El empleo público y algunas tareas pendientes

Por: Ronnie Farfán Sousa – Profesor de Derecho Administrativo de la UP

En las primeras clases de Derecho Administrativo 1, cuando explico el concepto de interés público siempre hay algún alumno que pregunta “¿y quién se encarga de apreciar o definir qué es lo que sirve, satisface o protege un interés público?” o mejor aún “¿quién define si algo es o no de interés público?” Cuando respondo que la encargada de esta tarea es la propia Administración Pública y concretamente sus funcionarios públicos, se forma en quienes escuchan un gesto de preocupación. Y es que es evidente que hoy en día el empleo público se encuentra claramente desprestigiado debido a muchos desaciertos en su regulación y pese al reducido grupo de funcionarios públicos capaces que siempre habrá.

Dentro de los temas de la reforma de la Administración Pública, existe uno fundamental sin el que ninguna reforma podrá echar a andar y ese es el de la reforma del empleo público. No hay nada nuevo en afirmar que sin funcionarios públicos debidamente capacitados, incentivados y debidamente sancionados en caso de abuso o desvío de sus funciones, cualquier política de reforma que se planee implementar fracasará al primer intento. Al margen de los cuestionamientos que puedan realizarse a los proyectos presentados, se encuentra en el gobierno, al parecer, un interés por cambiar -o por iniciar el cambio, mejor- de esta situación.

Así, por ejemplo, la nefasta decisión populista del gobierno anterior de reducir los salarios de los funcionarios e imponer topes remunerativos se está tratando de subsanar por algunos canales de salvación como permitir la contratación de determinados funcionarios que no se encuentren sujetos a los referidos topes salariales. Queda claro que lamentablemente, por razones políticas, no se pueden deshacer de la noche a la mañana esos topes y subir el sueldo de los funcionarios, ya que esto le costaría algunos puntos de aprobación en las encuestas al ejecutivo.

Subsisten otros grandes problemas como la existencia de un régimen de la carrera pública desfasado y anquilosado, plasmado en una norma que data de hace ya muchos años y que incluso contempla disposiciones que hoy no pueden ser admitidas desde una perspectiva constitucional como es el caso de la posibilidad de sancionar disciplinariamente a un funcionario sin permitirle antes la posibilidad de ejercer su derecho de defensa contra los cargos que se le imputan.

Sin embargo, no solo el desfase del régimen de carrera es el problema sino que además, más allá de los regímenes especiales, coexisten en la actualidad una serie de regímenes generales que convierten en una jungla el uso del Decreto Legislativo 276, el régimen laboral de la actividad privada (que se aplica a buena parte de los funcionarios públicos), el Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Sobre este último ya se han alzado las voces que reclaman su cambio pues, como se sabe, pese a las mejores que implicó respecto del Contrato por Servicios No Personales (SNP), este sigue siendo un régimen que busca evitar la aplicación de las reglas una verdadera relación laboral.

Afortunadamente, pese a que el Tribunal Constitucional declaró en su momento la constitucionalidad del referido régimen, se sabe del interés de modificarlo o desaparecerlo en orden a que no existan funcionarios con tareas o funciones iguales y regímenes (beneficios y gravámenes) distintos, hecho que no solo implica un supuesto de discriminación sino que convierte al Estado en un empleador que no respeta sus propias normas.

Por otro lado, sin embargo, se escucha que en lugar de potenciarse el funcionamiento de un organismo como SERVIR que ha venido desarrollando un estupendo trabajo con sus informes, pronunciamientos y las salas Tribunal del Servicio Civil, desde donde está, se pretende incluirlo dentro del Ministerio de Trabajo, afectándose quizás su capacidad técnica y politizándose en muchos aspectos.

Queda también pendiente la necesidad de tecnificar o acotar los espacios librados a los cargos de confianza. Es la absoluta libertad que existe para seleccionar a los cargos de confianza de alguna entidad de la Administración Pública la culpable de que existan, cada cierto tiempo, reportajes o destapes periodísticos que nos muestran que existen funcionarios con cargos de asesores u otros tantos, que no cuentan con ningún tiempo de experiencia en el sector al que pertenecen, que no cuentan con ningún tipo de capacidad técnica aprendida en alguna universidad o que simplemente están ahí por amistad pura o carné de partido. Si bien los cargos de confianza resultan fundamentales para el gobernar del ejecutivo, nada mal y mucho bien haría que se limite un poco la apertura que se tiene para su libre designación y se requiera, aunque sea, un nivel de tecnicidad mínimo, de modo tal que no sea solo la confianza sino, sumada a esta, la capacidad de la persona, las que la lleven a ser nombrada.

Todo esto sin tomar en cuenta los diversos problemas que existen en el caso de los distintos regímenes especiales. Desde los trabajadores del INPE que realizan una huelga porque, pese a las características muy especiales de sus condiciones de trabajo, sus sueldos promedios bordean los novecientos soles, hasta la carrera pública magisterial cuyos problemas son casi una cuestión permanente. Aquí, entre muchas otras cosas, hace falta tomar más en serio la idea de la evaluación a los maestros, pues no es posible que se pretenda considerar serio tomar un examen de conocimientos y con eso medir si un profesor resulta o no idóneo para continuar dictando clases. Es evidente que hace falta establecer pruebas que brinden resultados más relevantes que la buena o mala memoria de un profesor o el tiempo que le tarda resolver problemas matemáticos. Tan importante como estos “conocimientos” resulta necesario saber cómo se comporta el profesor en el aula y si es capaz de transmitir correctamente lo que sabe a los alumnos.

Finalmente, no puede dejarse de mencionar la necesidad de regular con mayor uniformidad el complejo abanico de incompatibilidades, deberes de conducta, faltas y procedimientos disciplinarios que se deben seguir en el caso de que los funcionarios falten a la ética o incurran en supuestos de desviación de poder, habida cuenta de que hoy estas disposiciones se encuentran desperdigadas en distintas normas y casi resultan de aplicación alternativa.

Subyace la idea de que es necesario contar con una Escuela de Administración Pública con suficiente fortaleza como en muchos otros países, lo cual es, sin duda importante. Sin embargo, en este caso, nada hace una escuela si es que antes no se asfalta bien el camino que deberán seguir sus alumnos.

One Response to El empleo público y algunas tareas pendientes

  1. Magister dice:

    Este nuevo régimen de “personal altamente calificado” con presupuesto aprobado según las normas últimas (Ley 29806 y su Reglamento del 24.01.2012 DS 016-2012-EF) esperemos que no termine complicando la malla de regímenes en la Administración Pública y haga más difícil su estructuración. Ahora van a existir tres regímenes: a) Personal altamente calificado (al que me refiero anteriormente), b) Medianamente calificados (Régimen de los gerentes públicos), c) “Bajamente” calificados, precisamente la carrera pública y demás análogos por regularizar (CAS,D.Leg.728, etc.).

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