El empleo público y algunas tareas pendientes

Por: Ronnie Farfán Sousa – Profesor de Derecho Administrativo de la UP

En las primeras clases de Derecho Administrativo 1, cuando explico el concepto de interés público siempre hay algún alumno que pregunta “¿y quién se encarga de apreciar o definir qué es lo que sirve, satisface o protege un interés público?” o mejor aún “¿quién define si algo es o no de interés público?” Cuando respondo que la encargada de esta tarea es la propia Administración Pública y concretamente sus funcionarios públicos, se forma en quienes escuchan un gesto de preocupación. Y es que es evidente que hoy en día el empleo público se encuentra claramente desprestigiado debido a muchos desaciertos en su regulación y pese al reducido grupo de funcionarios públicos capaces que siempre habrá.

Reciprocidad que huele a revancha: matando el turismo con impuestos

Por: Gustavo M. Rodriguez García

El congresista Javier Diez Canseco ha propuesto la creación del denominado “Impuesto de Reciprocidad” (Proyecto de Ley No. 648). En los términos de la propuesta, se plantea gravar a los ciudadanos extranjeros que ingresan a nuestro país cuando tales personas provengan de países que cobran una tasa por solicitud o tramitación de una visa de turismo o residencia temporal a los ciudadanos peruanos para el ingreso a sus territorios. En otras palabras, si el país X le cobra al ciudadano peruano, entonces al ciudadano de X le cobramos por ingresar al Perú…. ojo por ojo, diente por diente.

Límite a la propiedad agraria: chiste repetido (y no fue gracioso la primera vez)

Por: Óscar Súmar A., profesor e investigador a tiempo completo en la UP

Nuevamente se ha puesto sobre el tapete el tema del límite a la propiedad agraria, gracias a propuestas de ley presentadas en el Congreso. Dichas propuestas tienen más o menos la misma estructura y el mismo sustento. La idea es que una sola persona o “grupo económico” solo pueda contar con 20 mil hectáreas aproximadamente, con variaciones dependiendo del proyecto que se mire. El tema tiene larga data, pero nos exoneraremos de un recuento, redirigiéndolos aquí.

La propuesta tiene dos justificaciones formales: lograr la “seguridad” alimentaria y redistribuir (ver explicación de uno de sus propulsores aquí y al mismo congresista en un interesante debate con Fernando Cilloniz aquí). Hasta aquí, cabe preguntarnos, ¿es posible lograr alguno de estos fines por medio de una norma con estas características?

Y un día se hizo la oscuridad…. Y encima querían que tomaramos #sopa

Por: Erick Iriarte, Jefe del Area de Derecho de Nuevas Tecnologias, Iriarte & Asociados. http://iriartelaw.com

El 18.01.12 fue convocada una protesta (un #blackout #apagon) en contra de la denominada ley #sopa (stop online piracy act) y su “prima” la ley #pipa (Protect IP Act). Ambas normas estan pensadas en una protección de la industria de contenidos offline producidos en USA.

Las normas buscan (dado que si bien su debate se va a prolongar, y la misma Casa Blanca se ha opuesto a ellas dado “que afectan la arquitectura básica de Internet”) restringir el acceso (cuando eliminar) a sitios que tengan contenidos que vulneren derechos de #copyright de contenidos protegidos producidos en USA, para ello actuaran sobre los medios de pago que pudieran utilizar estos sitios (ya ocurrio con Wikileaks), bloquearan los sitios directamente en los ISPs (por ejemplo rojadirecta.org), buscaran eliminar la publicidad de estos sitios, ordenaran dar de baja su acceso desde buscadores y finalmente buscaran bloquear sus DNS.

¿Existe la “buena” discriminación?: el caso de la chica con Síndrome de Down a la que le negaron la afiliación a un seguro

Por: Óscar Súmar, profesor (TC) de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico

Rimac, una empresa de seguros, negó cobertura a una  chica con Síndrome de Down (en adelante, SD). La aseguradora alegó que el SD no estaba cubierto por el seguro. En virtud a esto, el Indecopi ha sancionado a la empresa, fundamentando su decisión en que ésta habría violado tanto el Código de Protección y Defensa del Consumidor (negativa injustificada a la prestación de un servicio); como la Constitución (trato discriminatorio). Las sanciones a la empresa incluyen una multa y el ordenarle afiliar a la señorita. Desde nuestro punto de vista, esta decisión no tiene mayor sustento.

 ¿Discriminación o decisión de negocios?

Ante un temido pero necesario fortalecimiento de la SUNAT

Por: Karen Alegría San Miguel, Asociada Senior de KPMG Grellaud y Luque Abogados 

Con fecha 22 de diciembre de 2011, se publicó la esperada y comentada Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, la cual nace con el objetivo de fortalecer dicha institución en la lucha contra la evasión y la elusión tributaria.

De acuerdo a la información vertida tanto por el Ministro de Economía, Luis Castilla, como por la Jefa de la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), Tania Quispe, la norma ha sido adoptada a fin que el Perú salga del nivel “estancado” de la presión tributaria que actualmente fluctúa entre 14.5% y 15.5%. El objetivo es incrementar dicho porcentaje al 18% una vez concluido el presente periodo presidencial[1].

¿Quién desincentiva la legislación chatarra?: a propósito de la propuesta impositiva sobre comida chatarra

Gustavo M. Rodríguez García. Abogado PUCP y Magíster por la Universidad Austral de Argentina. Profesor universitario de Análisis Económico del Derecho y propiedad intelectual

Algunos medios de comunicación han difundido la propuesta que una organización ha hecho con el fin de disminuir el consumo de comida chatarra (por ejemplo, ver aquí). A decir de los promotores del desincentivo mediante el empleo de impuestos, de esta forma se pretendería restringir el acceso a alimentos potencialmente perjudiciales para la salud. Lo que podría ser una propuesta meramente anecdótica, genera cierto interés porque nuestro actual Ministro de Salud ha declarado estar a favor de esta medida (ver aquí).

A nuestro juicio, la propuesta únicamente revela, nuevamente, la sencillez con la que se cae en intervenciones directas sobre la base de fundamentos ambiguos. La alimentación es una necesidad humana esencial pero, además, es un derecho. Las personas elegimos qué comer en función a una diversidad de consideraciones entras las que podemos destacar el gusto y el precio de los alimentos.

El caso de la sanción a la Universidad de Lima: soluciones públicas para problemas privados

Por: Óscar Súmar A., profesor e investigador a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UP

El caso

El Indecopi ha resuelto un caso en el cual un alumno denuncia a la Universidad de Lima por lo que él considera un maltrato infligido por el profesor de un curso de Contabilidad, el cual “castigaba” a los alumnos que llegaban tarde a clases haciéndolos hacer cosas ridículas, como entrar al salón saltando en un pie o agarrados de las manos. Cabe destacar que el alumno estaba llevando el curso por tercera vez (con el mismo profesor) e hizo la denuncia luego de volver a jalarlo, alegando haber sufrido estrés que afectó su concentración, producto de los mencionados castigos.

¿Indecopi o TC? Importando la teoría de la eficacia horizontal

El derecho al buen vivir en Cajamarca (previendo un nuevo desastre político tras el caso Conga)

Por: Antonio Peña Jumpa, Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Master en Ciencias Sociales y Ph.D in Laws

El gobierno central ha cambiado de ministros  y previamente declaró el Estado de Emergencia en cuatro provincias de la región de Cajamarca, ante el fracaso del diálogo directo entre autoridades y dirigentes, y el temor por el acrecentamiento de las protestas contra el proyecto minero Conga. ¿Qué explica estas protestas y las dificultades del gobierno central de alcanzar una solución al conflicto? ¿Qué explica que se rechace un proyecto de inversión de miles de millones de dólares que generaría trabajo y grandes ingresos tributarios para la propia región? El Derecho al Buen Vivir es probablemente la principal razón para esta explicación.

Violencia con “G”

Por: Úrsula Indacochea Prevost. Abogada Senior del Estudio Echecopar Abogados. Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente cursa el segundo año en el Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid.

La violencia de género no solo afecta el derecho a la integridad, a la salud y a la vida. Además, es una de las formas más extremas y generalizadas de discriminación porque es un fenómeno social que impide y nulifica de forma severa el ejercicio de los derechos de la mujer. Cuando la violencia de género se ejerce al interior del núcleo familiar, estamos ante el fenómeno de la violencia doméstica.