Retrasando la educación con normas
marzo 6, 2012 6 comentarios
Por: Óscar Súmar, profesor e investigador a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UP
El Congresista Vicente Zeballos Salinas ha presentado un proyecto de ley para retrasar la autorización de entrada al mercado de nuevas universidades. Esta norma, según el congresista en mención, se justificaría porque ayudaría a «(…) mejorar la calidad de la oferta universitaria (…)».
Sin embargo, como ya hemos repetido hasta el cansancio, regular tomando como base la calidad siempre es una mala idea. La calidad es subjetiva. Si uno dice «la calidad de A es baja» o «la calidad de B es alta» solo está diciendo su opinión, la misma que no es verificable bajo ningún criterio objetivo.
Lo que sí es objetivo y verificable es que a las personas con mayor acceso a la educación terciaria les va mejor que a los que no lo tienen. Estas personas, además, no solo ganan más dinero (recomendamos ver el estudio de Gustavo Yamada sobre retornos de la educación en el mercado peruano aquí), sino que tienen «ganancias» en otros aspectos de la vida, como mayor acceso a la cultura, a la actividad física o a las acciones filantrópicas. Y, aunque no es un punto zanjado en la literatura sobre el tema, tampoco es descabellado pensar que la educación es una causa del mayor crecimiento de algunos países (para una discusión sobre estos temas y literatura, recomendamos revisar: «The Rol of Higher Education in Economic Development»).
Esta norma es similar a otras como la moratoria de los transgénicos que -pretendiendo incrementar la calidad- no hacen más que volver más escasos recursos que -por sí mismos- ya son difíciles de conseguir en un país pobre, como son la comida y la educación.
Ahora, eso no quiere decir que la actitud frente a la educación deba de ser pasiva. Sin embargo, existen otros medios para alcanzar mejorar nuestros indicadores en puntos específicos, tales como la empleabilidad de los alumnos, el incremento de sueldos, el desarrollo de inventos patentables, empresas; e, investigaciones de primer nivel, que reciban financiamiento. Estos logros se podrían alcanzar -mas bien- con desregulación (que es otra manera de llamar a la competencia), la cual se vería reflejada -paradojicamente- en la creación de nuevas universidades y la mejoría de las ya existentes.
Incrementar el costo de abrir una universidad o mantener una ya existente, con este tipo de normas u otras como las acreditaciones obligatorias, no tiene -necesariamente- una conexión directa con la mejora de ningún indicador relevante. Prueba de esto es la actual propuesta de estándares de acreditación para las facultades de Derecho. La propuesta tiene a rededor de 100 indicadores, cuando las acreditadoras más prestigiosas del mundo tienen entre 0 a 20 indicadores.
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Considero que la solución no está en la suspensión de licencias para abrir universidades. Si así fuera, y hubieran aprobado la ley hace un año, no hubiera nacido a UTEC y en los últimos veinte años, no hubieran iniciado sus actividades una que otra universidad prestigiosa.
La verdadera solución está en ser muy objetivos con los propósitos que persigue cada universidad y el verdadero cumplimiento de su oferta frente a sus clientes (alumnos).
Es una pena que hayan universidades privadas que se jactan de estar muy bien respaldadas y con una decena de convenios internacionales e institucionales -a las que conozco muy de cerca- en las que el 90% de los egresados de la facultad de derecho se dediquen a actividades totalmente ajenas a su carrera por falta de preparación, formados por bachilleres recién egresados de las aulas sin conocimiento alguno de una práctica real de la carrera. Si esto pasa en universidades que se venden como prestigiosas y sólidas, ¿qué estará pasando con otras que funcionan en la azotea de una panadería o en edificios no autorizados por defensa civil?
Gracias por su comentario.
Muy buen artículol Oscar, al igual que los previos sobre el tema. Yo pienso, como sabes, que si se puede llegar a regular la calidad de la educación superior a través de los sistemas de acreditación, hay muchas opiniones (aunque es cierto, pocos estudios empíricos) que muestran cómo la acreditación ayuda a mejorar la calidad e incluso a reducir el costo de la oferta educativa. En carreras con externalidades negativas, como podría ser derecho (ya que estamos en un contexto de defensa cautiva). Me inclino, sin embargo y acercándome algo a tu opinión, a pensar que los estándares debe ser enfocados en ciertos resultados minímos (podría haber una facultad de derecho que simplemente no aborde la responsabilidad profesional?) y, bajo ningún punto de vista, limitar el mercado como lo hace la norma que criticas sólidamente.
Concuerdo contigo en el comentario a la norma. La verdad es que no entiendo la razón técnica para prohibir/demorar la apertura de nuevas universidades. No tiene sentido. Menos aun si vemos que el sistema de acreditación peruano ni siquiera funciona. Me parece (y acá especulo) que quien propone esto o tiene intereses en cerrar el mercado o no sabe nada de nada.
Felicitaciones nuevamente por abordar este tema técnicamente, hace falta en un país donde la política y los medios son los únicos que influyen en las normas.
Gracias por el comentario, Fernando, sobretodo viniendo de alguien que ha estudiado el tema como tú. Coincido contigo en la suspicacia acerca de la real motivación detrás de esta norma.
Es curioso que hayan propuestas como estas, aparentemente salidas de la nada. Me pregunto si son producto de la presión de algunas universidades por cerrar el mercado o si es solamente la idiotez e ignorancia del congresista que las propone. La calidad de la educación es algo que se ajusta al mercado. No es raro que un trabajador pueda encontrarse sobrecalificado para un puesto si el lugar en el que trabaja las actividades predominantes son extractivas.
Gracias por tu comentario Yamil! De acuerdo con lo que dices.