Indigesta “informativa” y el apetito por la regulación

Por: Óscar Súmar. Profesor e investigador a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UP. Co-autor del libro “Paradojas de la regulación de la publicidad en el Perú” (Lima: Fondo Editorial de la UP. 2010)

Nuevamente la comida chatarra sobre el tapete (para anteriores versiones de la discusión, ver: aquí y aquí). Esta vez un artículo publicado en El Comercio (en la sección Tú Dinero, página B10, 17 de marzo de 2012) hace referencia a algunos datos sobre el gasto publicitario en comida chatarra, luego lo asocia a los supuestos males causados por la publicidad, para finalmente referirse a un proyecto de ley que intentaría limitar la cantidad de publicidad en este ámbito.

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Dios le da barba a quien no tiene quijada. Subsidios en el sector saneamiento

Por: Cecilia O´Neill de la Fuente. Jefa del Departamento Académico de Derecho de la UP

Soltero exitoso de San Isidro subsidiado por familia pobre de Carabayllo. El mundo al revés. Esto es lo que pasa cuando la regulación no mira la realidad. La estructura tarifaria de las empresas de saneamiento (EPS) tiene un esquema de precios escalonados por categorías de consumo. A mayor consumo, mayor es el precio por metro cúbico, o dicho en buen cristiano, paga más quien consume más.

Con ello se espera racionalizar el consumo de agua, y de otro lado, se espera que quienes consumen más subsidien a quienes consumen menos. Esto último supuestamente está alineado con uno de los principios de la regulación de tarifas: la equidad social. El error de este esquema es relacionar nivel de consumo con nivel de pobreza. Resultado: fatales errores de inclusión (filtración) y de exclusión (subcobertura), pues los no pobres terminan subsidiados por quienes sí lo son; o sea, Dios le da barba a quien no tiene quijada.

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Lo que va dejando el debate del fútbol. (Reestructuración para Dummies)

Por: Francisco Barrón. Director del Área de Competencia y Regulación del Estudio Grau Abogados y ha diseñado y ejecutado exitosos modelos de reestructuración desde la reforma del sistema concursal.

La publicación del decreto de urgencia 010-2012 (el DU) ha generado en estas dos semanas un debate, muy interesante por cierto, pero en el que a fuerza de repetirse, algunas afirmaciones pasan por ciertas.

 Pongo dos ejemplos:

1.  “Es un régimen discriminatorio. Ahora  todos los sectores pedirán un régimen especial”.

Es cierto que es un procedimiento distinto a los regulados en la Ley General del Sistema Concursal (LGSC). Sin embargo, ¿es más favorable este procedimiento para el deudor?

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La crisis del fútbol. Crónica de un mal gobierno corporativo

Por: Juan José Martínez Ortiz. Profesor del curso Economía y Derecho en la UP

Tal como vemos en el caso del fútbol peruano, el mal gobierno de las organizaciones (llamado también gobierno corporativo) puede llevar a una crisis y a la final desaparición de las propias organizaciones y de las actividades que realizan.

En toda organización se puede identificar internamente dos grupos o sectores: los titulares de la organización y los administradores. Los titulares son los dueños o beneficiarios de la organización. Son aquellos que la han constituido o los que formalmente tienen el máximo poder interno. Los administradores en cambio son aquellos que han recibido de los titulares facultades o autoridad para gestionar, manejar y tomar decisiones en la organización. Estas decisiones son vinculantes para toda organización.

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Norma y realidad en la minería informal

Por: Antonio Peña Jumpa. Profesor Principal en la Facultad de Derecho de la PUCP

El Gobierno central recientemente ha promulgado varios Decretos Legislativos (que tienen rango de ley) con el objeto de “ordenar y combatir la minería informal o ilegal”. Uno de estos Decretos Legislativos es el que corresponde al Nro. 1102 del 28 de Febrero del 2012, que tipifica, a través de diversas modalidades, el delito de “Minería Ilegal” con penas de cárcel de 4 a 12 años. ¿Qué tan beneficiosa es esta legislación para poner “orden” en provincias y regiones donde impera la minería informal?

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Por una buena conducción en tiempos de incertidumbre

Por: Juan José Martínez Ortiz, profesor del curso Economía y Derecho en la UP

A pesar que la encuesta de expectativas económicas del Banco Central de Reserva, para Enero de 2012 muestra una percepción bastante positiva, no hay que olvidar que estamos viviendo un tiempo de gran incertidumbre a nivel global; en donde las cosas podrían cambiar repentinamente. De hecho, un último reporte del Banco Mundial señala que la economía mundial ha ingresado a un período peligroso y que pareciera empezar a existir un efecto de contagio entre países. El Perú, siendo una economía abierta y conectada al mundo, no está blindado contra la crisis internacional. Al contrario, esta constituye una amenaza a nuestra economía.

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Retrasando la educación con normas

Por: Óscar Súmar, profesor e investigador a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UP

El Congresista Vicente Zeballos Salinas ha presentado un proyecto de ley para retrasar la autorización de entrada al mercado de nuevas universidades. Esta norma, según el congresista en mención, se justificaría porque ayudaría a “(…) mejorar la calidad de la oferta universitaria (…)”.

Sin embargo, como ya hemos repetido hasta el cansancio, regular tomando como base la calidad siempre es una mala idea. La calidad es subjetiva. Si uno dice “la calidad de A es baja” o “la calidad de B es alta” solo está diciendo su opinión, la misma que no es verificable bajo ningún criterio objetivo.

Lo que sí es objetivo y verificable es que a las personas con mayor acceso a la educación terciaria les va mejor que a los que no lo tienen. Estas personas, además, no solo ganan más dinero (recomendamos ver el estudio de Gustavo Yamada sobre retornos de la educación en el mercado peruano aquí), sino que tienen “ganancias” en otros aspectos de la vida, como mayor acceso a la cultura, a la actividad física o a las acciones filantrópicas. Y, aunque no es un punto zanjado en la literatura sobre el tema, tampoco es descabellado pensar que la educación es una causa del mayor crecimiento de algunos países (para una discusión sobre estos temas y literatura, recomendamos revisar: “The Rol of Higher Education in Economic Development”).

Esta norma es similar a otras como la moratoria de los transgénicos que -pretendiendo incrementar la calidad- no hacen más que volver más escasos recursos que -por sí mismos- ya son difíciles de conseguir en un país pobre, como son la comida y la educación.

Ahora, eso no quiere decir que la actitud frente a la educación deba de ser pasiva. Sin embargo, existen otros medios para alcanzar mejorar nuestros indicadores en puntos específicos, tales como la empleabilidad de los alumnos, el incremento de sueldos, el desarrollo de inventos patentables, empresas; e, investigaciones de primer nivel, que reciban financiamiento. Estos logros se podrían alcanzar -mas bien- con desregulación (que es otra manera de llamar a la competencia), la cual se vería reflejada -paradojicamente- en la creación de nuevas universidades y la mejoría de las ya existentes.

Incrementar el costo de abrir una universidad o mantener una ya existente, con este tipo de normas u otras como las acreditaciones obligatorias, no tiene -necesariamente- una conexión directa con la mejora de ningún indicador relevante. Prueba de esto es la actual propuesta de estándares de acreditación para las facultades de Derecho. La propuesta tiene a rededor de 100 indicadores, cuando las acreditadoras más prestigiosas del mundo tienen entre 0 a 20 indicadores.

Adivinanza para el lector. Acerca del intento para limitar la propiedad de la tierra

Por: Cecilia O´Neill de la Fuente. Jefa del Departamento Académico de Derecho de la UP

Propongo al lector que adivine quiénes aportaron los siguientes argumentos a favor de la propiedad: ayuda a asegurar que haya justicia; es útil para preservar la paz entre los hombres; y los bienes de propiedad privada son más fructíferos porque los hombres cuidan mejor lo que les pertenece que lo que no tiene dueño.

Podría apostar a que usted atribuye tales argumentos a liberales contemporáneos. Si esa fue su respuesta, se equivocó, pues fueron sostenidos por los “Escolásticos Tardíos”, en la época medieval.

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Entrevista a Oscar Montezuma: propiedad intelectual en la era tecnológica

Entrevista a Oscar Montezuma, experto en propiedad intelectual. Maestría en la George Washington University. Ex miembro de la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi. La entrevista fue realizada por Guillermo Jara, alumno de la Facultad de Derecho de la UP

¿Deben percibir utilidades los trabajadores de las empresas contratistas? Algunos comentarios respecto de la propuesta recogida por la Ley General de Trabajo

Por: Percy Alache Serrano, Abogado asociado del área laboral de Hernández & Cía Abogados. Profesor del Postítulo de Derecho del Trabajo de la PUCP

Desde hace algún tiempo se viene discutiendo esta situación, pero al parecer tendría un horizonte definido con ocasión del proyecto de Ley General de Trabajo (LGT). Al respecto, la Comisión de Expertos encargada de la revisión y actualización de la LGT[1], ha señalado que: Con el objeto de resolver una situación estimada injusta por muchos sectores, se reconoce el derecho de los trabajadores de las empresas contratistas a participar de las utilidades que genere la empresa principal para la cual estos prestan servicios. Para tal efecto, se establece un procedimiento que al mismo tiempo que garantiza este derecho persigue evitar diferencias notorias de ingresos entre los trabajadores de la empresa de servicios” [2].

Bajo este contexto, el problema central consiste en determinar si deben repartirse las utilidades únicamente entre los trabajadores de la empresa principal, tal como viene siendo actualmente, o es posible ampliar el universo de beneficiados incluyendo a todos los que intervienen en el ciclo productivo de una determinada actividad económica, como son los trabajadores de las empresas contratistas.

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