Sobre el proyecto de ley 00315 (arbitraje en contratación pública): mucho pan por rebanar

Por: Rocío Sagástegui Ponsignon, profesora de Derecho Administrativo en la PUCP

Hace más de un mes el gobierno planteó la modificación del Decreto Legislativo N° 1017, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los principios de moralidad, imparcialidad, libre competencia y concurrencia en la contratación pública.

Si bien aún hay mucho por hacer para garantizar la posesión y mantenimiento de las competencias del alto gobierno (eficacia del gobierno), consideramos que estas  modificaciones que plantea el proyecto 00315 -presentado este 5 de octubre de 2011- deberían aplicarse en materia de arbitraje. Por ejemplo, hacer un análisis sistemático de las normas, revisando la experiencia de arbitrajes internacionales y sobretodo hacerlo sin lobbies para que también contribuya en la lucha contra la corrupción. Como indica Kaufmann:

“… Desafortunadamente este proceso se estancó y, según los reportes de instituciones peruanas, el índice de sobornos en el tema de contrataciones y adquisiciones del Estado ha crecido en los últimos tres a cuatro años”.

El proyecto 00315 que propone modificar diversos artículos del Decreto Legislativo 1017 realiza varios cambios a saber en su artículo 9° dispone que:

“La publicación de la relación de sancionados se hará solo en el portal del OSCE para que cualquier interesado –proveedor, entidad, ente supervisor, entre otros– tenga la posibilidad de acceder de manera permanente a la información”.

En concordancia con esta medida, se especifica que:

“… la organización, funciones y procedimientos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como los requisitos para la inscripción, asignación de categorías y especialidades, inclusión y periodicidad con que se publicará la relación de sancionados en el portal de dicho organismo serán establecidos en el reglamento y directivas que se aprueben para tal efecto”

Por otro lado, establece como conducta sancionable administrativamente “que los proveedores suscriban contrato pese a haber sido notificados de la suspensión del proceso dispuesta por el OSCE en ejercicio de sus funciones”.

El proyecto restablece la doble instancia en la revisión de las bases y en la resolución de recursos impugnatorios. En esa línea, especifica la obligación de registrar las contrataciones entre una y tres UIT. Además, flexibiliza la determinación del valor referencial en los convenios marco y establece la notificación electrónica.

Finalmente, este proyecto -con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del arbitraje- establece como infracción a los árbitros cuatro supuestos “1) el incumplimiento de su deber de informar oportunamente si existe algún hecho que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía. 2) incumplir  su deber de garantizar el cumplimiento del principio de transparencia. 3) resolver sin sustentar el apartamiento del orden de prelación previsto en el artículo 52° de la ley para la aplicación de las normas o 4) si infringen el Código de Ética para el arbitraje en las contrataciones del Estado que apruebe el OSCE”.

Sobre este último punto, si bien se debe fortalecer la institucionalidad del arbitraje en la medida que se convertido en el mecanismo que –actualmente- brinda mayores ventajas a los particulares (e, incluso, al propio Estado), esperamos realmente que estos cambios cumplan el objetivo de ser disuasivos entre los árbitros[1].

Considero que, al momento de debatirse este proyecto en comisión y luego en el pleno del Congreso de la República, si se quiere fortalecer el arbitraje en materia de contratación pública, se debe tener muy presente que la garantía de una competencia sana consiste en que el árbitro se límite a aplicar las reglas previamente fijadas, de lo contrario atentará contra el principio de imparcialidad. En ese orden de ideas, como una oportunidad de mejorar el referido proyecto, se debería comparar -por ejemplo- con las características de los árbitros que existe en el CIADI y velar básicamente por la ética de los árbitros y pensar como posibilidad de sanción no solo  en la suspensión del árbitro sino también a que este mal arbitro pueda estar impedido de ejercer el cargo de por vida.

*Imagen tomada de la galería de Avinashkunnath


[1]Revisando el portal de la OCSE podemos  advertir que de los 33 casos vistos en  este año no se reportan ningún caso de recusación suponemos que esto sucede porque de conformidad con el numeral 3º del artículo 51º del Decreto Legislativo 1017 titulado Confidencialidad  todos los arbitrajes en los que interviene el Estado peruano como parte, están sujetas a confidencialidad y el laudo será público solo una vez terminadas las actuaciones.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: