Protección de datos personales. Una ley esperada.

Por: Samuel B. Abad Yupanqui, Constitucionalista, Profesor de Derecho Constitucional en la UP, Socio del Estudio Echecopar

Los notables avances de las tecnologías de la información plantean nuevos retos para la tutela de los derechos. Ellos pueden afectarse por el registro y uso indebido de “datos personales”, es decir, información que permite identificar a las personas, contenidos en bancos de datos públicos o privados. Así, un centro comercial puede diseñar el perfil de sus clientes a partir de información sobre sus compras, la que podría distribuir sin que se enteren. Una clínica o un hospital tienen información sobre la salud de las personas, cuya difusión debe evitarse. Y las entidades públicas no pueden recoger información sobre datos “sensibles”, por ejemplo, convicciones políticas de su personal.  Hoy la información se acumula y transmite con mucha facilidad: uno de los riesgos es pasar de una “Sociedad de la Información” a una “Sociedad de la Vigilancia” (Flaherthy). Leer más de esta entrada

Contratación temporal, estrategias empresariales e impacto en la producción

Por: Mauro Ugaz Olivares, Abogado por la PUCP, Asociado del Estudio Miranda &Amado Abogados, profesor de la Universidad Pacífico y de la PUCP.

Un escenario común en el ámbito empresarial peruano es tratar de ahorrar los costos ante una eventual salida del personal.  Precisamente, hace algunos años, la intención de las empresas era evitar el pago de la indemnización.  En la actualidad, el propósito es evitar que el trabajador se reincorpore al centro de trabajo cuando no existe una causa legal que habilite al empleador a la conclusión del vínculo laboral, de acuerdo a los parámetros previstos por el Tribunal Constitucional.

En tales circunstancias, ya sea con el fin de evitar el pago de una indemnización o para no afrontar la reposición de una persona al centro de trabajo, muchas de las entidades empresariales procuran contratar temporalmente a sus trabajadores pese a no encontrarse dentro de los supuestos que la norma prevé para tales casos. Leer más de esta entrada

Sobre héroes, bandidos y ejecutores coactivos

Por: Ronnie Farfán Sousa, Profesor de Derecho Administrativo dela Universidaddel Pacífico. Asociado del Estudio Echecopar.

La regulación de la ejecución coactiva en nuestro ordenamiento y su desarrollo, en la práctica, son objeto de distintos cuestionamientos frecuentemente. Para muestra, algunos botones: dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre demandas de inconstitucionalidad interpuestas por dos municipalidades contra la ley que regula el procedimiento de ejecución coactiva actualmente, avisos en los periódicos en los que entidades bancarias y otras empresas alegan una incorrecta actuación de los distintos agentes que intervienen en el marco de este tipo de procedimientos y una norma, la Ley No. 26979, suficientemente modificada como para darse cuenta de que muchas veces la realidad supera al legislador. Y es que, sin duda, se trata de un asunto delicado, del uso de una potestad intensa –intensísima, mejor- dela Administracióny que, de no ser ejercida correctamente, puede afectar directamente los derechos de los administrados. Leer más de esta entrada

¿A qué juega el Tribunal Constitucional respecto al arbitraje?: un nuevo fallo que atenta contra el arbitraje en el Perú

Por: Fernando Cantuarias S., Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Árbitro Internacional.

Cada vez que viajo a dictar alguna conferencia  en seminarios o congresos referidos al arbitraje comercial internacional, no dejo de escuchar que la Ley de Arbitraje peruana de 2008 es, probablemente, la mejor de América Latina. Sin embargo, seguidamente los mismos que opinan de esa manera, no dudan en afirmar que el Perú difícilmente es una sede idónea para la práctica del arbitraje comercial internacional. ¿Cómo así? ¿Acaso se trata de una contradicción? Pues no lo es, porque esta última afirmación tiene directa relación a los cuestionables fallos que últimamente está emitiendo nuestro Tribunal Constitucional (TC).

Para muestra un botón: La reciente sentencia del TC de 15 de marzo de 2011, en el Expediente de Amparo No. 02851-2010-PA/TC, iniciado por la empresa IVESUR S.A. contra los integrantes del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

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La sentencia del TC (sobre audios obtenidos ilícitamente): ¿una censura encubierta?

Por: Samuel Abad. Profesor de Derecho Constitucional. Socio del Estudio Echecopar.

¿Puede el Tribunal Constitucional (TC) prohibir a los periodistas divulgar informaciones contenidas en interceptaciones telefónicas sobre actos de corrupción que le han sido remitidas?

La respuesta es NO. El interés público y la lucha contra la corrupción así lo justifican. Sin embargo, una reciente sentencia del TC (Exp. N° 0655-2010-PHC/TC) parecía indicar lo contrario. Las reacciones no se hicieron esperar.

 

 

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