Por: Óscar Súmar, profesor e investigador a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UP
El Congresista Vicente Zeballos Salinas ha presentado un proyecto de ley para retrasar la autorización de entrada al mercado de nuevas universidades. Esta norma, según el congresista en mención, se justificaría porque ayudaría a «(…) mejorar la calidad de la oferta universitaria (…)».
Sin embargo, como ya hemos repetido hasta el cansancio, regular tomando como base la calidad siempre es una mala idea. La calidad es subjetiva. Si uno dice «la calidad de A es baja» o «la calidad de B es alta» solo está diciendo su opinión, la misma que no es verificable bajo ningún criterio objetivo.
Lo que sí es objetivo y verificable es que a las personas con mayor acceso a la educación terciaria les va mejor que a los que no lo tienen. Estas personas, además, no solo ganan más dinero (recomendamos ver el estudio de Gustavo Yamada sobre retornos de la educación en el mercado peruano aquí), sino que tienen «ganancias» en otros aspectos de la vida, como mayor acceso a la cultura, a la actividad física o a las acciones filantrópicas. Y, aunque no es un punto zanjado en la literatura sobre el tema, tampoco es descabellado pensar que la educación es una causa del mayor crecimiento de algunos países (para una discusión sobre estos temas y literatura, recomendamos revisar: «The Rol of Higher Education in Economic Development»).
Esta norma es similar a otras como la moratoria de los transgénicos que -pretendiendo incrementar la calidad- no hacen más que volver más escasos recursos que -por sí mismos- ya son difíciles de conseguir en un país pobre, como son la comida y la educación.
Ahora, eso no quiere decir que la actitud frente a la educación deba de ser pasiva. Sin embargo, existen otros medios para alcanzar mejorar nuestros indicadores en puntos específicos, tales como la empleabilidad de los alumnos, el incremento de sueldos, el desarrollo de inventos patentables, empresas; e, investigaciones de primer nivel, que reciban financiamiento. Estos logros se podrían alcanzar -mas bien- con desregulación (que es otra manera de llamar a la competencia), la cual se vería reflejada -paradojicamente- en la creación de nuevas universidades y la mejoría de las ya existentes.
Incrementar el costo de abrir una universidad o mantener una ya existente, con este tipo de normas u otras como las acreditaciones obligatorias, no tiene -necesariamente- una conexión directa con la mejora de ningún indicador relevante. Prueba de esto es la actual propuesta de estándares de acreditación para las facultades de Derecho. La propuesta tiene a rededor de 100 indicadores, cuando las acreditadoras más prestigiosas del mundo tienen entre 0 a 20 indicadores.
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