Pena de muerte, Constitución y Convención Americana de Derechos Humanos

Por: Roger Rodríguez Santander, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Pacífico

El numeral 3 del Eje 10 del Pilar 3 del Plan de Gobierno de Fuerza 2011, denominado “Leyes más Fuertes”, propone el “[a]umento de penas para delitos específicos como violación de menores”. ¿En qué podría consistir concretamente este “aumento de penas”? La respuesta a tal interrogante la dio en febrero de este año la candidata Keiko Fujimori en una entrevista concedida al programa “Cuarto Poder” (Cfr. http://elcomercio.pe/politica/720173/noticia-keiko-insiste-pena-muerte-pedido-toda-poblacion): “La gran mayoría del pueblo peruano está pidiendo la pena de muerte para la violación de menores de 7 años seguida de muerte”, afirmó.

El artículo 140º de la Constitución establece lo siguiente: “La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”. Es evidente, en consecuencia, que la candidata está proponiendo una reforma de la Constitución, a efectos de permitir la pena de muerte para los delitos de violación de menores de 7 años seguida de muerte. ¿Sería esa reforma jurídicamente viable? La interrogante resulta pertinente si se toma en cuenta lo previsto en el artículo 4.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH): “En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”. Leer más de esta entrada