Acto de Expropiación Indirecta

Por: Carlos Paitán Contreras, abogado por la PUCP, árbitro OSCE, CCL, PUCP. Especializado en arbitrajes de inversiones.

En derecho internacional existe la obligación de no expropiar inversiones protegidas del inversionista de la otra Parte Contratante en el territorio del Estado receptor, excepcionalmente, cuando concurran todos y cada uno de los supuestos habilitantes. De configurarse un supuesto de expropiación, ya sea una permitida o una ilegal, se impone una obligación de compensar.  Para determinar la existencia del acto expropiatorio en su modalidad de acto indirecto, debe presentarse una serie de elementos para estar frente a un acto expropiatorio y que éste sea sancionable [1].

En términos generales, el acto de expropiación indirecta es definido como un acto o una serie de actos gubernamentales irrazonables, cuyos efectos conllevan una privación sustancial en el disfrute de los derechos asociados a la inversión, una erosión de derechos [2] que afecta la propiedad o el disfrute de sus beneficios por un periodo de tiempo, sin necesidad que exista un acto formal de transferencia de propiedad hacia el Estado o hacia un tercero. La modalidad de creeping entendida como un menoscabo paulatino y sistemático en su valor, hasta alcanzar su destrucción total, con carácter irreversible. Para ello, la valoración de los hechos merecen ser evaluados por el Tribunal de manera orgánica y en todo su conjunto. Leer más de esta entrada

Arbitraje del Estado, Constitución, Comercio e Inversiones

Por: Franz Kundmüller, abogado, árbitro, consultor y profesor universitario; miembro de la revista Lima Arbitration

La Constitución Política Peruana de 1993, establece en el Artículo 63 que: el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley. Derogó el artículo 136 de la Constitución de 1979.

Se distancia de la Doctrina Calvo sin perjudicar la igualdad entre nacionales y extranjeros ante la ley.[1] Si bien no excluye la posibilidad del sometimiento a la jurisdicción estatal, hace posible el arbitraje para el estado, cumpliendo el principio de legalidad, incentivando el desarrollo de competencias arbitrales especializadas conforme normas sectoriales especializadas,[2] alineadas con la Ley de Arbitraje. Leer más de esta entrada