“Easy Rider” y las Zanahorias

Por: Cecilia O’Neill de la Fuente. Jefa del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico

Quienes han visto “Easy Rider”, dirigida en 1969 por Dennis Hopper, recordarán el memorable diálogo entre el abogado interpretado por Jack Nicholson y el hippie interpretado por el propio director. El último se preguntaba cuándo EEUU se había vuelto tan represivo. La respuesta del abogado es que EEUU se proclama como un país de respeto a la libertad. La paradoja se explica, según el personaje, en que hablar de libertad y practicarla son dos cosas distintas. “No vayas a decirle a nadie que no es libre porque son capaces de matarte o lastimarte para probarte que sí lo son. … Te hablarán y te hablarán de la libertad individual, pero si ven a un individuo libre se asustan”.

Pensaba en esta película cuando decidí escribir sobre el Plan Zanahoria.

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Sobre los costos de establecer topes remunerativos para los funcionarios públicos

Por:  Eduardo Quintana Sánchez*, Socio de Santiváñez Abogados

El 18 de diciembre el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley sobre montos máximos para las remuneraciones de funcionarios públicos. Estos topes remunerativos se crearon con la Ley 28212 (abril de 2004), modificada a través del Decreto de Urgencia 038-2006. La Ley 28212 y el mencionado proyecto de ley señalan que el Presidente de la República puede percibir como máximo 10 unidades de ingreso del sector público (UISP) y que los demás altos funcionarios del Estado que le siguen en jerarquía deben percibir 6 UISP. Asimismo, contemplan que los demás funcionarios públicos, cualquiera sea su modalidad contractual o régimen laboral, deben percibir como máximo 6 UISP.

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El seguro como requisito para acceder a créditos bancarios

Por: Oscar Súmar, profesor de la Facultad de Derecho, Universidad del Pacífico

Mediante el Decreto Supremo 34-2010-SA se ha establecido al seguro médico como requisito para acceder a un crédito. Tal como ha mencionado Alfredo Bullard, no existe una relación entre créditos bancarios y seguros de salud. No existe ningún motivo por el cual uno deba estar “atado” al otro. Hubiera sido lo mismo que sujeten cualquier prestación pública (votar) o privada (comprar en un supermercado) a la contratación de un seguro.

Por otro lado, como destaca el mismo Bullard, una cláusula de atadura realizada por un privado sería muy probablemente sancionada (si el infractor tuviera posición de dominio). En este caso, paradójicamente, es el propio Estado el que establece esta especie de atadura.

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Comentarios a la Ley N° 29451 que otorga pensión a la sociedad conyugal y las uniones de hecho en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP)

Por: José Andrés Villena Petrosino*

La Ley N° 29451 (en adelante la ley) crea una nueva modalidad de acceso a una  pensión en el régimen del D.L. N° 19990, con base a la acumulación de años de aportación entre los cónyuges o convivientes. Rompiendo la regla general que existe en cualquier régimen previsional, pues el derecho a la pensión de jubilación pertenece individualmente a la persona.

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Previendo desastres políticos: la Ley de la Consulta Previa

Por: Antonio Peña Jumpa *

El miércoles 19 de mayo el pleno del Congreso de la República del Perú aprobó la “Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas”. Dicha ley, aún pendiente de ser promulgada por el Presidente de la República, busca regular las obligaciones establecidas al Estado Peruano por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 1994, fecha en que nuestro país ratificó dicho Convenio.

La ley se aprueba a 15 días de cumplirse un año de los lamentables sucesos de Bagua (5 de Junio del 2009). La ley es un producto de estos sucesos. Lo cual nos permite dos comentarios antes de señalar brevemente las ventajas y desventajas de la ley.

Primero, en nuestro país aún es necesario que ocurran muertes de indígenas y no-indígenas para alcanzar una ley que regule lo que ya aparece como obligación de las autoridades del Estado en el mencionado Convenio y en la propia Constitución Política del Perú.

Segundo, nuestros representantes políticos (Congresistas de la República) y nuestras autoridades políticas (el Ejecutivo) tienen que dilatar al extremo la discusión del contenido de dicha ley para aprobarla. De no ser por la proximidad del 5 de junio, es probable que no haya habido ley aprobada.

Estos dos comentarios confirman que los pueblos indígenas u originarios no son aún prioridad en la agenda de nuestros políticos. Pero teniendo en cuenta ya la aprobación de la ley, qué ventajas y qué desventajas nos ofrece ésta.

Las ventajas se encuentran en la regulación de aquellas obligaciones que para nuestras autoridades no eran claras. Ahora se recalcan responsabilidades para que las “entidades estatales” cumplan con identificar “las medidas legislativas o administrativas que tienen relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios” para llevar a cabo la consulta.

Las desventajas se encuentran en la regulación misma: toda ley restringe derechos cuando su fuente u origen se encuentran en la Constitución o en Tratados Internacionales. Si no hay voluntad y buena fe de las autoridades del Estado y los actores sociales y económicos interesados, la ley se cumplirá en lo mínimo o simplemente no se cumplirá. Dentro de esta línea, por ejemplo, la ley no involucra a las empresas que son las interesadas en las consultas para explotar los recursos naturales que se encuentran en territorio de los pueblos originarios. ¿Qué ocurre si estas empresas no cumplen la ley o las decisiones que broten de las consultas que ejecutan las autoridades del Estado?

Más allá de los comentarios y de las ventajas o desventajas señaladas, cabe pensar en la madurez de nuestra sociedad para buscar respetar la ley aprobada dentro del marco de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Es nuestra sociedad peruana, cada vez más consciente de su pluralidad y diversidad cultural, la que puede cambiar a los políticos que no tienen la voluntad de aplicar la norma y sancionar a los empresarios o a los propios indígenas que la incumplan.

* Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.