“Intervención injustificada en el mercado universitario” (comentario al artículo)

Por: Óscar Súmar, profesor, Facultad de Derecho, Universidad del Pacífico

En esta oportunidad quisiera comentar el artículo del abogado y profesor de la UP Mario Zúñiga, acerca de un proyecto de ley y sentencia del TC que establecen la prohibición de que las universidades condicionen la asistencia a clases o la rendición de evaluaciones al pago de pensiones del ciclo que se esté cursando.

Comenzaré diciendo que estoy plenamente de acuerdo con lo concluido por Mario. Creo, al igual que él, que el decidir cómo cobrar a los alumnos es una decisión de negocio y depende de una información con la que no cuentan ni el Congreso, ni el TC. Creo, además, que el mercado de la educación universitaria es lo suficientemente competitivo como para suponer que no necesita de esta regulación directa.

Mi idea, entonces, es solo agregar un punto más. Así como esta decisión del TC –que, a su vez, se inspira en una decisión previa del Indecopi- reemplaza la decisión de las universidades; del mismo modo hay que tomar en cuenta la reacción probable de las universidades ante ella. Uno de los costos de la regulación es el error (por falta de información), pero otro costo es que las partes pueden intentar evadirla mediante otras decisiones. ¿Cuál es la probable reacción de las universidades? Creemos que mirar un mercado donde también exista la imposibilidad o dificultad de suspender el servicio por falta de pago –aunque por razones muy distintas- puede ser útil. Se nos ocurre que el mercado de los alquileres es un ejemplo que se acerca a lo buscado.

En efecto, si una persona deja de pagar la renta, es muy difícil sacarlo de la casa; del mismo modo que ahora será difícil sacar de la clase a alguien que no pague. ¿Cuál es la solución de las personas que alquilan? Solicitar depósitos en garantía. Es decir, te cobran anticipadamente la renta, previendo –y desincentivando- los costos futuros por la falta de pago. Trasladado a las universidades, la idea sería que éstas cobren más por el “derecho de matrícula”, anticipando la posible ausencia de pago de las cuotas posteriores.

Si las universidades hacen esto, ¿quiénes serán los más afectados? Precisamente las personas con menos recursos. Entonces, podemos concluir que esta norma no solo es (o sería) ineficiente –como bien concluye Mario-, sino también injusta (en el sentido de ser inequitativa). De esta manera, creo que la norma no solo tendría un impacto negativo en la calidad de la educación, sino que también incrementaría el precio de la misma; lo que, claramente, es exactamente contrario a la finalidad “formal” de la norma: lograr mayor acceso a la educación.

Claro, alguno podrá decir que la solución a eso sería crear otra ley que prohíba los cobros por adelantado. Pero esa norma, al mismo tiempo, ocasionaría otros problemas y, así, hasta el infinito; llenándonos de regulación como consecuencia de eso. Y, de esta manera, se cumpliría la máxima: “la regulación siempre atrae a más regulación”.

*Imagen tomada de la galería de Fernando Arconada

14 Responses to “Intervención injustificada en el mercado universitario” (comentario al artículo)

  1. Gracias por el comentario Doc! Justo y necesario el punto adicional!

    Saludos,

  2. Gracias a ti Mario, por el comentario! Esperamos poder contar con un post tuyo en el blog próximamente!

  3. No concuerdo mucho ni con el anterior artículo ni con éste, es cierto, la educación universitaria es un mercado competitivo, pero existen abusos por parte de muchas de estas universidades, y la solución no es tan fácil como decir “bueno señores, también hay universidades públicas”, porque cambiarse de Universidad no es tan fácil como cambiarse de colegio, el trámite que se debe realizar, el costo de los mismos en tiempo y dinero, el logro de una vacante, el pago del derecho de examen, realmente es una situación compleja.

    En el caso de la matrícula, bueno podría darse la situación que usted bien comenta; sin embargo, por ejemplo en mi Universidad, se llevo a cabo un debate sobre ese asunto en los Consejos de Facultad, del cual formaba parte, y llegamos a la solución de bloquearle al alumno el acceso a sus notas y la capacidad de préstamo de libros por parte de la Universidad, lógicamente también se exhortó a los docentes a solo entregar la nota del examen, más no las demás, por tanto el estudiante para tener acceso a sus notas, lógicamente realizaba el pago de su pensión.

    La educación universitaria se ha constituido como un mercado; sin embargo, es necesaria la intervención estatal que busque regular determinados aspectos, como en el caso en mención. No todo se lo podemos dejar siempre al mercado.

    • Estimado André, gracias por tu comentario.
      Creo que inadvertidamente, me das la razón: yo solo dije que las universidades reaccionarían ante una norma así, tal como muestra tu ejemplo. Podrían hacerlo evadiéndola o buscando maneras alternativas de reducir el riesgo o consecuencias de la falta de pago. Al hacerlo, necesariamente lo harán de manera menos eficiente y -desde mi punto de vista- probablemente de manera menos equitativa.

      Ahora, otro tema es que tú creas que se deba regular porque es una conducta “abusiva” de las universidades. No sé bajo que criterio moral o legal considerarías que es una conducta abusiva. Si alguien no paga por un servicio no tiene derecho a recibirlo. Lo inmoral es pretender recibir un derecho sin pagarlo. Y no solo eso, gracias a normas como la comentada, todos los estudiantes terminarían de alguna manera subsidiando a los que no pagan, lo cual sí parece injusto salvo que se haga voluntariamente.
      Saludos,
      Oscar Súmar

  4. Concuerdo con lo “inmoral” que sería pretender recibir un bien o servicio sin pagar a cambio de èl. Pero pongo a consideración algo muy particular, por ejemplo en mi Universidad decidieron aumentar la cuota o pensión universitaria en un 25%, es decir yo ingresé pagando hipoteticamente, trescientos nuevos soles y tres ciclos despues estaba pagando 350 y asì sucesivamente, hasta que el aumento llego al porcentaje ya señalado. En este caso, mediante las reglas de negociación o mercado, yo me comprometi con la universidad a pagar ese monto inicial; sin embargo, en ningún momento me informaron acerca de un posible aumento en el mismo, y esta se comprometió a brindar un servicio o bien (la educación), pero la Universidad, cambio unilateralmente los tèrminos del contrato, entonces, si mis condiciones economicas siguen siendo las mismas, y el servicio educativo sigue siendo el mismo ( aunque con mìnimas mejoras) de darse el caso, que yo me retrase con el pago de la pensiòn como causa de dicho aumento ¿Que se puede hacer? ¿Es acaso “justo” esto? Si me demoro en el pago, logicamente no es por voluntad mìa, sino que al darse el cambio de los terminos; en este caso el monto de la pensión, tiene la Universidad la potestad de negarme el derecho de tomarme un examen por causas ajenas a mi voluntad que ella misma provoco?. Lo pongo a su consideración.

  5. Daniel dice:

    Un elemento que no se está considerando es el tiempo. Un alumno se matricula en el ciclo 2011-2 de la Universidad, y paga la matrícula y las pensiones de agosto y septiembre. En octubre ocurre un caso de fuerza mayor que no le permite pagar la pensión a partir de ese mes. Qué hace la Universidad? Le suspende de inmediato, como una suerte de “expulsión del ciclo”? Y lo que pagó, ya no cuenta?
    Entiendo que la idea del Proyecto es salvar de algún modo el período de estudio ya desarrollado por el alumno, ya que de procederse a una suspensión inmediata los primeros meses se perderían sin posibilidad alguna de recuperación posterior. Así, si el alumno se agencia los recursos para pagar lo adeudado dos meses después, qué sucederá? La Universidad va a renunciar a su derecho a cobrar el saldo de la pensión semestral? Si la suspensión es inmediata tendría que ser así, se suspende al alumno pero la Universidad ya no cobra el importe no pagado. Esta es la solución correcta para la Universidad?
    El Proyecto puede ser visto como una solución de compromiso. Se permite al alumno que continúe su actividad académica, pero con la obligación de completar el pago. La Universidad, por su parte, debe seguir reconociendo al alumno –aunque con las limitaciones ya indicadas en cuanto a entrega de notas-, pero manteniendo vigente su derecho de cobrar las pensiones por el ciclo completo, no sólo hasta la fecha en la cual pudo pagar el alumno.
    Soy consciente de esta situación: Una Universidad particular hace un presupuesto de los gastos que conlleva un ciclo académico, y dicho costo total lo prorratea entre sus alumnos, correspondiéndole a cada cual una alícuota. De este modo se cubren los gastos. Si un alumno no paga su alícuota, la Universidad no tendría el total de los recursos necesarios para cubrir sus costos. Necesitaría de algún modo suplir esa falta de pago. Cobrar más a los alumnos que sí pagan? Subsidio del Estado?

  6. Yamil Abugattas dice:

    Vale la pena recordar que se trata de una relación entre dos agentes privados: el estudiante y la universidad. La solución óptima requiere la información que maneja la universidad, como costos, ratios de morosidad, etc. Una intervención de este tipo no tiene sentido, pues no está corrigiendo falla de mercado alguna. Lo mejor es dejar la solución de este problema a los agentes involucrados para no generar problemas nuevos por la ineficiente regulación que se propone.

    Eso sí, tomando nota del comentario de André, sí sería interesante pensar en algún mecanismo que permita a los agentes reestructurar sus planes en caso de un cambio: un aumento de la pensión no debería darse de imprevisto en medio del ciclo, debe ser algo previamente comunicado, con cierto tiempo de anticipación y de preferencia entre un ciclo y otro. Me sorprende que sea el caso un aumento arbitrario del costo del servicio, sin previo aviso.

  7. André: en realidad ese no sería un cambio de contrato. El contrato es por un semestre, luego es otro contrato. Si fuera un cambio de contrato, estaría prohibido. Si usted está en desacuerdo con los nuevos términos, nada le impediría cambiarse de universidad. Si esto le ocasiona un costo y usted considera que su universidad lo ha ocasionado por negligencia o mala fe, usted podría reclamarle una indemnización. Otra opción sería regular el tema, sea imponiendo la obligación de informar anticipadamente sobre los cambios de pensiones, sea regulando el precio de las pensiones. La última alternativa, sin embargo, es probadamente ineficiente. Creo, sin embargo, que ninguno de estos temas tiene una relación directa con las posibilidades que debería manejar una universidad en caso de incumplimiento.

    Daniel: lo que mencionas es un caso donde el “riesgo” del incumplimiento cae en cabeza del alumno que incumple. Ese riesgo es equivalente a un costo que -de no ser asumido por el alumno- es asumido necesariamente por otro: el resto de alumnos, la sociedad o la universidad. Es imposible eliminar un costo mediante regulación, lo que se hace simplemente es redistribuirlo. Si a ti te parece una alternativa más eficiente redistribuir el costo de otra manera, es otra cuestión. Creo que no existe evidencia acerca de esto, pero por lo menos teóricamente las universidades están en mejor posición (porque tienen mayor información y son más sensibles a la demanda) para decidir quién debería asumir el costo.

    Yamil: efectivamente ese es un problema que probablemente sí requeriría alguna solución “legal”: sea una indemnización si se considera que la universidad ha ocasionado un costo al alumno por negligencia o mala fe; sea regulando la obligación de revelar información acerca de cambios en las pensiones. Esto, tomando en cuenta que el alumno tiene la posibilidad de cambiarse de universidad, pero esto generaría costos sociales, a su vez. Lo que sí descartaría casi de plano es regular la posibilidad de aumentar la pensión (imponiendo porcentajes tope, por ejemplo). No concuerdo con André al decir que es una modificación unilateral del contrato. Entiendo que los contratos solo duran un ciclo.

    Saludos,

    Oscar Súmar

    • Yamil Abugattas dice:

      Sí, una intervención en el precio que pueden cobrar las empresas sería inaceptable, una distorsión de mercado innecesaria que no presenta ningún beneficio. Lo que decía era simplemente por el hecho de notificar adecuadamente del aumento, y con la anticipación adecuada. Por curiosidad, ¿Ya se aprobó esta norma?

  8. En el caso admita su premisa en cuanto al contrato es solamente por un ciclo académico; sin embargo, siguiendo su lógica de los contratos, considero que esa sería una suerte de “contrato a mediano plazo”, porque realmente yo no pienso estudiar un solo ciclo académico, si no que se entiende que tengo la intención de cursar toda mi carrera en esa universidad, es decir varios ciclos académicos por ende “varios contratos” o un “contrato a largo plazo”, por tanto en mi caso, mis padres, han establecido cual sera el aproximado del costo del ciclo durante uno o mas ciclos académicos (otorgándose una suerte de “seguridad jurídica” sobre el precio de la pensión), pero volvemos a la situación del cambio arbitrario, que hacemos entonces? o vamos a seguir pensando que uno celebra contratos independientes todos los ciclos, sin tener en cuenta la intención del alumno de estudiar toda una carrera allí?

  9. Yamil: entiendo que la norma no se ha aprobado, es un proyecto. Sin embargo, esa decisión del TC se podría replicar en otros casos y sería casi lo mismo…

    André: estoy diciendo que sí se podría tomar en cuenta…

    Saludos,

    Óscar Sumar

  10. Yamil Abugattas dice:

    Me parece imposible mantener el mismo precio durante toda la carrera. Habrá momentos en los que será necesario elevar el costo del producto, recuerda que hablas de aproximadamente 5 años. ¿Qué sucede si los costos que enfrenta la universidad se incrementan en ese lapso? ¿Deberá incurrir en pérdidas económicas? Mucho puede suceder en tan grande lapso de tiempo. Piensa en algo tan básico como la inflación (por lo que ya deberías esperar un incremento de alrededor de 3% anual), o la mejora de la plana docente, un aumento en infraestrcutura quizá. Todo es tiene costo, y es lógico que sea trasladado a los estudiantes.

    La universidad es una empresa, y como tal, espera un retorno sobre su inversión. Si los costos se elevan y los ingresos no, estos retornos disminuyen, y podrían incluso hacerse negativos. El inversionista que pone su capital en una universidad espera determinado retorno, al igual que quien pone un hotel, una fábrica o un hospital. ¿Acaso quien pone un centro educativo merece un menor retorno que cualquier otro negocio? Cualquier costo que se le imponga a la universidad será, eventualmente, asumido por el consumidor, ya sea en precio o en una reducción de la calidad del producto.

  11. Si bien el precio puede ser asumido por el consumidor, el aumento deberá ser razonable, aunque el costo no tiene porque ser siempre trasladado al consumidor, en algunos casos como el de mi universidad, se decidió bajar costos por ejemplo, no disponiendo vacantes para carreras pocos rentables, ejemplo una carrera donde son 10 alumnos en la clase y al docente se le tiene que pagar igual que cuando enseña en otras carreras donde son mayor numero de alumnados por tanto recibe una buena suma de dinero para afrontar los gastos. Otro caso donde no se daría el traslado de costos, es por ejemplo si la universidad realiza también actividades empresariales, como un centro odontologico o una panadería, donde la actividad es que los estudiantes practiquen allí pero que también genere ingresos. Lógicamente esos ingresos no lograrían compensar todo, pero ayuda.

  12. Yamil Abugattas dice:

    Me parecen ideas interesantes. En primer lugar, si la universidad tiene una buena gestión, debe estar entre sus intereses minimizar sus costos.

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