Perspectivas frente a la reglamentación y puesta en marcha de la Ley de Consulta Previa en Perú

Por: Mirva Aranda y Salvador Herencia, Profesores del Curso de Prevención y Manejo de Conflictos Sociales en el Perú organizado por la Comisión Andina de Juristas, con el apoyo de NESST

En un anterior artículo se hizo un breve recuento sobre las principales características de la Ley Nº 29.785 o “Ley de Consulta Previa”, publicada el 7 de septiembre de 2011. Esta Ley desarrolla el Convenio Nº 169, denominado “Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales”, el cual fue ratificado por el Perú mediante la Resolución Legislativa Nº 26.253, publicada el 5 de diciembre de 1993. Cabe destacar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55º de la Constitución del Perú, el contenido de este tratado es parte del orden jurídico interno.

Con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio Nº 169, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 13 de septiembre de 2007, la Resolución Nº 61/295 denominada “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas”, que si bien no es un tratado, reafirma y cristaliza los derechos de las comunidades indígenas, especialmente en lo relativo a su derecho a la libre determinación y a preservar, mantener y difundir su identidad étnica y cultural.

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Un poco de realidad (comentario al Proyecto de Ley que propone la obligación de destinar el 15% (25% luego de 10 años) del presupuesto de las universidades privadas a la investigación)

Por: Óscar Súmar, profesor de la Facultad de Derecho de la UP

La intención de este proyecto de ley (artículo 21 del proyecto 177-2011: disponible en la página web del Congreso) sería convertir a las universidades en “incubadoras de empresas”, significando que en las universidades –gracias a la investigación- se pueden crear nuevas tecnologías o conocimientos que ayuden a desarrollar nuevas empresas o volver más competitivas a las ya existentes. Eso está muy bien. De hecho, en EE.UU. la innovación es el motor del mercado, y la innovación se logra, prioritariamente, gracias a la investigación. Parte de esa investigación se desarrolla gracias al “ánimo bélico” Norteamericano, pero otra parte gracias a su sistema universitario. Tenemos, sin embargo, varias atingencias a este proyecto:

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“Intervención injustificada en el mercado universitario” (comentario al artículo)

Por: Óscar Súmar, profesor, Facultad de Derecho, Universidad del Pacífico

En esta oportunidad quisiera comentar el artículo del abogado y profesor de la UP Mario Zúñiga, acerca de un proyecto de ley y sentencia del TC que establecen la prohibición de que las universidades condicionen la asistencia a clases o la rendición de evaluaciones al pago de pensiones del ciclo que se esté cursando.

Comenzaré diciendo que estoy plenamente de acuerdo con lo concluido por Mario. Creo, al igual que él, que el decidir cómo cobrar a los alumnos es una decisión de negocio y depende de una información con la que no cuentan ni el Congreso, ni el TC. Creo, además, que el mercado de la educación universitaria es lo suficientemente competitivo como para suponer que no necesita de esta regulación directa.

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La Ley de Protección de Datos Personales y el futuro de la sociedad de la información en el Perú

Por: Erick Iriarte Ahon, Jefe del Area de Derecho y Nuevas Tecnologías, Iriarte & Asociados (http://iriartelaw.com)

En el año 2005, tras el proceso de firmas para un referéndum revocatorio en Venezuela, donde cientos de venezolanos expresaron su vocación democrática para buscar un cambio en la dirección de su país, el entonces diputado gubernamental Luis Tasco publico la denominada “Lista Tascon” en su sitio web. Esta lista era de las personas que habían firmado la solicitud para el referéndum revocatorio, no era de los que habían votado en uno u otro sentido, sino tan solo de los que habían expresado su interés en un proceso democrático. En la página web del diputado Tascon uno podía con tan solo colocar el DNI saber si se había firmado o no por el referéndum. Para poder tener esos datos se tenía que haber tenido acceso a los planillones firmados, que estaban en manos del Consejo Nacional Electoral. El argumento de Tascon era tener “una demostración del fraude”, el argumento que expreso la población fue un “mecanismo de control y persecución política” al haberse identificado a personas firmantes. Leer más de esta entrada

¿Sirviendo a los mozos? La polémica “ley de los mozos”

Por: Jose Luis Repetto. Alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, 5to ciclo.

No contentos con haber eliminado el cubierto en los restaurantes, el Congreso quiere introducir sus garras hasta lo más profundo de nuestros tenedores. El boom gastronómico que hoy experimenta el Perú quiere ser aprovechado por el Estado para recargarnos a los consumidores un costo más por el consumo en restaurantes, bares y hoteles. Se viene cocinando en el Congreso (o más bien sirviendo un plato insípido)  el Proyecto de Ley N° 04730-2010-CR, que introduce un recargo sobre el consumo (el monto sería el10% de lo consumido) que estaría destinado para los trabajadores del establecimiento. Leer más de esta entrada

Sobre héroes, bandidos y ejecutores coactivos

Por: Ronnie Farfán Sousa, Profesor de Derecho Administrativo dela Universidaddel Pacífico. Asociado del Estudio Echecopar.

La regulación de la ejecución coactiva en nuestro ordenamiento y su desarrollo, en la práctica, son objeto de distintos cuestionamientos frecuentemente. Para muestra, algunos botones: dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre demandas de inconstitucionalidad interpuestas por dos municipalidades contra la ley que regula el procedimiento de ejecución coactiva actualmente, avisos en los periódicos en los que entidades bancarias y otras empresas alegan una incorrecta actuación de los distintos agentes que intervienen en el marco de este tipo de procedimientos y una norma, la Ley No. 26979, suficientemente modificada como para darse cuenta de que muchas veces la realidad supera al legislador. Y es que, sin duda, se trata de un asunto delicado, del uso de una potestad intensa –intensísima, mejor- dela Administracióny que, de no ser ejercida correctamente, puede afectar directamente los derechos de los administrados. Leer más de esta entrada

Nuevas elecciones: más de un milagro

Por: Alvaro Tord, asociado del Estudio Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade Abogados.

A las puertas de la segunda vuelta electoral presidencial, quienes no desean que ninguno de los dos candidatos sea elegido, sugieren votar nulo o en blanco, con la finalidad de que estos votos lleguen a superar los dos tercios de los votos emitidos, y con ello, conseguir la anulación del proceso y nuevas elecciones.

Si bien haría falta un milagro para que los votos en blanco o nulos superen esa tremenda valla, de producirse tan singular acontecimiento, hay que prever las consecuencias jurídicas que se suscitarían y que plantea las siguientes interrogantes: ¿Es cierto que se anularía no sólo la segunda vuelta, sino que también la primera? ¿Cuál es el sustento jurídico de esta afirmación?

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