El impacto de los medios de comunicación en la legislación penal peruana

Por: Ricardo Elías, Estudio Croci, Silva & Cajina Abogados. Egresado de la PUCP con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Autor del blog «Entre Penas y Gracias»

Como peruanos nos hemos acostumbrado a recibir principalmente dos clases de noticias diarias: corrupción de funcionarios y delincuencia común. Es más, dependiendo del corte –moderado o sensacionalista– del medio de comunicación, la prensa se orienta por uno u otro tema. Así, los programas de investigación enfatizan los problemas de corrupción que subyace a muchos órganos del Estado mientras que algunos periódicos brindan una “orgía informativa” que gira en torno a algún robo o asesinato. Estos últimos, incluso, publican fotografías ciertamente repulsivas o testimonios escalofriantes muchas veces de modo innecesario. Al margen de lo bizarra que puede resultar cierta información, es muy saludable e importante el rol de la prensa peruana pues a través de sus denuncias e investigaciones evitamos aquellos vacíos donde se gesta la impunidad.

El problema se origina cuando el Congreso, lejos de ser un órgano donde se legisla de manera reflexiva y autocrítica, se convierte en el colofón de la noticia. En efecto, de un tiempo a esta parte –quizás por el posicionamiento de las redes sociales–, en el Legislativo se vienen presentando gran cantidad de proyectos de ley que inciden en materia penal a los pocos días que algún caso policial se convierte en tema del momento –o trending topic para los amantes del Twitter–.

 Así, en exactamente dos meses de labor parlamentaria, de los 228 proyectos de ley presentados por el Congreso, 40 inciden en materia penal –los cuales he resumido en el cuadro ubicado al final de este artículo–. En términos de política criminal, esto es alarmante no sólo por la cantidad de normas propuestas sino también porque muchas de éstas no son más que un placebo legal utilizado por algunos congresistas para calmar el malestar (justificado) de la población. Ahora bien, los proyectos de ley inciden principalmente en dos ejes –reflejo casi perfecto de las noticias que día a día se publican y discuten–:

 a)  Seguridad Ciudadana.- Existen 21 proyectos de ley que inciden en delitos como robo, secuestros y homicidio a través de los cuales se propone modificar el delito, incrementar las penas y eliminar o disminuir los beneficios penitenciarios.

 b) Corrupción de Funcionarios.- Existen 09 proyectos de ley a través de los cuales se pretende convertir en imprescriptibles esta clase de delitos, endurecer las sanciones –tanto las penas como la inhabilitación consecuente– y reducir los beneficios penitenciarios.

 Lamentablemente, la comisión de estas dos clases de delitos no se evitará con estos proyectos de ley. Es más, de aceptarse muchas de estas propuestas se generaría un caos de interpretación jurídica que en vez de ayudar perjudicará al operador.

 Tal es el caso del Proyecto de Ley No. 00241 propuesto por Octavio Salazar mediante el cual se propone crear nuevas agravantes para el delito de robo con el objeto de sancionar a los delincuentes que “identifican y estudian a sus víctimas encontrándolas vulnerables llevando sumas de dinero retiradas de bancos, financieras (…)”. No olvidemos que la carga de la prueba recae en el acusador por lo que no me imagino cuán complicado sería para la fiscalía demostrar que los delincuentes identifican a sus víctimas, que las estudian -¿qué significa estudiar?- y además que las encuentran vulnerables para después de todo ello recién robarles. Sin duda, cualquier ciudadano podría pensar que proyectos como estos fortalecerán la seguridad ciudadana pero no es así. Quienes nos dedicamos al Derecho Penal sabemos que estas propuestas, a la larga, traerán más impunidad o que, sencillamente, no serán utilizadas por los operadores jurídicos.

 Antes de continuar, miremos qué noticias han sido las más alarmantes y cómo ha respondido el Congreso:

 a)  Atentado contra la hija de Renzo Reggiardo: El 04 de agosto, inescrupulosos asaltantes atentaron contra la familia del Congresista Renzo Reggiardo provocando que una de sus menores hijas quedara gravemente herida. Después de una ola de información periodística y de la indignación popular, el 09 de agosto el Congresista Amado Romero Rodríguez presentó el Proyecto de Ley No. 00015/2011 por el cual se pretende eliminar los beneficios penitenciarios para los delitos cometidos contra los menores de edad y el delito de robo agravado.

 b)  El Caso Romina Cornejo: Si bien el atentado sufrido por la niña Romina Cornejo se efectuó el año pasado, fue recién en agosto del 2011 en que la fiscalía acusó a los “marcas” investigados. Sin embargo, la prensa mostró su entendible rechazo frente a la decisión del Poder Judicial de devolver el expediente a la fiscalía para que emita un nuevo pronunciamiento por diversos errores cometidos. Esto ocurrió en las dos primeras semanas del mes pasado, lo que coincidió con el robo denunciado por la abuela de la niña Cornejo por parte de otros “marcas” que pertenecerían a la misma banda.

 Si a estos hechos le sumamos que el 23 de agosto, una banda de “marcas” le robó 11 mil soles a un anciano de 88 años tras su cobro en la ONP; que el 07 de setiembre, otra banda de “marcas” robó 66 mil nuevos soles, secuestró y violó a una mujer en San Isidro; y que el 09 de setiembre, dos “marcas” asaltaron a un cambista robándole 120 mil nuevos soles en Surco; el resultado es que durante las dos últimas semanas de agosto y la primera de setiembre, la prensa puso en evidencia la inseguridad a la cual estamos sometidos por este tipo de bandas.

 La respuesta del Congreso no se hizo esperar. Así, el 15 de agosto, mediante el Proyecto de Ley No. 00103/2011 el Congresista Rodríguez Zavaleta propuso la creación del delito de marcaje o reglaje, mientras que el 21 de setiembre a través del Proyecto de Ley No. 00241/2011 Octavio Salazar propuso la incorporación de nuevas agravantes para tipificar de manera particular esta modalidad delictiva.

 c)  El caso de las falsas alarmas de explosivos: Durante la segunda y tercera semana de setiembre, coincidiendo con la fecha en la que se capturó al terrorista Abimael Guzmán, todos los noticieros informaron sobre las llamadas telefónicas a través de las cuales se alertaba la existencia de bombas ubicadas en diversos barrios capitalinos principalmente. El Congreso respondió mediática y rápidamente. Así, el 19 de setiembre se presentó el Proyecto de Ley No. 00227/2011 por el cual se propone incorporar un nuevo delito a la legislación penal: el terrorismo blanco.

 d)  El Caso de Walter Oyarce: Tres días después del deplorable asesinato del hincha aliancista Walter Oyarce en el Estadio Monumental, el Congresista Daniel Abugattas ha declarado que se presentará un proyecto de ley para sancionar con ocho años de cárcel la violencia en los espectáculos deportivos.

 ¿Por qué considero que todos estos proyectos son innecesarios? Porque nuestra legislación actual sí permite procesar y sancionar a quienes atentan contra la seguridad ciudadana y a aquellos funcionarios corruptos, de manera correcta y adecuada. Y es que no es un secreto que elevar las penas o disminuir los beneficios penitenciarios no son los mecanismos adecuados para combatir estos tipos de delitos. Así, en un artículo anterior publicado en este portal expliqué las razones por las que considero que la verdadera forma de combatir la delincuencia es a través del fortalecimiento del nuevo modelo de proceso penal y no a través de simples modificaciones que incidan en el derecho penal material o de ejecución penal. Sin embargo, mientras los congresistas quieran seguir siendo los protagonistas mediáticos que día a día inundan nuestras pantallas a través de proyectos de ley muchas veces innecesarios e improvisados, la (verdadera) lucha contra la delincuencia no progresará.

Dar clic en la imagen

Imagen de Superman tomada de la galería de McShane