Regulación para el verano: ¿es la obesidad un tema legal?

Por: Óscar Súmar, Profesor del curso Economía y Derecho en la UP

Se espera que para el 2030, aproximadamente el 45% de la población del Reino Unido sea obesa. Algo similar ocurre en EE.UU. y otros países industrializados. Si la salud de la población es un tema en la agenda del gobierno, entonces, ¿debería éste intervenir para procurar que las personas no engorden (o pierdan peso)?

Basados en un estudio realizado en EE.UU. hace unos años se propuso en el Reino Unido una política para subsidiar a las personas que redujeran de peso. Otra opción que se ha barajado es la de imponer mayores tributos a la venta de alimentos con mayores niveles de grasa. Otra es prohibiendo la publicidad o restringiendo la comercialización de comidas especialmente grasosas, como en el caso de Mc Donalds y las “cajitas felices” (remito a un post de este blog sobre el tema: aquí). En el mismo grupo se podría incluir la reciente prohibición de transgénicos. ¿Tendrían estas normas algún sentido?

Primera pregunta que cabría hacer es: ¿cuál es el sustento de la regulación? Parece ser que en el mercado de comida no hay problemas de competencia, por lo tanto solo podríamos hablar de un probable caso de paternalismo. El paternalismo es la decisión regulatoria que se basa en la irracionalidad de las personas para regular reemplazando sus decisiones individuales. Esta justificación es bastante endeble por contradecir postulados básicos de la Economía y del Estado de Derecho. Sin embargo, se han defendido formas de “paternalismo suave” (Cass Sunstein y Richard Thaler: “Libertarian Paternalism is Not an Oximoron”), mediante el cual el Estado no reemplaza las decisiones de los individuos, sino que las “dirige”, mediante incentivos. El paternalismo es, sin embargo, particularmente defendible en el caso de los niños, en relación a los cuales quedan pocas dudas en relación a su irracionalidad (Richard Epstein: “Behavioral Economics: Human Errors and Market Corrections”).

Por el lado de las externalidades, podría decirse que la obesidad genera costos a las empresas (por enfermedades de sus empleados) o gastos al Estado (por el uso de sistemas de salud). Sin embargo, no queda claro –por un lado- que éstas sean realmente externalidades y –por otro- que, de serlo, no puedan ser fácilmente “internalizadas”. Bastaría con que en las relaciones de trabajo se tomen en cuenta las faltas (¿acaso no se hace?) o que el Estado no subsidie a las personas que puedan pagar por los servicios de salud.

Otra cosa, distinta, es si estas normas pueden lograr la meta que se proponen. Un estudio reciente en el Reino Unido señala que los impuestos sobre las comidas grasosas no cambian los hábitos alimenticios de las personas. Podemos especular un poco señalando que esto es muy probable considerando que el precio de la comida rápida no solo corresponde a la cantidad de dólares que cuesta en la “lista de precios”, sino que se deben considerar otros factores, como qué tan fácil es conseguirla y cuánto tiempo se debe destinar a obtenerla.

Esto último nos lleva a pensar en otra conclusión del estudio: una norma incrementando el costo de la comida rápida tendería a tener efectos en la igualdad, acrecentando las brechas entre ricos y pobres. Esto tiene relación con que la comida rápida es más barata, como ya dijimos, y que por lo tanto los pobres suelen consumirla más que los ricos. Si esto es así, la solución no es simplemente quitarle la alternativa a los pobres para que no se puedan “auto-infligir” daños.

Como señaló Alan Schwarts (“Justice and the Law of Contracts: a Case for the Traditional Approach”):

 “Empobrecer a una persona quiere decir aquí reducir el número de opciones que una persona tiene disponibles para mejorar su vida. Supongamos que un juez prohíbe una cláusula de un contrato (o,decimos nosotros,prohíbe la publicidad de las fórmulas infantiles). Él ha puesto una restricción a las opciones disponibles que tienen las personas para ponerse de acuerdo (…). La gente pobre tiende a tener menores opciones que la gente rica porque tiene menos dinero. Pero los pobres tienen,al menos,autonomía privada. Si un juez prohíbe una cláusula basado en el ostensible campo de proteger al pobre,el juez está,finalmente,reduciendo las opciones de la gente pobre y por tanto está impidiendo que los pobres hagan las cosas lo mejor que pueden dadas sus circunstancias (…)”.

7 Responses to Regulación para el verano: ¿es la obesidad un tema legal?

  1. Sebastián dice:

    Lo mismo pasa con los fumadores. Hace poco leí un artículo en The Guardian al respecto.

  2. fernando dice:

    Al respecto, creo q las externalidades no estan bien identificadas, el problema no es el modelo el problema son los supuestos detras del modelo, la gente no actua de manera racional porque el mundo no es racional. Postulado primordial de toda teoria economica, o por lo menos de la mayoria de teorias, si quitamos este supuesto hay una clara falla de mercado porque los agentes carecen de informacion completa respecto al potencial problema de salud futura y por lo tanto no lo incorporan en su decision. En fin como todo en economia depende, creo q en prohibir no esta la solucion sino en dar alternativas costo eficientes a la comida chatarra.

  3. con el subsidio no se daría quizas un mayor incentivo al consumo? tal ves todas las cosas se tengan que hacer juntas. tanto como la regularización de la publicidad como la imposición de mayores impuestos. totalmente de acuerdo con que si dejamos que el numero de obesos avance, esto nos perjudicará en el futuro con una menor productividad.

  4. Estimados señores, gracias por sus comentarios. Estimado Fernando, creo que en tu comentario confundes tres justificaciones de la regulación distintas. Una cosa es que hayan externalidades (que equivale a decir que al ser obeso le causas “daños no contratados” a otra persona), otra que hayan problemas de racionalidad (no poder procesar bien la información) y otra que haya asimetría informativa (no tener suficiente información).

    La obesidad causa daños a la propia persona obesa, pero difícilmente a terceros. Por eso dije que no hay un tema de externalidades involucrado. Que las personas somos irracionales. De hecho esto es asumido -mas bien- por casi cualquier persona, incluidos los economistas; pero no necesariamente nos lleva a regulaciones particulares para casos concretos. Las personas -si son irracionales- lo son en cualquier supuesto, no solo en relación a comprar comida. Algo similar se podría decir en relación a la información. No es suficiente decir que hay irracionalidad o desinformación para justificar la regulación, sino que tendremos que demostrar como esa regulación tiene un efecto positivo en la sociedad, considerando sus costos y beneficios.

    Saludos,

    Oscar Sumar

  5. Guillermo Jara dice:

    ¡Qué buen artículo, Oscar! Sería pertinente ver si, realmente, lo que ese Estado busca es ser paternalista, pues considero hay algo más que un paternalismo, hay un interés escondido por parte del Estado Norteamericano. Digo esto, porque son los obesos las personas que tienden a sufrir más enfermedades, son más vulnerables a ser víctimas de lesiones ¿Quién cubre las enfermedades de las personas? El estado, es el que asume los costos. Entonces, no lo veo tanto como un tema de que hay bienes jurídicos que proteger o que se tiene que proteger a las personas para que no coman grasa, para que no sean obesas, tal vez sí, pero creo que no es el fondo del asunto (aunque suene duro) y mucho menos veo que se busque, con la norma, proteger bienes jurídicos ajenos, porque NO hay externalidades ¿Acaso que una persona coma grasa me afecta? No directamente, no lesiona mis bienes jurídicos.
    Ahora, volviendo al tema en sí, no me parece paternalismo, sino me parece que el Estado quiere reducir costos, y con esta medida se puede lograr ese objetivo. Ya que, el Estado invierte mucho dinero tratando las enfermedades de las personas (sobre todo de obesos, que están más propensos a sufrirlas) Sin embargo, se tiene que disfrazar esto con algo llamado paternalismo, que hace ver como punto primordial la protección de bienes jurídicos, y no lo que realmente buscan con la norma (Reducir costos) Es decir, se tiene la intención de proteger bienes, pero no en un primer plano, creo que lo primordial para el Estado es reducir los costos. Cabe resaltar, que debemos tener en cuenta la metáfora “ No hay lonche gratis”

    Saludos,

    Guillermo Jara

  6. Pingback: Obesidad: una mutación del gen receptor de los omega-3 implicado

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