¿Existe la “buena” discriminación?: el caso de la chica con Síndrome de Down a la que le negaron la afiliación a un seguro

Por: Óscar Súmar, profesor (TC) de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico

Rimac, una empresa de seguros, negó cobertura a una  chica con Síndrome de Down (en adelante, SD). La aseguradora alegó que el SD no estaba cubierto por el seguro. En virtud a esto, el Indecopi ha sancionado a la empresa, fundamentando su decisión en que ésta habría violado tanto el Código de Protección y Defensa del Consumidor (negativa injustificada a la prestación de un servicio); como la Constitución (trato discriminatorio). Las sanciones a la empresa incluyen una multa y el ordenarle afiliar a la señorita. Desde nuestro punto de vista, esta decisión no tiene mayor sustento.

 ¿Discriminación o decisión de negocios?

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Acuerdos de coexistencia marcaria: una tarea pendiente (y urgente) en Indecopi

Por: Gustavo M. Rodríguez García, Abogado PUCP y Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina. Profesor de propiedad intelectual y análisis económico del derecho.

Si alguien me preguntara qué tema requiere atención urgente –posiblemente, incluso, a través de un precedente de observancia obligatoria– en materia de propiedad intelectual, tendría que decir que es la cuestión que quiero comentar: la de los acuerdos de coexistencia de marcas. Es una cuestión que puede ser algo complicada de entender, en especial, si es que uno no tiene mayor conocimiento de las reglas del derecho de marcas. Aquí mi mejor intento de explicar la problemática.

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Prácticas abusivas con los textos escolares

Por: Cecilia O’Neill, Jefa del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico

El Gobierno parece creer que cuanto más leyes de protección a los consumidores haya, más protegidos quedarán éstos. Primero tuvimos una ley de protección al consumidor, que la jurisprudencia de INDECOPI fue complementando poco a poco (con marchas y contramarchas), pero como la palabra “Código” parece más sólida, eso es lo que tenemos ahora. Los Códigos están para comprender en ellos las más variadas categorías de personas y situaciones que se pueda regular: el Código Civil comprende todo tipo de relaciones patrimoniales y familiares, el Código Penal contiene todos los delitos, el Código Tributario establece la estructura básica del sistema fiscal, etc. Pero pareciera –al menos para el Estado- que el Código del Consumidor no comprende a todos los consumidores y que hacía falta una ley especial para proteger a los consumidores de textos escolares. Leer más de esta entrada

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y su “control difuso”

Por: Ronnie Farfán Sousa, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del Pacífico. Asociado del Estudio Echecopar

Quizás no sea tan larga la historia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas – CEB de INDECOPI (antes Comisión de Acceso al Mercado – CAM) pero, sin duda, está llena de idas y vueltas, de vaivenes e indefiniciones. Sobre todo en relación a sus facultades para inaplicar normas de carácter general que contengan barreras burocráticas ilegales o irracionales. En ese sentido, resulta necesario aproximarse a estos antecedentes para dibujar mejor el escenario de este comentario.

 

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Publicación del libro: Ensayos sobre Protección al Consumidor en el Perú (Fondo Editorial de la UP, 2011)

Editado por Oscar Súmar, profesor de la Facultad de Derecho de la UP, el libro recoge trabajos de prestigiosos profesores y profesionales, no solo abogados, tanto del ámbito público, como privado, mostrando una postura balanceada sobre diversos aspectos de la protección al consumidor, como: el fundamento económico de ésta; el comportamiento de los consumidores; los mecanismos legales de protección; etc.

¿Quién alguna vez no ha deseado haberse enterado de las restricciones antes de acceder a una promoción? ¿Quién no ha comprado un producto fallado o que no cumplía con sus expectativas? ¿Quién no ha recibido una llamada o e-mail no deseado ofreciéndole un producto? De una manera u otra, todos somos consumidores y todos hemos sufridos éstas u otras situaciones equivalentes en carne propia. Esto, sumado a la importancia de las relaciones entre consumidores y proveedores, hace que las normas de protección al consumidor siempre sean objeto de las más apasionadas discusiones, no solo en el ámbito legal, sino inclusive de nuestra vida diaria.

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El test de subsidariedad del Indecopi [segunda parte]

Por: Óscar Súmar, Profesor de la Facultad de Derecho de la UP

En mi artículo anterior dije que uno de los principales problemas de la resolución del Indecopi en la que establece un test de subsidariedad para medir la validez de la actividad empresarial del Estado es no considerar que la “nacionalización” es solo una alternativa a la regulación. Mi intención era poner en evidencia que, como tal, la actividad estatal no solo compite con la actividad privada, sino con otros métodos de regulación menos gravosos. Sin embargo, algunos comentarios de amigos me han hecho notar que la idea no fue planteada de manera clara. Intentaré entonces plantearla de mejor manera:

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El test de subsidiariedad del INDECOPI [comentario al precedente de observancia obligatoria]

Por: Oscar Súmar, Profesor de Economía y Derecho, Universidad del Pacífico

Hace unas semanas, la Sala de Defensa de la Competencia 1 del INDECOPI ha emitido un precedente de observancia obligatoria en el que señala unos pasos a considerar al declarar una actividad empresarial estatal como violatoria del deber de subsidiariedad o no. Para establecer esto, la Sala ha considerado tres requisitos [pasos]*.

Pese a que existen muchos aspectos que merecen ser comentados en esta Resolución [por ejemplo, el estándar de prueba exigido], solo enfocaremos nuestra atención en tres: i) el análisis de subsidiariedad del INDECOPI es muy estrecho, ya que no considera que la actividad empresarial del Estado es un método alternativo a la regulación económica clásica; ii) una actividad asistencial pero con tarifas diferenciadas para los que sí pueden pagar, debería seguir siendo considerada asistencial [este cuestionamiento proviene de un caso similar, anterior, que ha servido de fundamento para el precedente] y, iii) el análisis pierde de vista que existen circunstancias que van más allá de lo económico [eficiencia, redistribución o problemas relacionados a la oferta] que pueden justificar la intervención del Estado en la Economía.

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