Procedimiento de comunicación entre la SUNARP y el Poder Judicial

Por: Luis Aliaga Blanco, Bachiller en Derecho por la PUCP

El martes 31 de enero se publicó la Resolución No 029-212-SUNARP/SA, que aprobó la directiva No 02-2012-SUNARP/SA que regula el procedimiento para que los registradores públicos soliciten aclaraciones a los Magistrados del Poder Judicial en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2011[1] del Código Civil. [2]

Esta directiva establece que los registradores procederán a remitir oficios de aclaración que serán enviados al poder judicial junto con la esquela respectiva. Asimismo, se podrá adjuntar al oficio, una copia literal[3] o certificado compendioso[4] de la partida registral materia de la solicitud con la finalidad de que el magistrado cuente con todos los elementos necesarios para una mejor comprensión de lo solicitado.

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El empleo público y algunas tareas pendientes

Por: Ronnie Farfán Sousa – Profesor de Derecho Administrativo de la UP

En las primeras clases de Derecho Administrativo 1, cuando explico el concepto de interés público siempre hay algún alumno que pregunta “¿y quién se encarga de apreciar o definir qué es lo que sirve, satisface o protege un interés público?” o mejor aún “¿quién define si algo es o no de interés público?” Cuando respondo que la encargada de esta tarea es la propia Administración Pública y concretamente sus funcionarios públicos, se forma en quienes escuchan un gesto de preocupación. Y es que es evidente que hoy en día el empleo público se encuentra claramente desprestigiado debido a muchos desaciertos en su regulación y pese al reducido grupo de funcionarios públicos capaces que siempre habrá.

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¿El Estado está perdiendo el juicio? Sobre concesiones, deudas tributarias e institucionalidad

Por: Mario Zúñiga, Abogado por la PUCP. Profesor de Economía y Derecho en la UP e Investigador del Instituto Libertad y Democracia

“No es posible que una empresa grande que tiene muchos años en el país enjuicie al Estado por el pago de tributos” ha señalado el Presidente Humala en una cumbre internacional la semana pasada, mostrando así su descontento ante la demanda contencioso-administrativa interpuesta por Telefónica del Perú contra una decisión del Tribunal Fiscal que determinaba que dicha empresa debe a la SUNAT 2132 millones de soles (aproximadamente 775 millones de dólares al cambio actual). Lo que se supone es una garantía de todo administrado (apelar las decisiones administrativas en sede judicial) es visto así como una “actitud hostil” de parte de una empresa privada. Pero eso no es lo peor. No sólo se ha criticado el hecho de que Telefónica cuestione las decisiones del Tribunal Fiscal en el Poder Judicial, sino que se ha condicionado la renovación de sus contratos de concesión de telefonía móvil (renovación a la que, hasta donde tenemos conocimiento, tenía derecho la empresa siempre y cuando haya cumplido con sus compromisos regulatorios) a la “solución del problema tributario”.

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¡Zapatero a tus zapatos!

Por: Rocío Sagástegui Ponsignon, profesora de Derecho Administrativo en la PUCP

Hace poco leí un comentario de Óscar Súmar publicado en El Cristal Roto en el que reflexionaba sobre los límites del Tribunal Constitucional en el ámbito de las reguladoras, y se me vino a la mente también dos fallos del TC el caso de la PUCP y el caso en la que se pronuncia sobre una ordenanza municipal que afectaba una concesión minera. Conforme leía el blog, recordé una sentencia que afectaba al regulador de electricidad  que se ventiló en el TC, pues en él no solo se declaró fundado un amparo sino que además declaró nulas las resoluciones emitidas por la JARU y un concesionario de Lima.

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La eficiencia en el gasto público ¿Cómo la medimos? ¿Qué medidas pueden adoptarse para conseguir este objetivo?

Por: Zita Aguilera Becerril, Asociada del Estudio Echecopar, Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, Máster en Derecho de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid.

En nuestro país, es común que la eficiencia de la gestión se mida en función de cuánto del presupuesto asignado se gasta en el año, es decir, “la capacidad de gasto”, pues cada Entidad del Estado tiene funciones que cumplir y para ello se le asigna el presupuesto correspondiente. A pesar del enorme déficit en infraestructura, educación, salud pública y de la necesidad de mayor seguridad en el país, el avance en ejecución del presupuesto para inversiones es lento al cierre de este semestre. Así se advierte que los gobiernos regionales y locales sólo han ejecutado el 20% de su presupuesto, en tanto que el gobierno central apenas ha gastado apenas el 35% del presupuesto destinado a inversiones. Leer más de esta entrada

Administración de lo tributario. Para mejorar el flujo de caja en las empresas

Por: Francisco Pantigoso, Abogado por la PUCP, MBA por la Universidad del Pacífico, Miembro de IFA – Grupo peruano, Profesor de la UP

En épocas de desafío económico mundial, diversas empresas vienen luchando con la creciente competencia por un área de demanda más pequeña, la fuerte presión de los precios a la baja y un acceso extremadamente restringido al crédito.

Estos factores muchas veces se han combinado para ejercer una enorme tensión sobre los ingresos corporativos y han elevado los problemas de negocios relacionados con un entorno de efectivo restringido. Es sabido que las preocupaciones relacionadas con proteger las ganancias por acción, el mantener el valor de dicha acción, el resaltar e implementar la reducción de costos y el asesorar y monetizar los activos de bajo rendimiento, se han vuelto verdaderas prioridades financieras. Leer más de esta entrada

Sobre héroes, bandidos y ejecutores coactivos

Por: Ronnie Farfán Sousa, Profesor de Derecho Administrativo dela Universidaddel Pacífico. Asociado del Estudio Echecopar.

La regulación de la ejecución coactiva en nuestro ordenamiento y su desarrollo, en la práctica, son objeto de distintos cuestionamientos frecuentemente. Para muestra, algunos botones: dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre demandas de inconstitucionalidad interpuestas por dos municipalidades contra la ley que regula el procedimiento de ejecución coactiva actualmente, avisos en los periódicos en los que entidades bancarias y otras empresas alegan una incorrecta actuación de los distintos agentes que intervienen en el marco de este tipo de procedimientos y una norma, la Ley No. 26979, suficientemente modificada como para darse cuenta de que muchas veces la realidad supera al legislador. Y es que, sin duda, se trata de un asunto delicado, del uso de una potestad intensa –intensísima, mejor- dela Administracióny que, de no ser ejercida correctamente, puede afectar directamente los derechos de los administrados. Leer más de esta entrada