Y un día se hizo la oscuridad…. Y encima querían que tomaramos #sopa

Por: Erick Iriarte, Jefe del Area de Derecho de Nuevas Tecnologias, Iriarte & Asociados. http://iriartelaw.com

El 18.01.12 fue convocada una protesta (un #blackout #apagon) en contra de la denominada ley #sopa (stop online piracy act) y su “prima” la ley #pipa (Protect IP Act). Ambas normas estan pensadas en una protección de la industria de contenidos offline producidos en USA.

Las normas buscan (dado que si bien su debate se va a prolongar, y la misma Casa Blanca se ha opuesto a ellas dado “que afectan la arquitectura básica de Internet”) restringir el acceso (cuando eliminar) a sitios que tengan contenidos que vulneren derechos de #copyright de contenidos protegidos producidos en USA, para ello actuaran sobre los medios de pago que pudieran utilizar estos sitios (ya ocurrio con Wikileaks), bloquearan los sitios directamente en los ISPs (por ejemplo rojadirecta.org), buscaran eliminar la publicidad de estos sitios, ordenaran dar de baja su acceso desde buscadores y finalmente buscaran bloquear sus DNS.

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La Ley de Protección de Datos Personales y el futuro de la sociedad de la información en el Perú

Por: Erick Iriarte Ahon, Jefe del Area de Derecho y Nuevas Tecnologías, Iriarte & Asociados (http://iriartelaw.com)

En el año 2005, tras el proceso de firmas para un referéndum revocatorio en Venezuela, donde cientos de venezolanos expresaron su vocación democrática para buscar un cambio en la dirección de su país, el entonces diputado gubernamental Luis Tasco publico la denominada “Lista Tascon” en su sitio web. Esta lista era de las personas que habían firmado la solicitud para el referéndum revocatorio, no era de los que habían votado en uno u otro sentido, sino tan solo de los que habían expresado su interés en un proceso democrático. En la página web del diputado Tascon uno podía con tan solo colocar el DNI saber si se había firmado o no por el referéndum. Para poder tener esos datos se tenía que haber tenido acceso a los planillones firmados, que estaban en manos del Consejo Nacional Electoral. El argumento de Tascon era tener “una demostración del fraude”, el argumento que expreso la población fue un “mecanismo de control y persecución política” al haberse identificado a personas firmantes. Leer más de esta entrada

Histeria transgénica

Por: Mario Zúñiga, Abogado por la PUCP. Investigador del Instituto Libertad y Democracia. Colaborador de Respeto por Respeto.

“Los transgénicos son tóxicos” y “van a destruir nuestras tierras cultivables”, llama la atención un periodista especializado en gastronomía. “Los transgénicos destruirán nuestra biodiversidad”, afirma nuestro chef más representativo. Otros finalmente, alegan que  el ingreso de los transgénicos perjudicará a los pequeños agricultores al ocasionarles “dependencia económica y tecnológica de las empresas que los venden”.  Por todo ello, los transgénicos “son peores que una plaga bíblica”.

¿Se justifica realmente todo este alarmismo en torno a los transgénicos?  No, no se justifica en lo más mínimo. Tal como he señalado en un artículo previo sobre el tema, en realidad los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), comúnmente llamados “transgénicos”, no suponen mayores riesgos para la salud humana, ni para la biodiversidad o el medio ambiente. Muy por el contrario, dado su menor costo y resistencia a climas fríos y a plagas, podrían contribuir a reducir el precio de los alimentos, en beneficio de los consumidores. Leer más de esta entrada

Creative commons y la necesidad de un derecho de autor “a la carta”

Por: Gustavo M. Rodríguez García, Asociado del Estudio  Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade

El derecho de autor es una forma de propiedad intelectual que reconoce en los autores dos categorías de derechos diferenciadas: (i) los derechos morales; y, (ii) los derechos patrimoniales. Los primeros son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles mientras que los segundos no tienen estas restricciones. Sin embargo, la cesión o renuncia de los derechos patrimoniales debe ser expresa y claramente determinada, esto es, no puede presumirse que se haya autorizado determinados actos salvo que expresamente conste de esa forma.

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Uso de herramientas informáticas en el centro de trabajo: entre los derechos del empleado y los del empleador

Por: Erick Iriarte Ahon*

El presente post es un comentario al Proyecto de Ley 4345 que propone regular el uso de medio informáticos para la comunicación en el centro de trabajo.

Sin duda alguna la fuente del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo es la Sentencia 1058-2004-AA/TC del caso Rafael Francisco García Mendoza vs. Serpost, que ciertamente estaba enfocado en el uso por parte del empleado de instrumentos informáticos del centro de labores para fines ajenos a los laborales. La sentencia analiza de manera profunda diversas aristas del proceso, de los derechos del trabajador, de los derechos del empleador y sobre todo de los mecanismos sancionadores.

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Egov en el Perú

Por: Rocío Suarez*

El impacto que tienen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la vida cotidiana de los individuos se hace cada vez más natural, y, sin darnos apenas cuenta, hacemos uso de redes, terminales y servicios proveídos por las nuevas tecnologías, y principalmente del internet, tanto para recibir, generar y transmitir información, como para relacionarnos con otras personas, comunidades, empresas, instituciones educativas y entidades estatales de cualquier país del mundo. Hemos accedido al estado social llamado de la Sociedad de la Información, y que se encuentra en pleno desarrollo, alcanzando a todos los ámbitos de la sociedad.

El Gobierno Electrónico, E-Government o Administración Electrónica, es un concepto inacabado que recoge la aplicación de las TICs en la implementación de los servicios públicos y la gestión pública, con la finalidad de hacerlos más eficientes para el ciudadano; así como, mejorar el acceso a la información pública y la participación ciudadana en el quehacer del Estado, espacios a los que se ha extendido en los últimos años.

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El voto electrónico y su repercusión en el proceso electoral

Por: Piero Alessandro Corvetto Salinas*

El mandato legal para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aplique de forma gradual y progresiva el voto electrónico en elecciones vinculantes data del 2005. Sin embargo, la ausencia de consenso político para reglamentarla postergó su aplicación, hasta que hace pocos días se publicó la ley que faculta a la ONPE reglamentar directamente su puesta en marcha.

Luego de décadas en las cuales los miembros de Mesa asumieron la difícil y extenuante tarea de firmar y sumar cada voto recibido (entre 200 y 300 por elección), además de llenar los múltiples ejemplares de actas que la legislación estipula (cinco juegos de actas, más un ejemplar adicional por cada organización política que acredite personero en la Mesa, todo ello por cada elección celebrada), por fin se ha aprobado un marco legal que permitirá que se facilite considerablemente la labor de los miembros de Mesa, garantizando de manera estricta la voluntad expresada por los ciudadanos en cada Mesa de Sufragio, y permitiendo que la ciudadanía conozca los resultados de la contienda electoral a las pocas horas de finalizado el sufragio.

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