Con respecto al Decreto de Urgencia N° 010-2012, llamado pomposamente Medidas de Urgencia para la Reestructuración y Apoyo de Emergencia a la Actividad Deportivo Futbolística

Por: Martín Ortiz. Profesor del Departamento Académico de Derecho de la UP

Hace un par de semanas la Jefa del Departamento Académico de Derecho me encargó que participara en una entrevista para un programa de televisión, con respecto al tema del Decreto de Urgencia del título de este artículo. No sé si en la decisión de Cecilia pesó mi fanatismo por un equipo de fútbol (del que somos hinchas más de la mitad del Perú), por lo que me puse a revisar el dispositivo recién publicado. Una vez leído el texto, le pedí a un gran amigo socio de un importante estudio de abogados de Lima, que me aclare algunas inquietudes preliminares que tenía sobre la validez de una norma de esta naturaleza. Así me sentí preparado para conversar con la periodista encomendada para esta misión.

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Indigesta “informativa” y el apetito por la regulación

Por: Óscar Súmar. Profesor e investigador a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UP. Co-autor del libro “Paradojas de la regulación de la publicidad en el Perú” (Lima: Fondo Editorial de la UP. 2010)

Nuevamente la comida chatarra sobre el tapete (para anteriores versiones de la discusión, ver: aquí y aquí). Esta vez un artículo publicado en El Comercio (en la sección Tú Dinero, página B10, 17 de marzo de 2012) hace referencia a algunos datos sobre el gasto publicitario en comida chatarra, luego lo asocia a los supuestos males causados por la publicidad, para finalmente referirse a un proyecto de ley que intentaría limitar la cantidad de publicidad en este ámbito.

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Dios le da barba a quien no tiene quijada. Subsidios en el sector saneamiento

Por: Cecilia O´Neill de la Fuente. Jefa del Departamento Académico de Derecho de la UP

Soltero exitoso de San Isidro subsidiado por familia pobre de Carabayllo. El mundo al revés. Esto es lo que pasa cuando la regulación no mira la realidad. La estructura tarifaria de las empresas de saneamiento (EPS) tiene un esquema de precios escalonados por categorías de consumo. A mayor consumo, mayor es el precio por metro cúbico, o dicho en buen cristiano, paga más quien consume más.

Con ello se espera racionalizar el consumo de agua, y de otro lado, se espera que quienes consumen más subsidien a quienes consumen menos. Esto último supuestamente está alineado con uno de los principios de la regulación de tarifas: la equidad social. El error de este esquema es relacionar nivel de consumo con nivel de pobreza. Resultado: fatales errores de inclusión (filtración) y de exclusión (subcobertura), pues los no pobres terminan subsidiados por quienes sí lo son; o sea, Dios le da barba a quien no tiene quijada.

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Límite a la propiedad agraria: chiste repetido (y no fue gracioso la primera vez)

Por: Óscar Súmar A., profesor e investigador a tiempo completo en la UP

Nuevamente se ha puesto sobre el tapete el tema del límite a la propiedad agraria, gracias a propuestas de ley presentadas en el Congreso. Dichas propuestas tienen más o menos la misma estructura y el mismo sustento. La idea es que una sola persona o “grupo económico” solo pueda contar con 20 mil hectáreas aproximadamente, con variaciones dependiendo del proyecto que se mire. El tema tiene larga data, pero nos exoneraremos de un recuento, redirigiéndolos aquí.

La propuesta tiene dos justificaciones formales: lograr la “seguridad” alimentaria y redistribuir (ver explicación de uno de sus propulsores aquí y al mismo congresista en un interesante debate con Fernando Cilloniz aquí). Hasta aquí, cabe preguntarnos, ¿es posible lograr alguno de estos fines por medio de una norma con estas características?

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¿Quién desincentiva la legislación chatarra?: a propósito de la propuesta impositiva sobre comida chatarra

Gustavo M. Rodríguez García. Abogado PUCP y Magíster por la Universidad Austral de Argentina. Profesor universitario de Análisis Económico del Derecho y propiedad intelectual

Algunos medios de comunicación han difundido la propuesta que una organización ha hecho con el fin de disminuir el consumo de comida chatarra (por ejemplo, ver aquí). A decir de los promotores del desincentivo mediante el empleo de impuestos, de esta forma se pretendería restringir el acceso a alimentos potencialmente perjudiciales para la salud. Lo que podría ser una propuesta meramente anecdótica, genera cierto interés porque nuestro actual Ministro de Salud ha declarado estar a favor de esta medida (ver aquí).

A nuestro juicio, la propuesta únicamente revela, nuevamente, la sencillez con la que se cae en intervenciones directas sobre la base de fundamentos ambiguos. La alimentación es una necesidad humana esencial pero, además, es un derecho. Las personas elegimos qué comer en función a una diversidad de consideraciones entras las que podemos destacar el gusto y el precio de los alimentos.

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Estandarización de la calidad: ¿cuánto nos cuesta no entender el mercado?

Por: Gustavo M. Rodríguez García. Abogado PUCP y Magíster por la Universidad Austral de Argentina

Existe un proyecto de ley para la creación de un denominado “Sistema Nacional de Calidad para la Competitividad y Protección al Consumidor”. No tengo duda que el proyecto es bien intencionado pero, como dice un conocido refrán, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. En la sección de antecedentes normativo, el citado proyecto reza: “El Perú tiene un escaso desarrollo en la normatividad técnica, los instrumentos legales y la capacidad operativa para vigilar su cabal cumplimiento de los estándares mínimos que deben tener todo bien o servicio puesto en el mercado”. ¿Qué estándares mínimos?

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Consumidor y sistema financiero. Cuando los intereses están en juego

Por: Ljubica Vodanovic Ronquillo. Profesora de la Maestría de Derecho Bancario y Financiero, PUCP

Se ha discutido mucho acerca de si los bancos pueden o no cobrar sus acreencias debitando sobre las cuentas de haberes de sus clientes cuando éstas no excedan las 5 Unidades de Referencia Procesal (URP) que han sido establecidos como inembargables según el Código Procesal Civil. Esta discusión cobra especial importancia ya que aparentemente nos encontramos ante un conflicto de intereses; de un lado, el derecho alimentario del trabajador que le asegura satisfacer sus necesidades básicas, y, de otro, el derecho que tienen los bancos de hacerse de un mecanismo que les permita recuperar de manera expeditiva sus acreencias para poder hacer pago de los pasivos frente al público ahorrista. Como quiera que dichos intereses vienen siendo tutelados por organismos diferentes, en el primer caso, en sede administrativa, es el INDECOPI el encargado de proteger al consumidor para que no se vea afectado en sus intereses individuales; y de otro, es la SBS la que tiene por función cuidar la estabilidad del sistema y la protección de los intereses del público, de modo que entre sus tareas está cuidar que las entidades financieras cuenten con mecanismos eficientes para recuperar sus acreencias.

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