¿Deben percibir utilidades los trabajadores de las empresas contratistas? Algunos comentarios respecto de la propuesta recogida por la Ley General de Trabajo

Por: Percy Alache Serrano, Abogado asociado del área laboral de Hernández & Cía Abogados. Profesor del Postítulo de Derecho del Trabajo de la PUCP

Desde hace algún tiempo se viene discutiendo esta situación, pero al parecer tendría un horizonte definido con ocasión del proyecto de Ley General de Trabajo (LGT). Al respecto, la Comisión de Expertos encargada de la revisión y actualización de la LGT[1], ha señalado que: “Con el objeto de resolver una situación estimada injusta por muchos sectores, se reconoce el derecho de los trabajadores de las empresas contratistas a participar de las utilidades que genere la empresa principal para la cual estos prestan servicios. Para tal efecto, se establece un procedimiento que al mismo tiempo que garantiza este derecho persigue evitar diferencias notorias de ingresos entre los trabajadores de la empresa de servicios” [2].

Bajo este contexto, el problema central consiste en determinar si deben repartirse las utilidades únicamente entre los trabajadores de la empresa principal, tal como viene siendo actualmente, o es posible ampliar el universo de beneficiados incluyendo a todos los que intervienen en el ciclo productivo de una determinada actividad económica, como son los trabajadores de las empresas contratistas.

¿Tener más trabajadores estatales en planilla es realmente la solución? A propósito de las propuestas para la eliminación del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios

Por: Gianfranco Mejía Trujillo, Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Colaborador del Centro de Investigación en Políticas Públicas Respeto por Respeto.

El 3 y 10 de noviembre de 2011, fueron presentados los Proyectos de Ley 468 y 514-2011-CR, respectivamente, mediante los cuales se propone eliminar el régimen de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en las entidades estatales e incorporar a todos los trabajadores bajo ese régimen a las planillas del Estado.

Como la gran mayoría de proyectos de ley, los analizados tienen muy buenas intenciones. Pretenden otorgar más beneficios laborales a la gran cantidad de trabajadores estatales (90 000 aproximadamente) bajo el régimen CAS, asimilándolos a los que se encuentran en planilla. Sin embargo, es necesario verificar los costos que traen consigo las buenas intenciones.

Una Ley General del Trabajo para el siglo pasado

Por: Gustavo Yamada, Vicedecano de Facultad de Economía de la UP

No es muy auspicioso que, como primera medida de un nuevo Gobierno sobre el tema laboral, se trate de resucitar un proyecto de Ley General del Trabajo que no alcanzó un consenso suficiente como para que se hiciera realidad en gobiernos anteriores. Este proyecto no alcanzó dicho consenso porque, desde el punto de vista de muchas empresas, que son las que finalmente generan el empleo en el país, y desde el punto de vista de la mayoría de académicos que estudiamos estos temas, el proyecto de ley iba a contracorriente de lo que se necesita para generar más empleo de calidad.

Nuevas obligaciones empresariales en materia de seguridad y salud ocupacional

Por: Cecilia Vargas, abogada por la Universidad de Lima, asociada del Estudio Grau

El pasado mes de agosto fue publicada la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante la Ley), mediante la cual el Gobierno establece un marco normativo, con rango de ley, en materia de seguridad y salud en trabajo. Dicha norma, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, precisa que su objeto es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, estableciendo el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Repasando las principales disposiciones de la Ley General del Trabajo

Por: Percy Alache Serrano, Profesor del Post Título en Derecho del Trabajo de la PUCP. Abogado asociado al área laboral de Hernández & Cía Abogados.

Habiéndose retomado el interés por la aprobación de la Ley General del Trabajo (LGT) y teniendo en consideración que dicha norma actualmente viene siendo revisada técnicamente para luego ser debatida en el Pleno del Congreso, consideramos oportuno recordar brevemente algunos aspectos que la LGT pretende regular.

 Aparte de unificar la diversa legislación laboral existente en un solo cuerpo normativo, se ha mencionado que el objetivo principal de la LGT es restablecer el equilibrio de las relaciones laborales, brindando márgenes de protección tanto a nivel individual como colectivo, pero sin que ello pueda suponer la implementación de un régimen laboral rígido que impacte negativamente en el desarrollo económico del país.

Nueva ley de seguridad y la salud en el centro de trabajo

Por: Roberto Matallana, profesor de Derecho Laboral en la UP, consejero del Estudio Miranda & Amado abogados

La Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) publicada el sábado 20 de agosto del año en curso estableció una serie de derechos, obligaciones y acciones operativas por parte de los empleadores y trabajadores. Dicha norma ha fijado una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De esta manera, los empleadores deben contar con los recursos económicos necesarios para determinar los riesgos, disponiendo de equipos e instrumentos de protección necesarios para la seguridad de los trabajadores según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones. De esta manara se hace necesaria y vital la capacitación de los trabajadores en la prevención de los riesgos laborales.

Contratación temporal, estrategias empresariales e impacto en la producción

Por: Mauro Ugaz Olivares, Abogado por la PUCP, Asociado del Estudio Miranda &Amado Abogados, profesor de la Universidad Pacífico y de la PUCP.

Un escenario común en el ámbito empresarial peruano es tratar de ahorrar los costos ante una eventual salida del personal.  Precisamente, hace algunos años, la intención de las empresas era evitar el pago de la indemnización.  En la actualidad, el propósito es evitar que el trabajador se reincorpore al centro de trabajo cuando no existe una causa legal que habilite al empleador a la conclusión del vínculo laboral, de acuerdo a los parámetros previstos por el Tribunal Constitucional.

En tales circunstancias, ya sea con el fin de evitar el pago de una indemnización o para no afrontar la reposición de una persona al centro de trabajo, muchas de las entidades empresariales procuran contratar temporalmente a sus trabajadores pese a no encontrarse dentro de los supuestos que la norma prevé para tales casos.