¡Basta de mitos! ¿El control de conductas sustituye las labores del control de fusiones?

Por: Diego Carrillo. Estudio Lazo, De Romaña y Gagliufi Abogados

Hace pocos días fue presentada una iniciativa legislativa (PL) que propone implementar un mecanismo de control de fusiones que permitiría a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI estudiar los efectos que tendrían tales operaciones en la competencia en los mercados cuando las partes involucradas superen un umbral de ventas superior a 100 000 UIT. Si bien como toda propuesta normativa, el PL resulta perfectible, es útil anotar ciertas ideas que no se deben ahogar en el tintero.

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El mercado cautivo notarial

Por: Luis Eduardo Aliaga Blanco, Bachiller en Derecho por la PUCP

El instrumento público más utilizado para otorgar mayor seguridad a las transacciones es la escritura pública, documento que solo puede ser otorgado por un Notario Público. Siendo esto así, un costo adicional y necesario que deben asumir los particulares para la creación del título inscribible[1], son los pagos que deben realizarse a las notarías para la obtención de este documento. El gran problema es que estos suelen ser costosos[2], lo cual impide que las personas de menores recursos, que son la mayoría en el país, puedan acceder a este documento.

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¿El Estado está perdiendo el juicio? Sobre concesiones, deudas tributarias e institucionalidad

Por: Mario Zúñiga, Abogado por la PUCP. Profesor de Economía y Derecho en la UP e Investigador del Instituto Libertad y Democracia

“No es posible que una empresa grande que tiene muchos años en el país enjuicie al Estado por el pago de tributos” ha señalado el Presidente Humala en una cumbre internacional la semana pasada, mostrando así su descontento ante la demanda contencioso-administrativa interpuesta por Telefónica del Perú contra una decisión del Tribunal Fiscal que determinaba que dicha empresa debe a la SUNAT 2132 millones de soles (aproximadamente 775 millones de dólares al cambio actual). Lo que se supone es una garantía de todo administrado (apelar las decisiones administrativas en sede judicial) es visto así como una “actitud hostil” de parte de una empresa privada. Pero eso no es lo peor. No sólo se ha criticado el hecho de que Telefónica cuestione las decisiones del Tribunal Fiscal en el Poder Judicial, sino que se ha condicionado la renovación de sus contratos de concesión de telefonía móvil (renovación a la que, hasta donde tenemos conocimiento, tenía derecho la empresa siempre y cuando haya cumplido con sus compromisos regulatorios) a la “solución del problema tributario”.

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¿Qué tanto necesita el diablo de una posición de dominio para subirse al ferrocarril de la ilegalidad?: A propósito de la litigación predatoria según Indecopi

Por: Gustavo M. Rodríguez García, abogado PUCP y Magíster por la Universidad Austral de Argentina. Abogado Asociado Senior en Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade Abogados. Profesor universitario

Hacia fines finales de julio de este año, la Sala de Defensa de la Competencia 1 del Tribunal del Indecopi se pronunció sobre la denuncia presentada por la Asociación de Operadores de Ferrocarriles del Perú. A decir de la denunciante, un grupo de empresas denunciadas actuaban de forma unitaria planteando diversas acciones judiciales y administrativas con el propósito de impedir o dilatar el acceso de otras empresas al mercado de servicio de transporte ferroviario en el Tramo Cusco – Machupicchu – Hidroelétrica.

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La fusión Lan-Tam y la tendencia hacia la concentración en la industria de transporte aéreo regional

Por: Gonzalo Ruiz, Economista, Profesor en la Maestría de Regulación de Servicios Públicos de la PUCP

La recientemente anunciada fusión entre la aerolínea chilena LAN y la brasilera TAM, constituye un capítulo más de una larga sucesión operaciones de concentración que se ha venido observando en la industria aérea a nivel mundial y regional. Hace muy poco, en el año 2010, se anunció la fusión entre United Airlines y Continental Airlines, dando lugar a la línea aérea con el mayor nivel de tráfico a nivel mundial. A nivel regional, Avianca y Taca, cuyos ingresos conjuntos suman más de US$3000 millones anuales, también decidieron fusionarse recientemente.

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Nadie sabe para quién trabaja: el caso DICSCAMEC

Por: Carlos Rojas Klauer. Asociado del Estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados.

En estos días de violencia en las calles, el Gobierno ha dispuesto reestructurar el sistema de seguridad ciudadana, ofreciendo entre varias propuestas, el subir el sueldo de los policías para que estos dediquen mayor tiempo a sus funciones y no se vean obligados a realizar actividades de vigilancia privada en los días que el Estado no puede cubrir su día de trabajo. Así, con la eliminación progresiva del denominado “1×1” se ha generado un debate, en torno a si la seguridad privada se encuentra preparada para asumir el resguardo de aquellos lugares en los que los ciudadanos estamos acostumbrados a ver a un policía en su día “libre” o no remunerado.

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¿Ausencia de perjuicio o efectiva recompensa? Reflexiones económicas a propósito de la efectividad de los programas de leniency en el derecho de la competencia

Por: Gustavo M. Rodríguez García. Abogado PUCP y Magíster por la Universidad Austral de Argentina. Asociado Senior de Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade Abogados

En el post de Cecilia O’Neill publicado en El Cristal Roto se plantea el interesante tema de los programas de colaboración. Estoy absolutamente de acuerdo con sus reflexiones. Mi interés es explorar brevemente si, dada la posibilidad real de identificar infracciones y atendiendo a la escala de sanciones establecida en la ley, no conviene dar un paso más hacia lo que denomino “sistema de recompensas”. En efecto, identificar una práctica anticompetitiva es una tarea compleja y costosa. En ese orden de ideas, los programas de leniency son una buena idea para fomentar la revelación de información orientada a permitir la identificación y sanción de infracciones a la normativa de libre competencia. Adoptar mecanismos que promuevan la participación de los propios agentes económicos involucrados en las conductas presuntamente infractoras parte de la premisa de que ellos cuentan con información relevante que, de ordinario, no se encuentra a disposición inmediata de la autoridad. En suma, estas estrategias pretenden resolver un problema de asimetría informativa entre la autoridad y los agentes que realizan las prácticas.

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