pesar de tener funciones tan relevantes como garantizar el orden interno, el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado o como prevenir, investigar y combatir la delincuencia; tenga un sueldo que no cubre su canasta básica familiar.

A pesar de todo, todavía no debemos perder la esperanza en que esto algún día cambiará del todo. Hace algunos días, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), publicó un proyecto de Ordenanza que busca implementar un Sistema Integrado de Transporte (SIT-Lima), limitar el incremento del número de unidades en la flota actual y promover su sustitución con flotas de mayor capacidad. En dicha norma se establecen también las especificaciones técnicas de los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público regular de pasajeros en Lima Metropolitana. Con este proyecto la MML demuestra que a pesar de las diferencias con la administración anterior, tiene como deber  y compromiso con los ciudadanos continuar con los aciertos conducentes al reordenamiento del sistema.

Esperamos que la alcaldesa de Lima tenga el coraje y la voluntad férrea de llevar a cabo las reformas que tanto necesita nuestro transporte urbano, y que prime ante todo el bienestar de toda la ciudad y no solo  el interés de unos cuantos que quieren preservar a toda costa y en las mismas condiciones sus negocios. Se requiere decisión, honestidad y firmeza de una vez por todas.

Por otro lado, no debemos olvidar tampoco la generación y promoción de empleos a través de la reabsorción en el sector de transporte, en los corredores y rutas alimentadoras y las actividades complementarias como la mecánica, por ejemplo y reconversión laboral para los cobradores y choferes que tendrán que salir del mercado del transporte urbano.

Como hemos visto, la solución del problema del transporte urbano en Lima no puede verse desde una sola perspectiva. Es necesario que todas las entidades del Estado involucradas coordinen entre si y entrelacen las acciones necesarias con compromiso, y con responsabilidades bien definidas para que nuestro transporte urbano sea seguro, ordenado y fluido.

_______________________

[1] Según estadísticas de CIDATT, en el año 2008 cerca de 3,500 peruanos murieron por accidentes de tránsito a nivel nacional.

[2] Infotransporte, CIDATT, 2009

[3] Sexto Informe de Observancia Pública Estudio de Casos Sobre Causas de Accidentes de Tránsito Fatales en Lima Metropolitana y sus Probables Alternativas de Solución. CIDATT, 2005.

[4] Plan Maestro de Transporte Urbano para el área metropolitana de Lima y Callao en la República del Perú. Prioridad del transporte Público. Yachiyo Engineering Co., Ltd. y Pacific Consultants International. JICA, 2005.

[5] Bielich Salazar, Claudia. “La guerra del centavo: Una mirada actual al transporte público en Lima Metropolitana”. Documento de Trabajo 155 Instituto de Estudios Peruanos – IEP y Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES. 2009

[6] Tomado del Informe Nº 1 del Estudio elaborado por el consorcio ALG – Europraxis – Helios – TMB: Concesión del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, tramo Villa El Salvador – Av. Grau.  2010

* La foto fue tomada de la galería de yonelcampos

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