Análisis de la propuesta para la incorporación de fotografías y número de documento de identidad de consumidores en tarjetas de débito y crédito

Por: Carlos Rojas Klauer. Asociado del Estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados. Especialista en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor

En las últimas semanas, la actividad parlamentaria ha  enfocado sus esfuerzos en la formulación de diversos proyectos de ley, relacionados a la protección y defensa de los derechos de los consumidores, los cuales buscan incorporar nuevas limitaciones y obligaciones para los proveedores[1].

De los proyectos presentados, resulta pertinente comentar la propuesta para la incorporación de fotografías y número de documento de identidad de consumidores en tarjetas de débito y crédito[2] (en adelante, el “Proyecto”), a efectos de evaluar el alcance, necesidad y consecuencias económicas de la referida propuesta normativa.

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Indigesta “informativa” y el apetito por la regulación

Por: Óscar Súmar. Profesor e investigador a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UP. Co-autor del libro “Paradojas de la regulación de la publicidad en el Perú” (Lima: Fondo Editorial de la UP. 2010)

Nuevamente la comida chatarra sobre el tapete (para anteriores versiones de la discusión, ver: aquí y aquí). Esta vez un artículo publicado en El Comercio (en la sección Tú Dinero, página B10, 17 de marzo de 2012) hace referencia a algunos datos sobre el gasto publicitario en comida chatarra, luego lo asocia a los supuestos males causados por la publicidad, para finalmente referirse a un proyecto de ley que intentaría limitar la cantidad de publicidad en este ámbito.

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Retrasando la educación con normas

Por: Óscar Súmar, profesor e investigador a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UP

El Congresista Vicente Zeballos Salinas ha presentado un proyecto de ley para retrasar la autorización de entrada al mercado de nuevas universidades. Esta norma, según el congresista en mención, se justificaría porque ayudaría a “(…) mejorar la calidad de la oferta universitaria (…)”.

Sin embargo, como ya hemos repetido hasta el cansancio, regular tomando como base la calidad siempre es una mala idea. La calidad es subjetiva. Si uno dice “la calidad de A es baja” o “la calidad de B es alta” solo está diciendo su opinión, la misma que no es verificable bajo ningún criterio objetivo.

Lo que sí es objetivo y verificable es que a las personas con mayor acceso a la educación terciaria les va mejor que a los que no lo tienen. Estas personas, además, no solo ganan más dinero (recomendamos ver el estudio de Gustavo Yamada sobre retornos de la educación en el mercado peruano aquí), sino que tienen “ganancias” en otros aspectos de la vida, como mayor acceso a la cultura, a la actividad física o a las acciones filantrópicas. Y, aunque no es un punto zanjado en la literatura sobre el tema, tampoco es descabellado pensar que la educación es una causa del mayor crecimiento de algunos países (para una discusión sobre estos temas y literatura, recomendamos revisar: “The Rol of Higher Education in Economic Development”).

Esta norma es similar a otras como la moratoria de los transgénicos que -pretendiendo incrementar la calidad- no hacen más que volver más escasos recursos que -por sí mismos- ya son difíciles de conseguir en un país pobre, como son la comida y la educación.

Ahora, eso no quiere decir que la actitud frente a la educación deba de ser pasiva. Sin embargo, existen otros medios para alcanzar mejorar nuestros indicadores en puntos específicos, tales como la empleabilidad de los alumnos, el incremento de sueldos, el desarrollo de inventos patentables, empresas; e, investigaciones de primer nivel, que reciban financiamiento. Estos logros se podrían alcanzar -mas bien- con desregulación (que es otra manera de llamar a la competencia), la cual se vería reflejada -paradojicamente- en la creación de nuevas universidades y la mejoría de las ya existentes.

Incrementar el costo de abrir una universidad o mantener una ya existente, con este tipo de normas u otras como las acreditaciones obligatorias, no tiene -necesariamente- una conexión directa con la mejora de ningún indicador relevante. Prueba de esto es la actual propuesta de estándares de acreditación para las facultades de Derecho. La propuesta tiene a rededor de 100 indicadores, cuando las acreditadoras más prestigiosas del mundo tienen entre 0 a 20 indicadores.

Consumidor y sistema financiero. Cuando los intereses están en juego

Por: Ljubica Vodanovic Ronquillo. Profesora de la Maestría de Derecho Bancario y Financiero, PUCP

Se ha discutido mucho acerca de si los bancos pueden o no cobrar sus acreencias debitando sobre las cuentas de haberes de sus clientes cuando éstas no excedan las 5 Unidades de Referencia Procesal (URP) que han sido establecidos como inembargables según el Código Procesal Civil. Esta discusión cobra especial importancia ya que aparentemente nos encontramos ante un conflicto de intereses; de un lado, el derecho alimentario del trabajador que le asegura satisfacer sus necesidades básicas, y, de otro, el derecho que tienen los bancos de hacerse de un mecanismo que les permita recuperar de manera expeditiva sus acreencias para poder hacer pago de los pasivos frente al público ahorrista. Como quiera que dichos intereses vienen siendo tutelados por organismos diferentes, en el primer caso, en sede administrativa, es el INDECOPI el encargado de proteger al consumidor para que no se vea afectado en sus intereses individuales; y de otro, es la SBS la que tiene por función cuidar la estabilidad del sistema y la protección de los intereses del público, de modo que entre sus tareas está cuidar que las entidades financieras cuenten con mecanismos eficientes para recuperar sus acreencias.

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Si soy consumidor, ¿debo recurrir al INDECOPI o al Tribunal Constitucional?

Por: Leoni Raúl Amaya Ayala. Asociado del Estudio Sparrow, Hundskopf & Villanueva Abogados y docente universitario.

Por sentencia del 20 de julio de este año, recaída en el Exp. 01865-2010-PA/TC, nuestro Tribunal Constitucional ha vuelto a darle la razón a un usuario frente a actos cometidos en contra de sus intereses por empresas privadas y organismos públicos. Y me refiero que el TC nuevamente ha dado la razón, porque desde hace un buen tiempo, el máximo intérprete de la Constitución ha venido fallando a favor de consumidores en procesos de amparo sobre materias referidas a servicios de telecomunicaciones, servicios de energía eléctrica, métodos de cobranzas abusivos, etc.

No es el espacio el indicado para opinar el aspecto de fondo de aquellas sentencias, sin embargo, por ahora, quiero plantear que me preocupa que el TC incida en que es el órgano encargado para proteger los derechos de los consumidores.

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Prácticas abusivas con los textos escolares

Por: Cecilia O’Neill, Jefa del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico

El Gobierno parece creer que cuanto más leyes de protección a los consumidores haya, más protegidos quedarán éstos. Primero tuvimos una ley de protección al consumidor, que la jurisprudencia de INDECOPI fue complementando poco a poco (con marchas y contramarchas), pero como la palabra “Código” parece más sólida, eso es lo que tenemos ahora. Los Códigos están para comprender en ellos las más variadas categorías de personas y situaciones que se pueda regular: el Código Civil comprende todo tipo de relaciones patrimoniales y familiares, el Código Penal contiene todos los delitos, el Código Tributario establece la estructura básica del sistema fiscal, etc. Pero pareciera –al menos para el Estado- que el Código del Consumidor no comprende a todos los consumidores y que hacía falta una ley especial para proteger a los consumidores de textos escolares. Leer más de esta entrada

¿Transgénicos o no transgénicos? Esa es la pregunta mi querido Watson…

Por: Manuel Ruiz, Abogado por la PUCP, Director del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho  Ambiental.

El debate sobre los transgénicos en el Perú, no es nuevo. Tal vez se ha hecho bastante más visible, pero la verdad es que el tema empezó discutirse durante la segunda mitad de los años noventa. La Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso dela Biotecnología(1999) se adelantó a la adopción del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (2000), y el D.S. N° 108-2001-PCM (reglamento de la Ley) fue promulgado poco después. Junto son el reciente D.S. N° 003-2011-MINAG, conforman la arquitectura legal en materia de bioseguridad en el país.

Lo primero que habría que indicar, es que la sola existencia de una estructura legal como esta, de alguna manera presupone que los productos transgénicos (especialmente semillas), son una realidad y su creciente presencia en el mundo hace casi (casi) inevitable su introducción a los sistemas agrícolas. Sin embargo, como se ha podido comprobar, las resistencias a estas semillas se han intensificado también y la siembra y el uso de semillas transgénicas (en este caso en el Perú) no va a ser aceptada tan fácilmente. Pocos se oponen al desarrollo de la biotecnología moderna, que no debe confundirse con los transgénicos.  Leer más de esta entrada