Nadie sabe para quién trabaja: el caso DICSCAMEC

Por: Carlos Rojas Klauer. Asociado del Estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados.

En estos días de violencia en las calles, el Gobierno ha dispuesto reestructurar el sistema de seguridad ciudadana, ofreciendo entre varias propuestas, el subir el sueldo de los policías para que estos dediquen mayor tiempo a sus funciones y no se vean obligados a realizar actividades de vigilancia privada en los días que el Estado no puede cubrir su día de trabajo. Así, con la eliminación progresiva del denominado “1×1” se ha generado un debate, en torno a si la seguridad privada se encuentra preparada para asumir el resguardo de aquellos lugares en los que los ciudadanos estamos acostumbrados a ver a un policía en su día “libre” o no remunerado.

A efectos de evaluar el grado de preparación y oferta del mercado de seguridad privada, nos dimos con la sorpresa que la seguridad no es precisamente el elemento distinto del referido rubro, en tanto existe una controversia en torno a la implementación del sistema de capacitación para la seguridad privada que viene enfrentado a la Policía Nacional con las empresas dedicadas a la capacitación de la seguridad privada.

Nos explicamos. Con fecha 25 de septiembre de 2009, la Escuela Nacional de Formación y Capacitación de Serenos, Agentes de Seguridad y Resguardo [Enforsa] denunció a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, el Ministerio del Interior y la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil [DICSCAMEC], por la presunta comisión de actos de competencia desleal, establecidos en el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Según la denuncia, la DICSCAMEC, en representación del Ministerio del Interior y la Universidad Garcilaso, habrían suscrito un convenio o alianza estratégica para la creación e implementación de una “Escuela de Instrucción, Capacitación y Reentrenamiento, dirigida a personal que brinda servicios de seguridad privada, hecho que según Enforsa constituiría un acto de competencia desleal y un acaparamiento del sistema de seguridad civil.

Enforsa señaló que el Ministerio del Interior, en coordinación con la DICSCAMEC, habría dilatado la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 28879 – Ley de Servicios de Seguridad Privada, impidiendo que agentes económicos privados puedan invertir en la capacitación de personal que brinda servicios de seguridad, lo que aunado a la exclusividad otorgada a las universidades, como la Universidad Garcilaso, habría generado una afectación al correcto desenvolvimiento del mercado y la oferta en la capacitación de los agentes de seguridad privada. La reglamentación habría sido cuestionada por el Ministerio de Educación, el cual propuso una curricula extendida y escalonada para la capacitación de los agentes de seguridad privada, situación que no habría sido bien recibida por el sector interior.

Mediante Resolución Nº 155-2010/CCD-INDECOPI de fecha 4 de agosto de 2010, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI [Comisión] declaró infundada la denuncia presentada por Enforsa en contra de la DICSCAMEC. Pese a ello, el 9 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión imputó a la DISCAMEC, la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas por la realización de una actividad empresarial estatal no conforme con el artículo 60 de la Constitución Política de 1993, toda vez que dicha institución estatal ejercería de manera exclusiva y excluyente la ejecución o dirección de los cursos de instrucción, capacitación y reentrenamiento en materia de seguridad privada, lo que podría constituir actividad empresarial del Estado.

Ante esta nueva acusación impulsada de oficio, la DICSCAMEC señaló que la instrucción, capacitación y reentrenamiento del personal que presta servicios de seguridad privada, sería realizada en aplicación del artículo 64 del Decreto Supremo Nº 005-94-IN, Reglamento de Servicios de Seguridad Privada[1]. El referido artículo disponía que “las actividades de formación, capacitación y reentrenamiento del personal que desempeña actividades de vigilancia privada se efectuará por el ‘Centro de Instrucción’ dependiente de la Subdirección de Servicios de Seguridad – DICSCAMEC.” Asimismo, el Centro de Instrucción de la DICSCAMEC habría propuesto el “perfil ocupacional”, el cual sería un requisito para lograr la certificación de la formación, capacitación y reentrenamiento del personal.

La Comisión nuevamente le dio la razón a la DICSCAMEC y mediante Resolución Nº 061-2011/CCD-INDECOPI de fecha 13 de abril de 2011 determinó que la DICSCAMEC no realiza una actividad empresarial.

Al respecto, la Comisión indicó que en conformidad con el precedente de observancia obligatorio[2] desarrollado por el Tribunal del INDECOPI para este tipo de actos de competencia desleal, el Estado, a través de la DICSCAMEC, venía cumpliendo un rol de supervisión o fiscalización, por lo que no estaba ejerciendo una actividad empresarial, sino realizando un mandato legal, en conformidad con el reglamento de seguridad privada. De esta forma, la Comisión determinó que había quedado acreditado que la DICSCAMEC tiene una actividad fiscalizadora de las empresas de seguridad privada por mandato legal. Finalmente, la Comisión manifestó que la DICSCAMEC desarrolla sus competencias a través del establecimiento de una currícula de capacitación para el personal de vigilancia de las  empresas de seguridad privada; así como con el establecimiento de los convenios de cooperación interinstitucional con la Universidad Garcilaso, UTP y Universidad San Pedro.

Desde nuestra perspectiva, el rol de la DICSCAMEC debe limitarse a la acreditación y fiscalización de las instituciones dedicadas a la capacitación de agentes de seguridad privada, estableciendo estándares de calidad con la finalidad de obtener una oferta lo suficientemente diversificada y preparada para las exigencias del mercado actual. La discusión y el empoderamiento buscado por la DICSCAMEC a los largos de estos años, no sólo genero desincentivos a que la inversión privada decida participar en el mercado de capacitación de agentes de seguridad privada, por faltas de reglas y garantías, sino que ha quedado demostrado una vez más que el Estado trabaja en función de los intereses de sus funcionarios y los sectores a los que estos representan, olvidándose del interés general y la seguridad de la ciudadanía.

El estancamiento del mercado de seguridad privada, tal y como fue cuestionado por Enforsa, no sólo fue generado por la falta de reglamentación y el otorgamiento de exclusividades de parte de la DISCAMEC, sino que dicha situación en parte estaba siendo sustentada o motivada en el hecho que muchos policías podían ejercer actividades privadas en sus “tiempos libres no remunerados”, trabajando como agentes de seguridad privada. De esta forma, por un espíritu de cuerpo, la DICSCAMEC, en coordinación con el Ministerio del Interior, busco mantener una posición preponderante en el sector, a efectos de mantener un sistema de cooperación gremial que se enfrentara a las empresas privadas de capacitación que podían generar y colocar en el mercado de seguridad a nuevos agentes “no policiales”.

Esperemos que con las reformas actuales y sin proponérselo, la Policía Nacional avoque sus esfuerzos a sus verdaderos “mandatos legales”, los cuales deben estar guiados al campo de la acción, dejando de preocuparse por acaparar oficinas y funciones que permitan solventar el funcionamiento de la tan nociva burocracia.


[1] Cabe indicar que el referido reglamento fue derogado por el Decreto Supremo 003-2011-IN, Reglamento de la Ley Nº 28879 – Ley de Servicios de Seguridad Privada

[2] Con la finalidad de comprender el alcance y aplicación de la norma que prohíbe los actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas por infringir las disposiciones del artículo 60 de la Constitución Política de 1993, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del INDECOPI emitió un precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 3134-2010/SC1-INDECOPI de fecha 29 de noviembre de 2010.

Imagen de la galería de And all that Malarkey

4 Responses to Nadie sabe para quién trabaja: el caso DICSCAMEC

  1. Enrique Cabrera dice:

    En este caso al parecer INDECOPI aplico el aforismo “Lo que no esta en el expediente, no es de este mundo”

  2. Carlos Rojas Klauer dice:

    Conforme a lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del INDECOPI, en la Resolución N˚ 0778-2011/SC1-INDECOPI, “la abogacía de la competencia es definida por la International Competition Network – ICN como el conjunto de recomendaciones que efectúa la autoridad de competencia a aquellas entidades gubernamentales encargadas de emitir regulaciones, a fin de promover la competitividad en el desarrollo de actividades económicas. Estas recomendaciones, son adicionales a la labor de supervisión de las normas de defensa de la competencia”.

    Creo que en este caso INDECOPI pudo aplicar dicho principio y realizar recomendaciones al sector pese a que señalo que la participación de la DICSCAMEC se debe a un mandato legal.

  3. JAIME BOCANEGRA AGUILAR dice:

    RESPECTO A LO SUCEDIDO EN LA ACTUALIDAD COMO SE REALIZAN LOS CURSOS A TRAVES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS O SIGUE VIGENTE EL CONVENIO CON LAS UNIVERSIDADES MENCIONADAS

  4. JAIME BOCANEGRA AGUILAR dice:

    LO QUE PASA QUIERO SABER POR MOTIVO QUE MI CURSO VENCIO EL 30 DIC 2011

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: