Conflictos sociales, minería informal y Madre de Dios

Por: Salvador Herencia, Asesor legal de la Comisión Andina de Juristas *

El reciento conflicto ¿solucionado? en Madre de Dios lleva a considerar cuál es la capacidad de respuesta del Estado para poder cumplir los acuerdos suscritos, una vez terminada la etapa de crisis de un conflicto social. El plazo de un año establecido para la formalización de la minería ilegal/informal en dicha región difícilmente será cumplido y habrá que ver cuál es la respuesta del Estado cuando se cumpla dicho plazo. Lamentablemente el Estado no va poder planificar esta formalización dado que prácticamente se han abierto, casi de forma simultánea, conflictos con la minería informal/ilegal en Ica y Ancash.

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Norma y realidad en la minería informal

Por: Antonio Peña Jumpa. Profesor Principal en la Facultad de Derecho de la PUCP

El Gobierno central recientemente ha promulgado varios Decretos Legislativos (que tienen rango de ley) con el objeto de “ordenar y combatir la minería informal o ilegal”. Uno de estos Decretos Legislativos es el que corresponde al Nro. 1102 del 28 de Febrero del 2012, que tipifica, a través de diversas modalidades, el delito de “Minería Ilegal” con penas de cárcel de 4 a 12 años. ¿Qué tan beneficiosa es esta legislación para poner “orden” en provincias y regiones donde impera la minería informal?

¿Luz verde para Conga? Conflictos sociales y desarrollo de la minería en Perú

Entrevista a Lorenzo de la Puente, especialista en Derecho Ambiental, realizada por Andrea Espejo, estudiante de la Facultad de Derecho de la UP

¿Cuál cree que sería el impacto que generaría el proyecto minero Conga en las comunidades campesinas en caso que este se llevara a cabo?

Pienso que será positivo. Y con mayor razón ahora que su EIA estará sujeto a un peritaje internacional y que el proyecto tendrá todas las “lupas” del gobierno y de varias ONG encima.

En cuanto al impacto sobre el agua, el meollo del conflicto, me remito a las declaraciones de un funcionario dela Autoridad Nacionaldel Agua que aparecieron en El Comercio hace un par de días. Éste declaró que la población cajamarquina cree que debe competir con las grandes industrias por el recurso cuando la minería solo utiliza el 1,78% del agua en Cajamarca. Además dijo que las diferentes fuentes de agua de la región podrían acumular en total 10,460 millones de metros cúbicos del recurso, pero solo se utilizan 2,113 millones. Estos son argumentos científicamente fuertes.

El derecho al buen vivir en Cajamarca (previendo un nuevo desastre político tras el caso Conga)

Por: Antonio Peña Jumpa, Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Master en Ciencias Sociales y Ph.D in Laws

El gobierno central ha cambiado de ministros  y previamente declaró el Estado de Emergencia en cuatro provincias de la región de Cajamarca, ante el fracaso del diálogo directo entre autoridades y dirigentes, y el temor por el acrecentamiento de las protestas contra el proyecto minero Conga. ¿Qué explica estas protestas y las dificultades del gobierno central de alcanzar una solución al conflicto? ¿Qué explica que se rechace un proyecto de inversión de miles de millones de dólares que generaría trabajo y grandes ingresos tributarios para la propia región? El Derecho al Buen Vivir es probablemente la principal razón para esta explicación.

Perspectivas frente a la reglamentación y puesta en marcha de la Ley de Consulta Previa en Perú

Por: Mirva Aranda y Salvador Herencia, Profesores del Curso de Prevención y Manejo de Conflictos Sociales en el Perú organizado por la Comisión Andina de Juristas, con el apoyo de NESST

En un anterior artículo se hizo un breve recuento sobre las principales características de la Ley Nº 29.785 o “Ley de Consulta Previa”, publicada el 7 de septiembre de 2011. Esta Ley desarrolla el Convenio Nº 169, denominado “Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales”, el cual fue ratificado por el Perú mediante la Resolución Legislativa Nº 26.253, publicada el 5 de diciembre de 1993. Cabe destacar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55º de la Constitución del Perú, el contenido de este tratado es parte del orden jurídico interno.

Con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio Nº 169, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 13 de septiembre de 2007, la Resolución Nº 61/295 denominada “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas”, que si bien no es un tratado, reafirma y cristaliza los derechos de las comunidades indígenas, especialmente en lo relativo a su derecho a la libre determinación y a preservar, mantener y difundir su identidad étnica y cultural.

Aprovechamiento económico de pasivos ambientales mineros

Por: Jorge Gutiérrez S., abogado y consultor internacional. Socio de Deustua & Halperin Abogados.

Contablemente, el término “pasivo” está referido al conjunto de deudas que tiene una empresa con terceros. Cuando hablamos de pasivos ambientales, obviamente, nos referimos a deudas asociadas a la existencia de un daño ambiental ocasionado por las actividades económicas desarrolladas por una empresa. Este tipo de deudas comprende distintos conceptos como el costo de las obligaciones de remediación o mitigación medioambiental, las multas administrativas aplicables conforme a ley o las indemnizaciones por la afectación de intereses particulares o colectivos.

Con frecuencia los pasivos ambientales son consecuencia de actividades económicas que se desarrollaron en el pasado sin los cuidados ambientales que la ley exige en la actualidad. Algunos de ellos son tan antiguos que no se conoce al generador ni tienen un responsable identificable. En el Perú, los pasivos ambientales de naturaleza minera se han convertido en uno de los problemas de contaminación más serios del país.

¿Transgénicos o no transgénicos? Esa es la pregunta mi querido Watson…

Por: Manuel Ruiz, Abogado por la PUCP, Director del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho  Ambiental.

El debate sobre los transgénicos en el Perú, no es nuevo. Tal vez se ha hecho bastante más visible, pero la verdad es que el tema empezó discutirse durante la segunda mitad de los años noventa. La Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso dela Biotecnología(1999) se adelantó a la adopción del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (2000), y el D.S. N° 108-2001-PCM (reglamento de la Ley) fue promulgado poco después. Junto son el reciente D.S. N° 003-2011-MINAG, conforman la arquitectura legal en materia de bioseguridad en el país.

Lo primero que habría que indicar, es que la sola existencia de una estructura legal como esta, de alguna manera presupone que los productos transgénicos (especialmente semillas), son una realidad y su creciente presencia en el mundo hace casi (casi) inevitable su introducción a los sistemas agrícolas. Sin embargo, como se ha podido comprobar, las resistencias a estas semillas se han intensificado también y la siembra y el uso de semillas transgénicas (en este caso en el Perú) no va a ser aceptada tan fácilmente. Pocos se oponen al desarrollo de la biotecnología moderna, que no debe confundirse con los transgénicos.